CONICET-TSJ-Santa-Cruz-00RIO GALLEGOS.- Los diputados del frente Unión para Vivir Mejor hoy realizaron una nueva presentación ante el Tribunal Superior de Justicia en la causa por acceso a la información publica para que se resuelva de modo «urgente, claro y contundente» sobre un derecho esencial para las instituciones republicanas. El fallo sobre Acceso a la Información es una de las cinco causas trascendentes que el Tribunal demora en su respuesta. Se trata de la causa en la cual los legisladores de la oposición se presentaron ante la justicia para que el Ejecutivo informe sobre la totalidad de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cualquier otro producto bancario que utilice el Gobierno Provincial, ministerios, empresas del Estado, entes autárquicos y descentralizados, individualizando sus números de cuenta y/u operación desde el mes de septiembre de 2015 a la fecha, como así también se haga entrega del Ejecutado del Presupuesto 2015. En primera instancia el juez Francisco Marinkovic había condenado al poder ejecutivo a informar sobre las cuentas públicas provinciales. El Estado apeló ante la Cámara, está rechazó el recurso interpuesto por el Estado, con el voto favorable de los camaristas Enrique Arenillas y . Cecilia Cambón, y el voto disidente de  Reneé Fernandez. El estado apeló ante el TSJ que por ahora demora la respuesta. «No podemos seguir en Santa Cruz discutiendo cuestiones ya superadas en la Jurisprudencia Nacional e Internacional. La CSJN ya se ha expreso de modo contundente: la información no es de los gobernantes ni del Estado, es de los ciudadanos, y su suministro no es una gracia o una concesión, es una obligación», afirmó hoy Javier Stoessel abogado patrocinante de los diputados del frente opositor. «Es inaceptable que el Poder Ejecutivo insista en su oposición, y se requiere una respuesta urgente del Tribunal», afirmó el letrado. “… El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. … En tal sentido se observa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez que la información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas …” (CSJN, autos “CIPPEC” Sentencia del 26 de marzo de 2.014).»