Alto CalafateLA NACIÓN/Hugo Alconada Mon-Mariela Arias.- Lázaro Báez aportó más del 50% de la facturación del principal hotel de los Kirchner, Alto Calafate, lo que conllevó ingresos multimillonarios durante años para la entonces familia presidencial. Así surge del primer informe de los peritos técnicos a cargo de analizar toda la documentación contable y financiera, cuya copia íntegra obtuvo LA NACION. Sospechado de actuar como testaferro de los Kirchner y ser partícipe de una compleja operatoria de lavado de activos, Báez utilizó varias de sus empresas para girarle más de 49,7 millones, sólo entre 2010 y 2011 a la firma Valle Mitre, gerenciadora de Alto Calafate. A ese monto, además, corresponde añadir los pagos hechos por el contratista del Estado en años posteriores y otros usuarios cuestionados, como Aerolíneas Argentinas y Cristóbal López, que aún no se terminaron de calcular. Así, mientras Báez aseguraba esos ingresos a Valle Mitre, los Kirchner incrementaron su patrimonio. Tanto es así que entre 2009 y 2014, la entonces familia presidencial retiró $ 46,1 millones en concepto de "adelanto de dividendos" -mediante registros de "cuentas particulares" a nombre de la entonces presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia- más otros $ 950.000 anotados como "préstamo" para la sociedad Los Sauces Báez aportó esos millones al Alto Calafate a través de los convenios que varias de sus empresas firmaron con Valle Mitre -y esta, a su vez, con el Alto Calafate- por el supuesto alquiler de cientos de habitaciones y salones por mes en ese hotel. Esa operatoria, por ejemplo, representó el 54,79% de los ingresos de Alto Calafate durante 2010 y el 53,21% durante 2011, mientras que los peritos completan ahora el análisis sobre los años posteriores. No sólo eso. Los peritos también intentan determinar qué porcentaje de los ingresos de Alto Calafate correspondieron al polémico convenio que mantuvo con Aerolíneas Argentinas, según reconstruyó LA NACION, así como con otros empresarios, como Cristóbal López. Para Silvina Martínez, abogada de la denunciante de la causa, la diputada Margarita Stolbizer, "si bien el peritaje es parcial es contundente, ya que reconstruye la ruta del dinero relacionando los fondos que recibió Austral Construcciones por obras en Santa Cruz, con las sucesivas transferencias hacia Valle Mitre, gerenciadora de Alto Calafate, para finalizar en las cuentas bancarias de la familia Kirchner, después de diferentes maniobras que la Justicia sospecha como de lavado de activos". El análisis pericial afronta ahora, sin embargo, dificultades, según alertaron los propios peritos. La primera, que el registro de los huéspedes de ese hotel resulta inhallable. No apareció durante los allanamientos, ni tampoco lo aportó la familia Kirchner ni los responsables del gerenciamiento. Es decir, que para la Justicia es un misterio quién se hospedó en ese hotel, sospechado desde hace años de dibujar su ocupación real. La segunda dificultad que afrontan los peritos es que también los datos sobre la operatoria bancaria de los Kirchner, sus colaboradores y sus sociedades es incompleta, por lo que recomendaron el mes pasado que la fiscalía solicitara al Banco Central un informe sobre todas las cuentas en todos los bancos del país vinculadas a 25 sociedades comerciales y personas involucradas en la investigación. Las conclusiones preliminares a las que arribaron los peritos parecen confirmar así la compleja operatoria montada entre los Kirchner y Báez a través de sus hoteles -en particular por medio de la sociedad Hotesur- y de los alquileres de sus inmuebles -a través de la sociedad Los Sauces-, tal y como reveló LA NACION entre fines de 2013 y principios de 2014. Según informó entonces este diario, ocho empresas de Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, La Estación, Don Francisco, Loscalzo y Del Curto, Alucom Austral, Badial y Diagonal Sur) pagaron por el alquiler de cerca de 1110 habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner -Alto Calafate y Las Dunas- mediante la firma de convenios confidenciales e, incluso, retroactivos. En el caso de la sociedad Los Sauces, los peritos también ya emitieron su primer informe, según reveló Clarín el mes pasado. Allí detallaron que falta documentación, que los asientos sobre los movimientos de dinero resultan poco claros, que aparecen saldos negativos inexplicables, que la información global es "poco confiable" y que los Kirchner sacaron más dinero -$20,5 millones hasta 2014- del que ingresaba en la sociedad. Para la ex presidenta, sin embargo, esta y otras investigaciones judiciales que la tienen como protagonista son parte de una persecución política, con la que se busca difamarla y proscribirla, como así también ocultar problemas económicos y políticos, mientras "las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas". Por su parte, Báez ya había dado su propia explicación sobre los convenios hoteleros de sus empresas. Lo hizo ante la AFIP, pero sus argumentos levantaron sospechas y suspicacias. Entre otros motivos, porque afirmó que contrató cientos de habitaciones en Alto Calafate para el personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros de distancia del hotel presidencial, por lo que el personal debía recorrer entre 600 y 1200 kilómetros diarios -a veces por caminos de ripio- para hospedarse allí, ir a las obras y volver. Ahora, los peritos avanzan con la segunda fase de su análisis. Abarca a tres peritos oficiales (Oscar Fernández, Rubén Pappacena y Abel Britos), dos por el Ministerio Público Fiscal (Judith König y Magalí Bausset), dos por la Oficina Anticorrupción (Fernanda Sierra y Daniel Polito) y tres por las defensas: dos por Báez (Carlos y Mariana Fogarolli) y uno por la sobrina de la ex Presidenta y titular de Hotesur, Romina Mercado (Félix Rolando). Juntos, o con dictámenes por separado, deberán completar el informe.