[caption id="attachment_15478" align="alignleft" width="300"]Santibañez Raúl Santibañez presidió el organismo entre 2013 y 2015[/caption] Ayer continuó la ronda de testimonios en Tribunales por la causa que investiga corrupción en la obra pública durante las presidencias de los Kirchner, y fue el turno del ex presidente de Vialidad Provincial, Raúl Santibañez quien si bien no declaró, su abogado adelantó a la prensa que tanto las concesiones como los contratos de las obras, estaban a cargo de Vialidad Nacional, y los intendentes. En este sentido trascendió que la estrategia de Santibáñez, es deslindar su responsabilidad en el supuesto direccionamiento de la obra pública para favorecer a las empresas de Lázaro Báez, y apelar a que durante su gestión al frente del organismo vial, entre 2013 y 2015, existía una ruptura manifiesta entre el gobierno de Daniel Peralta, y las autoridades nacionales por lo cual las obras eran otorgadas y financiadas en forma directa desde Nación a los municipios.  De este modo el ex funcionario contraataca las acusaciones de los funcionarios nacionales quienes en sus indagatorias ante el juez Julián Ercolini, acusaron a los gobernadores e intendentes de ser los responsables de manejar las licitaciones y los fondos millonarios que enviaba Nación para construir obras. Así lo aseguraron ante el juez Ercolini, tanto la ex presidenta Cristina Fernández, como el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex Secretario de Obras Públicas, José López, y el ex presidente de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. También en el marco de esta causa, la semana pasada declaró Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, quien negó haber otorgado "permisos irregulares a favor" de las empresas de Lázaro Báez "ni de ninguna otra". Kirchner dijo ante el juez, que tanto a Julio De Vido  como a José López, solo los había visto en un par de oportunidades, y negó haber hablado alguna vez con Lázaro Báez. Según publicó hoy La Opinión Austral, el abogado de Santibáñez, Migue Arce Aggeo, descartó  que hubiera habido una “asociación ilícita” formada para beneficiar a Báez con la obra pública. Y señaló que el ex funcionario “cumplió con la normativa vigente y la propia del ejercicio de su función”. El miércoles continúan las indagatorias. El juez federal Julián Ercolini le tomará indagatoria mañana al ex director de Vialidad Provincial durante el último período de la gestión del gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, Raúl Santibañez; el miércoles, a su antecesor, Juan Carlos Villafañe; y el martes, al ex funcionario nacional de Vialidad Nacional Raúl Pavesi. Además de las tres declaraciones previstas para esta semana, se prevé que entre el 21 y el 23 de este mes presten declaración el ex titular del Distrito 23 de Vialidad Nacional en el sur Mauricio Calladera y los ex funcionarios de Vialidad Nacional Ernesto Morilla y Raúl Daruich. Esta rueda de indagatorias se cerrará el 28 de noviembre, cuando está citado a Tribunales Raúl Rodríguez, también ex funcionario nacional de esa cartera. [caption id="attachment_15480" align="alignleft" width="300"]Arce Aggeo durante el juicio oral a Varizat en 2008 Arce Aggeo durante el juicio oral a Varizat en 2008[/caption] Miguel Arce Aggeo, un abogado mediático y con mucho trabajo en Santa Cruz El abogado de Raúl Santibañez es un viejo conocido en Santa Cruz, desde que en diciembre de 2008 llevó adelante la defensa del ex funcionario Daniel Varizat en el juicio oral que se le sustanció por haber atropellado con su vehículo a una veintena de manifestantes. También en 2013 Arce Aggeo tuvo trabajo en Santa Cruz cuando el entonces gobernador Daniel Peralta lo contrató para que lo patrocinara en la causa que se le inició por no acatar una fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenaba restituir en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa. Pero Arce Aggeo ya era conocido antes de matricularse en Santa Cruz con la asistencia de Romina Mercado, y Paula Ludueña, por haber defendido en los noventa al dictador Emilio Massera, en una causa por apropiación de bebés.