Cristian Fernández
Por Cristian Fernández

El viernes tuvo lugar la primera audiencia púbica virtual en la historia del Ente Regulador de la Electricidad, ENRE, en la que participaron más de 100 personas, entre expositores, expositoras y oyentes. En ese marco, las obras del tendido eléctrico y de las represas sobre el Río Santa Cruz fueron ampliamente criticadas por una ciudadanía activa.

Como suele suceder en estas instancias, los proponentes de la obra fueron los primeros en exponer: Marcelo Meritano, Ingeniero de la UTE Represas Patagonia explicó detalles técnicos de la construcción de la línea de alta tensión y Maricel Giaccardi de la consultora Terra Moena, a cargo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se refirió a ese documento como un análisis exhaustivo.

Sin embargo, a su turno, Kini Roesler, Director Científico de Aves Argentinas explicó que la metodología empleada por el Estudio de Impacto Ambiental, los muestreos y trabajos de campo para analizar los daños en aves migratorias como el Cauquén Colorado, el Macá Tobiano o la Gallineta Chica eran incompletos e insuficientes y que no habían sido desarrollados por especialistas calificados. Tampoco se analizaron las consecuencias de la iluminación en las migraciones nocturnas de aves.

A su vez, Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas, advirtió que el área de influencia directa de la línea de alta tensión se encuentra dentro del Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA) en la zona de la Confluencia, Desembocadura y Adyacencias de los ríos Chico y Santa Cruz.

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Esta audiencia en el ciberespacio en tiempos de pandemia representó una paradoja en el tiempo.

Tres años después de la audiencia pública en el Senado en la que se debatieron los impactos ambientales del proyecto “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz”, se convocó a la sociedad civil a expresarse sobre una parte de esa misma obra: el tendido que transportará la energía generada por las represas.

María Marta Di Paola, Directora de Investigaciones de FARN nos recuerda que la línea de alta tensión es una obra acumulativa y sinérgica de las represas como consecuencia de la renegociación del contrato con la República Popular de China. Estos impactos deberían haberse debatido de manera contemporánea con los de las hidroeléctricas. Ello habilitó a quienes participaron de esta audiencia virtual a reeditar su posicionamiento contra las represas y a sumar nuevas críticas poniendo de relieve omisiones, inconsistencias y déficit informativos.

Las autoridades de IEASA, Transener y del ENRE actuaron como si esos tres años nunca hubieran transcurrido. Nunca mencionaron los deslizamientos geológicos en Cóndor Cliff que obligaron al rediseño ingenieril de la obra proyectando trasladar la pared de hormigón de una margen a la otra del río luego de que su implantación resultara imposible por las características del terreno. No es casual este silencio sino que obedece a que el tendido eléctrico inicia justamente en ese punto: Cóndor Cliff. Una ubicación que se caracteriza por presentar capas de hielo que forman parte de una geoforma criológica y de una morrena. Da la sensación de que las autoridades energéticas tropiezan dos veces con la misma morrena.

Bajo el pretexto de un “escaso solapamiento” con la obra de represas, el Estudio de Impacto Ambiental de Terra Moena pretende relativizar los daños ecosistémicos del tendido indicando que los mismo son “bajos”. Sin embargo, al leer el capítulo de impactos acumulativos advertiremos que esa acumulación arroja como resultado impactos negativos y altos.

Se nos dice que uno de las consecuencias positivas que generan las represas son los nuevos humedales que generan pero aquí vemos que no se cuidan los humedales y mallines que ya existen. El Estudio de Impacto Ambiental minimiza que la línea de alta tensión afectará los humedales del valle Santa Cruz. En efecto, este estudio no tuvo en cuenta el inventario de mallines y de humedales, que aparece en el Plan de Gestión Ambiental de las represas. Consideramos pertinente destacar la existencia de un mallín de considerables dimensiones, localizado en un sector costero aguas abajo del puente que comunica la RN3 con Cmte Luis Piedra Buena.

