actualidad.Recurso ante la Corte por malversación en la Caja de Servicios Sociales
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Tras el escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia que rechazó que los afiliados a la Caja de Servicios Sociales, puedan ser querellantes en la causa por malversación que denunció Juan José Ortega, su abogado patrocinante dr Javier Stoessel presentó un Recurso Extraordinario Federal solicitando la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El pedido a la Corte es para que se permita a los trabajadores directamente afectados ser parte querellante en las denuncias por malversación de fondos de la Caja de Servicios Sociales.
[caption id="attachment_15079" align="alignleft" width="257"] Juanjo Ortega, el trabajador que denunció la millonaria malversación[/caption]
Según el dr Stoessel "debieron haber sido los organismos del Estado quienes impulsen la causa, los sucesivos interventores, el Fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, o algún Fiscal o Juez de oficio, pero fueron los propios afiliados quienes tuvieron que presentarse a la justicia para que se investigue la caótica situación de la obra social", cuestionó el letrado.Recordó que "fueron los mismos trabajadores los que asumiendo el riesgo denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia la falta de avance en la causa pidiendo que se investigue el desempeño de la misma Juez, y fue recién allí cuando se tuvieron al fin los dos primeros procesados por corrupción en Santa Cruz", manifestó.
[caption id="attachment_15080" align="alignleft" width="257"] Jueces, Mariani, Mercau, y Ludueña, consideran que un afiliado no puede ser querellante[/caption]
La restricción de constituirse como querellante a quienes sufren de modo directo –en su carácter de afiliados- la malversación de los fondos de su obra social, "impide controlar el expediente y conocer certeramente si se avanza en la investigación de modo serio y razonable, y ofrecer prueba pertinente; y carece de toda justificación, pues no se protege con ello ningún derecho ni se tutela ninguna garantía; solo se garantiza el ocultamiento, y hace mucho mal a la imagen del Poder Judicial", explicó el dr Javier Sotessel.
Tras el escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia que rechazó que los afiliados a la Caja de Servicios Sociales, puedan ser querellantes en la causa por malversación que denunció Juan José Ortega, su abogado patrocinante dr Javier Stoessel presentó un Recurso Extraordinario Federal solicitando la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El pedido a la Corte es para que se permita a los trabajadores directamente afectados ser parte querellante en las denuncias por malversación de fondos de la Caja de Servicios Sociales.
[caption id="attachment_15079" align="alignleft" width="257"]
Juanjo Ortega, el trabajador que denunció la millonaria malversación[/caption]
Según el dr Stoessel "debieron haber sido los organismos del Estado quienes impulsen la causa, los sucesivos interventores, el Fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, o algún Fiscal o Juez de oficio, pero fueron los propios afiliados quienes tuvieron que presentarse a la justicia para que se investigue la caótica situación de la obra social", cuestionó el letrado.
Recordó que "fueron los mismos trabajadores los que asumiendo el riesgo denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia la falta de avance en la causa pidiendo que se investigue el desempeño de la misma Juez, y fue recién allí cuando se tuvieron al fin los dos primeros procesados por corrupción en Santa Cruz", manifestó.
[caption id="attachment_15080" align="alignleft" width="257"]
Jueces, Mariani, Mercau, y Ludueña, consideran que un afiliado no puede ser querellante[/caption]
La restricción de constituirse como querellante a quienes sufren de modo directo –en su carácter de afiliados- la malversación de los fondos de su obra social, "impide controlar el expediente y conocer certeramente si se avanza en la investigación de modo serio y razonable, y ofrecer prueba pertinente; y carece de toda justificación, pues no se protege con ello ningún derecho ni se tutela ninguna garantía; solo se garantiza el ocultamiento, y hace mucho mal a la imagen del Poder Judicial", explicó el dr Javier Sotessel.