[caption id="attachment_17992" align="alignleft" width="400"]R Ruta 9 cruce con la 40. Piedra y camino.[/caption] La Justicia pondrá ahora la lupa sobre las contrataciones que realizó la delegación de Vialidad Nacional en la provincia de Buenos Aires, tras una denuncia que se originó en una auditoría interna realizada sobre el Distrito 1. El trabajo fue elaborado por personal de legales y por la Unidad de Ética y Transparencia (UET), una "oficina móvil" de la Oficina Anticorrupción en esa dependencia, que recibió al menos 100 denuncias anónimas, según reveló una nota publicada hoy por La Nación. Según pudo conocer LA NACION de fuentes judiciales, en la causa se denuncian presuntas licitaciones orquestadas para simular una aparente competencia entre proveedores, firmas y sellos truchos y la falsificación de pagarés. También se investiga si unos pocos empresarios obtuvieron la mayoría de los contratos sospechados. Primero fue Santa Cruz RIO GALLEGOS.- En la última década, Austral Construcciones fue omnipresente en las rutas de Santa Cruz. Quienes las transitaron fueron testigos de las obras que se hicieron y de las que nunca terminaron. Pero recién en marzo, cuando la Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer una auditoría interna, las presunciones pudieron tener número reales. Así se supo que entre 2010 y 2015, Lázaro Báez había recibido allí obras por más de $ 16 mil millones, que representó el 80% del total de la obra pública en la provincia. La auditoría también determinó que la mitad de las 51 obras otorgadas a Austral Construcciones (ACSA) quedó inconclusa a diciembre de 2015. De ellas, el 90% había duplicado y hasta triplicado el plazo de obra. El informe -denominado Avance de Gestión Integral de Obras ejecutadas en el Distrito 23 de Vialidad Nacional- terminó en la Justicia y dio origen a la causa sobre obra pública donde quedaron procesados por corrupción Cristina Kirchner y una veintena de funcionarios. Ese mismo informe aportó los trazos gruesos para la investigación que recayó en los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Allí se determinó que ACSA no sólo fue la empresa más favorecida con la obra pública en los últimos cinco años, sino también que fue la que más rápido cobró las certificaciones de obra, llegando en algunos casos a recibir el pago sólo ocho días después de presentar la documentación de forma. A su vez también se determinó que de las 26 obras que estaban en ejecución en diciembre de 2015, 23 no cumplieron con los plazos estipulados en la licitación, dado que sufrieron ampliaciones de plazos por 2,63 veces. Uno de los casos que detalla el informe, y del cual son testigos los miles de automovilistas que han transitado la ruta nacional 3, es el tramo del kilómetro 1867 al 1908, cuyo inicio fue el 30 de julio de 2008 con un plazo original de 36 meses y al día de la fecha, luego de más de siete años, sólo presenta el 24% de la obra cumplida. Otros casos marcados por Vialidad y analizados por los fiscales Pollicita y Mahiques son las "obras básicas y enripiado de la ruta provincial Nº 9", que se inició el 6 de marzo de 2007 año y debía terminarse en tres años. La obra se prorrogó por 9 años, lo que generó que el precio inicial contratado de $ 238 millones aumente a $ 547 millones, un 129% del presupuesto inicial. Austral Construcciones percibió efectivamente, en razón de las obras realizadas, la suma de $ 525 millones. LA NACION la recorrió este año y aún está sin concluir. Para Pollicita y Mahiques se trató de un "plan criminal" encabezado por Néstor y Cristina Kirchner para enriquecer a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz. Por esta causa, Cristina Kirchner fue procesada por corrupción por primera vez. El juez federal Julián Ercolini estableció que integró una asociación ilícita junto con ex funcionarios y con Báez para apoderarse de dinero público destinado a obras públicas en Santa Cruz. También le embargó bienes por $ 10.000 millones. Las 52 obras adjudicadas al grupo Báez tienen un valor actualizado de 3000 millones de dólares y, en promedio, un sobreprecio del 15%, es decir, 450 millones de dólares. FUENTE: LA NACION.