A su vez, el Estudio de Impacto Ambiental omitió analizar una cuestión crucial en nuestros días: el cambio climático. No se han medido los gases de efecto invernadero que generarán estas líneas de transmisión de energía de alto voltaje cuando la mayoría de los circuitos, switchs y otras piezas del equipo usado en la transmisión y distribución de energía están aislados con hexaflururo de azufre. Se trata de un poderoso gas de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global.

Apagón

En el año 2019, el día del padre fue una jornada oscura en sentido literal. Ocurrió el apagón más grande de la historia en todo el país que también afectó a Uruguay, Brasil y Paraguay. Si bien las causas de ese masivo apagón no fueron del todo esclarecidas, se sabe que tuvo origen en Yaciretá-Salto Grande y en un cortocircuito en una línea de transmisión que después se trasladó al resto del sistema argentino de interconexión (SADI). ¿Puede producirse otro apagón de esta magnitud por las hidroeléctricas de Santa Cruz? Si leemos las notas de Transener, que será la encargada de operar el tendido, esta pregunta no parece descabellada.

Transener advierte que se requieren esquemas de Desconexión Automática de Generación (DAG) muy rápidos para garantizar la estabilidad entre fallas en línea del corredor Patagonia. ¿Pueden garantizar que esas fallas serán estabilizadas?

Las conexiones del tendido con corredores energéticos y proyectos eólicos nos habla de la necesidad de una Evaluación Ambiental Regional (EAR) que aquí brilla por su ausencia.

El Estudio de Impacto Ambiental se refiere al análisis de alternativas en las trazas del tendido. Darío Rodríguez, Coordinador de campañas de Banco de Bosques, explicó que se debería haber escogido la alternativa 1: no hacer la obra. Esta opción se justifica por el daño ambiental que ocasionará y por las alternativas energéticas que existen.

Lo que está sucediendo en Cóndor Cliff fue advertido por la sociedad civil en el año 2017 en la audiencia pública de represas celebrada en el Senado de la Nación. Esta paradoja en el tiempo de discutir los efectos acumulativos de un tendido tres años más tarde del debate sobre la obra principal, otorgan la ventaja de eludir los mismos errores del pasado. La ciudadanía que participó de la audiencia pública virtual dejó en claro que la crónica de una tragedia anunciada en Cóndor Cliff no admite una secuela con el tendido eléctrico.

Es ilegal e ilógico avanzar sin contar con información previa. La ausencia de información científica previa al inicio de las obras no puede ser solucionada en el Plan de Gestión Ambiental. Las medidas de mitigación y compensación ambiental devienen absurdas si el costo de una obra es la extinción de una especie.

Finalizada la audiencia pública, el siguiente paso es que el ENRE decida si otorga o no el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a la obra del tendido eléctrico. El hecho de que la obra de las represas haya sido aprobada hace tres años y comenzado los trabajos del desvío del río sumado a los acuerdos bilaterales con China sugiere que el ENRE otorgará el certificado a una línea de alta tensión que no es necesaria ni conveniente.

En este escenario, la audiencia pública se convertirá en un simulacro para legitimar decisiones verticales adoptadas con anterioridad y ese certificado probablemente será conocido en un futuro cercano como el que significó la extinción definitiva de aves migratorias como el Cauquén Colorado, el Macá Tobiano y la Gallineta Chica.

Pero las autoridades energéticas todavía tienen la oportunidad de hacer algo extraordinario en estos tiempos. Escuchar las voces del río expresadas en la audiencia, tener una mirada ecosistémica, dar marcha atrás con las represas y trazar un standard de conducta hacia el porvenir que enseñe que nadie tiene un derecho adquirido a extinguir una especie o destruir un ecosistema. Todo ello en armonía con el deber constitucional que tienen los funcionarios de proteger la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural.

Esta historia continuará…   

*El autor es abogado de Banco de Bosques