SANTA CRUZ.- La designación de Cecilia Velázquez al frente del Consejo de Educación debe ser ratificada por la legislatura provincial. Si bien se descarta que contará con la aprobación legislativa a expensas de la mayoría con que cuenta el oficialismo, el caso adquiere lugar en la agenda pública a raíz de los cuestionamientos de sectores políticos y gremiales a raíz de una causa judicial en la que Velázquez se encuentra procesada. No es el único caso.

Al menos tres funcionarios provinciales con causas judiciales abiertas fueron designados por el gobierno. El exvicegobernador Carlos Sancho, designado en el Tribunal de Disciplina, el diputado con uso de licencia, Nicolás Michudis, designado al frente de Servicios Públicos, y la presidenta del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez.

Tanto Carlos Sancho, como Cecilia Velázquez, si bien ya están ejerciendo funciones, sus designaciones deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados.

Este trámite abrió el debate sobre la designación de funcionarios que arrastran causas judiciales y como en los tres casos citados, se hallan procesados.

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Más en el caso de Carlos Sancho, quien tendrá entre sus funciones como miembro del Tribunal de Disciplina, juzgar el comportamiento de los empleados estatales y eventualmente tramitar sumarios y hasta sanciones por mal desempeño.

“Carlos Sancho tiene causas abiertas, procesamientos y embargos que le aplicaron por al articular cuentas bancarias e idear una ingeniería financiera paralela, con el objetivo de cobrar alquileres y eludir el embargo de los fondos dictados por la justicia sobre sociedades y bienes particulares” indicó el Diputado radical, Daniel Roquel.

En septiembre de 2017 el juez Claudio Bonadio procesó hoy al ex vicegobernador de Santa Cruz Carlos Alberto Sancho como supuesto miembro de una asociación ilícita que habría encabezado la ex presidenta Cristina Fernández para lavado de activos en la causa «Los Sauces».

Bonadio dispuso embargarlo por 10 millones pesos pero no dictó la prisión preventiva por considerar que hasta el momento Sancho no dificultó la investigación en curso, aunque sí le aplicaron la prohibición de salir del país.

«El aporte de Sancho en estos hechos es el haber creado empresas a fin de canalizar los alquileres espurios hacia Los Sauces S.A. y gerenciar con una de sus empresas, y de la que luego formó parte como empleado, un hotel perteneciente a la sociedad de la familia Kirchner», sostuvo el juez en el fallo al que accedió Winfo Santa Cruz.

https://winfo.com.ar/2017/08/procesan-a-carlos-sancho-por-integrar-una-asociacion-ilicita-con-los-kirchner-y-lo-embargan-por-10-millones/

La actual presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, María Cecilia Velázquez fue procesada en julio de 2017 por administración fraudulenta y embargada por $2 millones de pesos por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Fue por su desempeño como  jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alicia Kirchner entre 2007 y 2015.

https://winfo.com.ar/2017/07/procesaron-a-cecilia-velazquez-por-facturas-truchas-y-la-embargaron-por-2-millones/

La hoy cuestionada ministra de Educación de Santa Cruz , según la causa que terminó con su procesamiento, firmó facturas truchas de al menos tres proveedores por 3.227.740 pesos, entre julio y diciembre de 2015. Hasta el momento incluso sólo se verificó un 41,23 por ciento del muestreo del Fondo Rotatorio, área ante la cual se rindieron gastos por eventos deportivos con fines sociales.

Desde la banca de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart ya adelantó su voto negativo tanto a la designación de Sancho como al nombramiento de Velázquez. “Aunque para la mayoría oficialista sea ‘un trámite’, en la próxima sesión de la Legislatura no vamos a prestar acuerdo a la designación de funcionarios procesados», adelantó.

En el caso de Velázquez, el legislador cuestionó además del carácter de procesada de la funcionaria, aspectos de su gestión que según Pérez Gallart la inhiben para ejercer el cargo de máxima responsable de la Educación en Santa Cruz.

Sostiene que Velázquez «ha distorsionado el funcionamiento del CPE como órgano colegiado, mediante el incumplimiento sistemático de convocatoria a sesiones. Prueba de ello es que en el año 2019 el Consejo sesionó en 3 oportunidades siendo que la frecuencia que establece la reglamentación vigente es quincenal», explica el diputado. «Gobierna la educación provincial por Resoluciones que son equivalentes a los D.N.U del Poder Ejecutivo», agregó.

La acusa de hacer «uso indiscriminado y desmedido de las instrucciones sumariales y los sumarios administrativos prueban que la persecución y la política de disciplinamiento hacia el colectivo docente se ha instituido como herramienta de gestión».

Michudis presidente de Servicios Públicos

El sanjulianense fue electo diputado en octubre de 2019 y ocupó su banca solo unos meses, ya que en marzo solicitó licencia para asumir al frente de Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Durante el gobierno de CFK se desempeñó como Director de
presupuesto de coordinación técnica en el Ministerio de Planificación
Federal que conducía Julio De Vido.

Michudis fue procesado y embargado por el Juez, Sebastián Casanello, junto a Roberto Baratta y otros funcionarios.

El magistrado consideró que «Realizaron actos con el fin de generar un lucro indebido para sí y/o para terceros, en la realización de las erogaciones
con capital procedentes de los “fondos rotatorios” y/o de la “caja chica”
pertenecientes a la citada cartera ministerial, y en el proceso previo que
diera lugar a aquellas, durante el segundo semestre del año 2015, en
torno a diversas operaciones de contrataciones de servicios y/o compra
de bienes».

Entre los hechos comprobados en la causa, «Se detectó la existencia de presupuestos apócrifos, sobreprecios, irregularidades en cuanto a la cronología de lo actuado, falta de rendición de viáticos y gastos eventuales, gastos sin la justificación pertinente, violando los deberes a su cargo y perjudicando de este modo el erario público; todo ello de acuerdo a lo detectado por la Oficina Anticorrupción», citó Casanello en su fallo .