SANTA CRUZ.- La Vocal del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, denunció en la justicia penal, la compra con sobreprecios de alimentos y productos de limpieza destinados a la población vulnerable, para paliar los efectos del COVID 19. El estado provincial llegó a pagar $128,65 por litro de lavandina. Además la empresa adjudicada en forma directa fue creada en marzo, el mismo mes de inicio de la pandemia. Los vocales del oficialismo no acompañaron la denuncia penal. La dra Yanina Gribaudo, vocal en el Tribunal de Cuentas, radicó una denuncia en el Juzgado Penal N° 2 de Río Gallegos,  por las compras directas con sobreprecios que realizó el gobierno provincial en el contexto del COVID 19. Según Gruibaudo se realizaron  «pagos de importantes sumas de dinero de modo irregular, que la contratación del proveedor se realizó en forma discrecional, y que en el trámite faltan información y datos claves, «como ser las marcas y la calidad de los productos a adquirir, que llevan a la imposibilidad de una comparación razonable de precio – calidad, para una fundada selección». La compra denunciada es por 5,9 millones de pesos en alimentos entregados a familias de escasos recursos. La vocal Gribaudo detectó serias irregularidades las cuales fueron planteadas en el seno del Tribunal de Cuentas. Entre otros puntos, la denuncia detalla que «del Expediente 201.656-M.D.S-2020 «se desprende la contratación directa (bajo el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y el Decreto provincial nº 273/2020) con las firmas comerciales “Rodriguez Zahn Gustavo por la suma de $2.001.280, y y de Gualdesi Hermanos SRL, por $3.952.398,40». Según surge del expediente por el que se tramitó la compra, «no es posible asegurar, que se haya contratado al menor precio y según stock disponible, atento a la falta de documentación que acredite sobre el fundamento citado en la Resolución N° 221-MDS-20. Asimismo, no se acreditan en las órdenes de compras y facturas insertas en el mencionado expediente, las marcas de los productos abonados ni entregados», consta en la denuncia presentada hoy. La denunciante afirmó que «si bien hubo consenso sobre los hechos, y que los mismos constituían serias irregularidades, los vocales Carlos Javier Ramos, Romina Fernanda Gaitán y María Matilde Morales,  manifestaron su opinión y voto contrario a la apertura del Juicio Administrativo de Responsabilidad Patrimonial y a la realización de denuncia penal». En la presentación la Vocal, pide «Se disponga la apertura de un Juicio Administrativo de Responsabilidad patrimonial, a fin de establecer los hechos, la existencia de perjuicio fiscal, la determinación de los responsables si los hubiere, con el debido respeto al derecho de defensa, según los establecido por la Ley 500 en su artículo 55 y siguientes». Gribaudio, ya había denunciado públicamente en mayo que en una compra de alimentos también para atender la situación de pandemia, el gobierno había pagado precios hasta un 50 por ciento superior a los del mercado, e incluso a los que sugiere el propio gobierno nacional. A finales del mismo mes, sacó a la luz que el Gobierno pagó más del doble en las compras que hizo de Lavandina durante la pandemia. Según la vocal, «el litro de lavandina se pagó a 128,65 pesos, mientras que en las góndolas podemos encontrar el litro de lavandina a $62», ejemplificó. Otro aspecto que para la denunciante, «resultó llamativo» es que la empresa proveedora de los productos, «resultó ser la firma Emprendimientos NCDV, una empresa constituida el 2 de marzo de este año» . “Es mi obligación como funcionaria pública poner en conocimiento de la Justicia las irregularidades detectadas que nos hacen notar que hubo pagos con sobreprecios en diversos productos adquiridos en una contratación directa. El Ministerio pagó montos que no se corresponden con los ofrecidos en cualquier comercio minorista o de venta al público en nuestra localidad”, sostuvo Gribaudo.