SANTA CRUZ.- Tras la renuncia del interventor de la Caja de Servicios Sociales, Federico Esteso, la gobernadora Alicia Kirchner designó en su reemplazo a Favio Vázquez, quien ya ocupó el cargo en 2010. El flamante funcionario estuvo involucrado en una denuncia por malversación que luego el Tribunal Superior desestimó.
Favio Ariel Vázquez es el nuevo interventor de la Caja de Servicios Sociales, cargo que ocupó entre 2010 y 2011, cuando se vio involucrado en una denuncia por malversación de fondos que luego el Tribunal Superior desestimó por entender que los denunciantes no podían se querellantes por su carácter de afiliados a la obra social.
El viernes se conoció extraoficialmente la renuncia al cargo del interventor de la obra social provincial, de Federico Esteso Noguera quien había sido designado en 2019. Se desconocen los motivos del alejamiento del funcionario.
Hoy se conocieron los decretos 0537 de aceptación de la dimisión de Esteso, y el 0538 por el cual la gobernadora nombró en su reemplazo a Favio Adrián Vázquez, quien ya se desempeñara al frente de la intervención hace una década.
Vázquez estuvo involucrado en una denuncia por malversación de fondos de la obra social, que en 2012 radicara el gremio de trabajadores judiciales. La investigación a cargo de la jueza Marcela Quintana, tuvo un tránsito judicial lento.
En una primera instancia la denuncia involucró a Luis Muñoz , y a Favio Vázquez, sin embargo otro de los funcionarios involucrados, Diego Robles, no fue alcanzado por la denuncia.
«El compromiso de prueba que tenemos y que hemos presentado es muy grande, esta Dra. no sé que espera que le demos la foto de Robles metiéndose la plata en el bolsillo, no tenemos esa foto», ironizaba Juan José Ortega, miembro de la Comisión Directiva del gremio.
En agosto de 2016 el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, emitió una resolución en las que confirmó que había pruebas suficientes que configuran el delito de «administración fraudulenta» que implicaba una suma de 400 millones de pesos.
Los hechos denunciados
Luego la diputada provincial de la UCR Stela Maris Bubola, amplió la denuncia ante el Juzgado Nº 2 de Río Gallegos, contra los administradores de la obra social de los estatales, por violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real. Lo hizo a partir del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que demuestra la comisión de varios delitos en el manejo de la Caja de Servicios Sociales.
Según esta denuncia, la CSS adeudaba a proveedores y prestadores al 09 de Abril de 2012 cerca de 200 millones de pesos, mientras que la deuda de los Municipios con la Obra Social por aportes personales y patronales, Coseguros y Voluntarios, al 10 de Diciembre de 2011 asciendía a la suma de $336 millones de pesos, y la deuda acumulada desde julio a noviembre de 2011, de los Organismos de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Sociedades del Estado, alcanzaba los $416 millones de pesos.
Bubola denunció pagos para realización de Videos Institucionales, y cartelería, sin que nunca se constatara la existencia de los mismos: “Lo llamativo es que en muchos casos los concursos de precios fueron realizados el mismo día que se hizo la adjudicación y el pago de los contratos respectivos, violando todas las normas. Hay muchos “tramites express” que nadie puede explicar”, manifestó la legisladora.
Pagos directos de publicidad en un solo més por un total de 299 mil pesos, sin que se haya podido conectar estos gastos con la necesidad de publicidad o propaganda del organismo.
El Tribunal Superior desestimó la entidad de los denunciates.
En octubre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia rechazó que afiliados de la Caja de Servicios Sociales sean querellantes en la causa donde se investiga malversación de fondos.
Para los jueces supremos, Daniel Mariani, Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ludueña, -quienes también son afiliados a la obra social provincial-
"quienes quieren ser querellantes no pueden acreditar un perjuicio directo, pese a ser quienes son víctimas del deterioro en el servicio de salud", escribieron en el fallo.
