LA NACIÓN/Camilo Cartoy Díaz BUENOS AIRES.- La ley de glaciares generó controversias desde que fue sancionada por primera vez en 2008. Inicialmente vetada por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en su primer veto como presidenta, actualmente genera fracturas dentro del oficialismo. De un lado, el impacto que la minería tiene en las economías regionales y su uso, a través de numerosos insumos, en la vida cotidiana de la sociedad. Del otro, los daños ambientales que el desarrollo irresponsable que esta actividad puede traer. Se trata de una norma que dividió las aguas desde su gestación. Es importante repasar en profundidad los vaivenes de una ley que nunca se llegó a aplicar por completo. Desde que fue impulsada inicialmente por la exdiputada Marta Maffei, sucedieron muchas cosas. El exdiputado Miguel Bonasso se alejó del kirchnerismo después del veto de la expresidenta, luego llegó el recordado acuerdo con su par Daniel Filmus, y posteriormente la medida cautelar que impidió la implementación de la norma entre otros sucesos. LA NACION invita a revisar cronológicamente un caso que sigue en desarrollo. En noviembre del año pasado se conoció la intención de una parte del oficialismo de modificar la ley para favorecer la llegada de inversiones y promover la generación de empleo a través de la minería. Esta declaración de intereses provocó algunos problemas internos en Cambiemos, ya que una de las principales referentes de esa fuerza política, Elisa Carrió, se manifestó abiertamente en contra de la modificación. Es que el ARI, el partido que ella lidera, fue históricamente uno de los principales defensores de la norma. En los últimos días se terminó de realizar la confección del Inventario Nacional de Glaciares, tal como está previsto en el artículo Nº3 de la ley, se trata de un relevamiento clave y excluyente para la aplicación de la misma. Sin embargo, esto no fue celebrado por los grupos ambientalistas, que argumentan que esta confección no se hizo ni en tiempo ni en forma. No solo porque este inventario llega con años de demora (el plazo establecido en las zonas con explotaciones vigentes era de 180 días en septiembre de 2010), sino porque finalmente se avanzó en la decisión de excluir cuerpos de hielo menores a una hectárea. Toda la información sobre este relevamiento está disponible en: www.glaciaresargentinos.gob.ar. Asimismo, el juicio a cargo del Juez Sebastián Casanello marcó un punto de inflexión en la historia judicial de la Argentina, al citar a indagatoria y procesar a varios exfuncionarios por cuestiones ambientales, hecho inédito hasta el momento. Edición: Virginia Tournour Foto portada: Florian Von der Fecht