RÍO GALLEGOS.- La diputada Roxana Reyes reveló que los candidatos del FPV Pablo Grasso y Matías Mazú, «son candidatos para obtener fueros parlamentarios ante las reiteradas irregularidades en sus gestiones que le ocasionaron denuncias penales». En el mismo sentido apuntó contra la ministro de Salud, Rocío García. La diputada nacional Roxana Reyes señaló que La Cámpora y Alicia Kirchner «protegen» a los funcionarios de su gobierno denunciados por corrupción, «Buscan impunidad en la Legislatura Provincial y por eso Grasso, Mazú y García son candidatos a Legisladores Provinciales», remarcó. Según la legisladora, quien denunció al presidente del IDUV, Pablo Grasso, por la construcción del edificio nuevo del organismo que fue licitada por 23 millones de pesos y en una segunda licitación se triplicó su valor y aún no se termina de concluir la obra cuando aún no se concluye la obra,  «las listas (de candidatos del FPV) fueron armadas teniendo en cuenta el prontuario de cada uno, en vez de considerar los antecedentes políticos», arguementó. Recordó además las denuncias que pesan sobre Rocío García mientras fue funcionaria nacional por el Plan Argentina Sonríe, las denuncias a Mazú por los sobreprecios en YCRT por el cual tiene un pedido de detención que no se concretó porque el legislador se excusó en los fueros parlamentarios. Por la misma causa está detenido desde marzo del año pasado, el ex intendente Atanacio Pérez Osuna. Según Reyes, la candidatura de Grasso a primer diputado provincial surgió luego de la última denuncia penal contra el funcionario luego de que la legisladora pidiera a la justicia que se investiguen las irregularidades y las violaciones normativas de la obra pública que lleva adelante el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia. Grasso ya había lanzado su candidatura a la intendencia de Río Gallegos, pero sorpresivamente fu ungido candidato a diputado provincial para las elecciones del 11 de agosto. «Una vez más el Frente para la Victoria en un intento desesperado por salvar a sus funcionarios avanzó en las gestiones para llevar a Grasso, Mazú y García a la Legislatura y protegerlos de esta manera de las graves denuncias y pruebas irrefutables que los tienen entre la espada y la pared», explicó la legisladora. Grasso fue denunciado por los sobreprecios en la colocación del césped sintético de la cancha de fútbol, Nora Vera, en RÍo Gallegos y otras obras que no se hicieron, o se hicieron a medias en escuelas de la provincia. Además Grasso fue denunciado porque pagó 6 millones de pesos a une empresa para realizar una rotonda en el San Benito, que se destruyó a los pocos días y tuvo que volver a construirla Vialidad Provincial con maquinarias, personal y fondos del estado provincial.  También Fue denunciado por llamar a dos licitaciones para construir la misma obra, la sede del IDUV que debía costar 23 millones de pesos y ahora supera los 60 millones”, afirmó la Diputada.