RÍO GALLEGOS.- Por falta de pruebas, el Juez de Faltas del municipio sobreseyó a jubilados y docentes denunciados por el Fiscal, Pablo Tanarro, por haber participado de una protesta con quema de cubiertas en reclamo del pago de sus haberes. La palabra del abogado del gremio.
El Juez de Faltas municipal, Noberto Fernández, sobreseyó a jubilados y docentes que habían sido denunciados por el Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, por una supuesta contravención al Código Municipal, a raíz de una quema de cubiertas durante las protestas callejeras de jubilados y docentes que en junio de 2017 reclamaban por el pago de haberes.
Tanarro denunció que "un grupo aproximado de 15 manifestantes", miembros de la agrupación Jubilados Unidos, y del gremio ADOSAC, se hallaban quemando neumáticos "en inmediaciones del jardín de la Casa de Gobierno", detalló en su presentación.
Agregó que "el humo tóxico" traía aparejado inconvenientes a los empleados que cumplen funciones en Casa de Gobierno, a los transeúntes, y "a los chicos de la Escuela María Auxiliadora", que asisten al establecimiento sito en calle Piedrabuena.
Según el fiscal de Estado, la conducta de los autores de la protesta "constituye contravenciones que pena la ley 3125 Código de Faltas, y su modificatoria Ley 3316".
Luego de dos años y medio de radicada la denuncia de Tanarro, el Juez de Faltas municipal, Noberto Fernández, sobreseyó a jubilados y docentes dada la falta de pruebas que acrediten la comisión de la contravención denunciada.
Al respecto el abogado asesor del gremio docente, Enrique Papa, manifestó que desde la entidad "no propiciamos la quema de cubiertas", y que "Lo mas importante es que con este sobreseimiento se demostró la falsedad en las denuncias,era un intento de judicializar la protesta social", indicó a Winfo el letrado.
En la denuncia, Tanarro y el abogado de la fiscalía, dr Emilio Monzón, apuntaron contra, Cristina Coronel, Enrique Bavera y María Virginia Peña, entre otros, quienes para el juez de Faltas Municipal, no cometieron contravención durante las protestas de junio de 2017.
La Resolución del Juez de Faltas Municipal, no es vinculante con las causas judiciales que de la misma índole inició el gobierno de Alicia Kirchner contra los estatales que desde mediados de 2016 protestaron por la falta de pago de haberes.
Sin embargo hay una similitud en los hechos denunciados por el fiscal de Estado, Pablo Tanarro, contra jubilados provinciales a quienes denunció penalmente por supuesta agresión y daños al edificio de la Caja de Previsión Social.
Causa que aún se halla en trámite y por la cual el gobierno pretende cobrarles a los jubilados, una suma de 300 mil pesos por los daños al edificio de la CPS.
