judiciales.Por los pagos a Báez: Cristina y ex funcionarios provinciales citados a indagatoria con inhibición de bienes
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[caption id="attachment_13952" align="alignleft" width="288"] El mapa de la corrupción que figura en el expediente judicial[/caption]
En el marco de la causa que investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez, el juez Julián Ercolini dispuso la indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a otros 16 ex funcionarios, muchos de los cuales actuaron desde Santa Cruz, en el área de obra pública, y de Vialidad Provincial, y Nacional.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial provincial 9.
La obra de enripiado de la ruta 9 que une El Calafate con Comandante Luis Piedrabuena, fue adjudicada en 2007 a Báez por un monto de 238.248.064,42 pesos. A los 52 días de adjudicado, ya se habían anticipado 90,16 millones de pesos (37,85%), cuando según el plan de trabajo presentado por Austral Construcciones se debió haber pagado 3,24 millones de pesos (1,36%). El plazo era de 36 meses y la obra aún está sin terminar.
La lista de ex funcionarios que serán indagados entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre
Además de la ex presidenta Cristina Fernández de kirchner, Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y José López, ex Secretario de Obras Públicas, serán indagados por el juez Ercolini, Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Graciela Oporto, ex subsecretaria de Obras Públicas; Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Héctor René Jesús Garro, presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial de 2003 a 2006; Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la AGVP de Santa Cruz; José Raúl Santibáñez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz; Juan Carlos Villafañe, ex jefe del distrito 23 (Santa Cruz) y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP); Neslson Periotti, Ex presidente de Vialidad Provincial, y de Vialidad Nacional, Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del distrito 23 y jefe de la División Obras del distrito 23; Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del distrito 23 de la DNV, 22 de noviembre; Mauricio Collareda, ex jefe de la División Obras del distrito 23y ex jefe del distrito 23.
Las cuatro patas de la corrupción
En su resolución de este lunes, el juez Ercolini sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares:
1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.
2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el ex matrimonio presidencial, los fiscales "hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos" y, a modo de ejemplo, "destacaron que Cristina Fernández de Kirchner y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate".
El mapa de la corrupción que figura en el expediente judicial[/caption]
En el marco de la causa que investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez, el juez Julián Ercolini dispuso la indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a otros 16 ex funcionarios, muchos de los cuales actuaron desde Santa Cruz, en el área de obra pública, y de Vialidad Provincial, y Nacional.
El magistrado también decretó la inhibición general de bienes para todos los que serán indagados por lo que ninguno podrá vender o gravar (hipotecar) sus propiedades muebles e inmuebles registrables, aunque no se les impedirá administrarlas o disponer del dinero bancarizado.
"Mientras el empresario Lázaro Báez era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", habían afirmado los fiscales que entre otros ejemplos investigados consignaron el de la ruta nacional 3 y la provincial provincial 9.
La obra de enripiado de la ruta 9 que une El Calafate con Comandante Luis Piedrabuena, fue adjudicada en 2007 a Báez por un monto de 238.248.064,42 pesos. A los 52 días de adjudicado, ya se habían anticipado 90,16 millones de pesos (37,85%), cuando según el plan de trabajo presentado por Austral Construcciones se debió haber pagado 3,24 millones de pesos (1,36%). El plazo era de 36 meses y la obra aún está sin terminar.
La lista de ex funcionarios que serán indagados entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre
Además de la ex presidenta Cristina Fernández de kirchner, Julio De Vido, ex ministro de Planificación, y José López, ex Secretario de Obras Públicas, serán indagados por el juez Ercolini, Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de la Obra Pública, Graciela Oporto, ex subsecretaria de Obras Públicas; Raúl Víctor Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Hugo Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Obras Públicas; Héctor René Jesús Garro, presidente de la Agencia General de Vialidad Provincial de 2003 a 2006; Raúl Gilberto Pavesi, presidente de la AGVP de Santa Cruz; José Raúl Santibáñez, ex presidente de la AGVP de Santa Cruz; Juan Carlos Villafañe, ex jefe del distrito 23 (Santa Cruz) y ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP); Neslson Periotti, Ex presidente de Vialidad Provincial, y de Vialidad Nacional, Ernesto Eduardo Morilla, ex jefe del distrito 23 y jefe de la División Obras del distrito 23; Raúl Osvaldo Daruich, ex jefe del distrito 23 de la DNV, 22 de noviembre; Mauricio Collareda, ex jefe de la División Obras del distrito 23y ex jefe del distrito 23.
Las cuatro patas de la corrupción
En su resolución de este lunes, el juez Ercolini sostuvo que de acuerdo a la investigación elaborada por los fiscales, las maniobras se edificaban en cuatro pilares:
1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial.
2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional.
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz.
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del estado.
Además recordó que, sobre la relación personal que Báez tenía con el ex matrimonio presidencial, los fiscales "hicieron referencia a las conexiones comerciales existentes entre ellos" y, a modo de ejemplo, "destacaron que Cristina Fernández de Kirchner y la firma Austral Construcciones compartían un condominio desde agosto de 2008 en la ciudad de El Calafate".