SANTA CRUZ.- Roxana Reyes rechazó el pedido de la defensa de la persona que en 2018 la amenazó de muerte a través de facebook, de suspender el juicio a cambio de una reparación económica de 12 mil pesos. El acusado negó ser el autor de las amenazas pero el juez consideró la existencia de pruebas y lo procesó sin prisión preventiva. Para el abogado de Reyes no se trata de buscar una composición económica sino de que la justicia emita un fallo ejemplar, para no naturalizar la violencia política.

La defensa del hombre procesado pidió suspender el juicio y ofreció una compensación de 12 mil pesos.

«De estimarse que amenazar la vida de un Diputado Nacional de Santa Cruz sólo posee el reducido costo de $ 12.000, sin otra condena y sanción penal, no se hace más que alentar la violencia como método de la política», respondió Roxana Reyes en su respuesta. Y añadió que las amenazas recibidas también «constituyen un caso de violencia de género, y que la situación debe ser analizada con perspectiva de género», precisó.

El hecho tuvo lugar en octubre de 2018 cuando en sendos posteos, una persona que luego se comprobó utilizaba un perfil con seudónimo con las iniciales C.Y. amenazó a la legisladora con una imagen que mostraba balas de armas de fuego y las leyenda “Todas son para ty”. En otro comentario mostró la foto de un auto vandalizado con la leyenda “sos la próxima”, y otro posteo con la imagen de un arma con el texto “Para tu amigo el dictador Mauricio Macri».

Con el mismo tenor, el hombre, cuyo nombre real se identifica con las iniciales J.C.L, amenazó también a la entonces titular del ANSES en Río Gallegos, la actual concejal, Daniela D´Amico.

El 15 de octubre Roxana Reyes con el patrocinio del dr Javier Stoessel radicó la denuncia ante el Juzgado Federal de Río Gallegos.

El acusado negó la autoría de los hechos.

En su declaración el acusado reconoció que en reiteradas ocasiones había «olvidado las claves de acceso a su usuario dentro de la red social y que por ello le ha pedido a distintos amigos –más entendidos en temas informáticos- que le crearan nuevos perfiles; teniendo 3 o 4 cuentas que le pertenecen».

Dijo que por ese motivo era probable que «alguno de ellos (sus amigos) haya utilizado su clave para acceder y así efectuar las amenazas, lo cierto es que desconoció por entero haber sido el autor de los mensajes intimidatorios; agregando que las denuncias tienen un cierto tinte político que le genera ciertas suspicacias», se lee en el expediente.

Luego de probar la verdadera identidad del acusado, y de analizar las pruebas presentadas por la querella, el juez Javier Leal De Ibarra procesó al imputado por considerarlo autor del delito de amenazas agravadas por su anonimato, reiteradas en dos hechos, y trabó un embargo sobre los bienes y/o dinero de J.C.L por la suma de $100.000.

Dos años después, el 19 de agosto de 2021, Roxana Reyes es notificada del pedido de
suspensión del juicio a prueba y del ofrecimiento económico de 12 mil pesos presentado por la defensora del imputado.

La legisladora se negó al pedido y requirió que «se deje sin efecto el traslado conferido y, manifestando en segundo término mi oposición a la concesión del beneficio solicitado».

Fundamentó su rechazo en dos puntos, que no se encontraba acreditado en autos el registro nacional de reincidencias, cumplimiento del requisito que surge del anteúltimo párrafo del artículo 76 ter del Código Penal, no pudiendo concederse el mismo; y que la reparación económica que propone, de $12.000,  resulta una suma irrisoria», dada la magnitud del hecho esto es proferir amenazas contra un legislador de la nación.

Añadió que «la alegación a su situación económica carece de toda seriedad, pues sus medios
de vida y salario, muestran que posee recursos para hacer frente de modo real a los daños que provocó con su actuar delictivo», manifestó la legisladora.

El hombre acusado presta servicios en una empresa petrolera y según consta también en sus perfiles de facebook, tiene vínculos con el sindicato de Petroleros Privados.

Efectivamente, el daño moral por la perturbación a la tranquilidad personal y seguridad de mi familia, por la amenaza sobre mi vida perpetrada, las medidas de seguridad que debieron adoptarse luego del evento para la suscripta y mi familia, tornan irrisorio el ofrecimiento de $ 12.000.

La legisladora consideró que la suma determinada como compensación es «agraviante, pues ello implicaría tanto como sostener que la tranquilidad personal y espiritual de la suscripta y mi familia, se compensa con tal suma». 

Asimismo evaluó que «el caso de marras reviste trascendencia pública, resultando necesario su
debate en juicio y ulterior sentencia», consideró.

También sopesó que «Existen en el caso razones de política criminal que deben ser asumidas tanto por el Ministerio Público y por el Poder Judicial, en tanto y en cuanto, la amenaza a la vida
efectuada en autos recae en un funcionario público nacional, elegido por el pueblo de la Provincia de Santa Cruz ante el Congreso de la Nación para su representación, debiéndose considerar en tal contexto la trascendencia del caso, pues de modo indirecto, con la amenaza a la vida -efectuada con claros tintes políticos- se pretende afectar el desempeño de la representación popular que ejercía y ejerzo», afirmó Reyes.

Según hizo conocer en la causa la legisladora, el autor de las amenazas continúa hostigándola a través de las redes sociales, y ostenta «una actitud desafiante» hacia el propio Poder Judicial.

«Adjunto como prueba tres intervenciones que efectuara el nombrado en redes sociales de la suscripta, donde menosprecia la actuación de la Justicia y la actuación de Gendarmería en función de los allanamientos ordenados en su domicilio consecuencia del delito que cometiera; en clara actitud desafiante para con la actuación del poder judicial», aportó al expediente.

El abogado Javier Stoessel, quien representa a la diputada Reyes, escribió hoy en su cuenta de facebook, un comentario sobre el pedido de la defensa del hombre que amenazó a la legisladora: «¿Qué tan barata es la violencia política en Santa Cruz?», se preguntó.

Añadió que a casi tres años de la denuncia de su patrocinada, «con el imputado procesado y pruebas incontrastables, desde la defensa se pidió la suspensión del juicio a prueba -que no se realice el juicio quedando sin condena ni sanción penal – ofreciendo a cambió como reparación $ 12.000, escribió Stoessel.

Señaló que ello «implicaría admitir y alentar la violencia como método de hacer política», y la naturalización de este tipo de acciones.