Fernanndo Basanta RÍO GALLEGOS.-  A través de la fiscalía de Estado el gobierno provincial pide declarar inconstitucional, nulo, e ilegítimo, el régimen salarial del Poder Judicial, que pauta aumentos salariales según los acuerdos que ratifique la Corte Suprema. Argumenta que antes se pagaban porque Nación enviaba los fondos. El pedido del Ejecutivo surgió luego del conflicto suscitado a raíz de que el TSJ había anulado la aplicación de la última acordada que otorgaba un incremento salarial del 10% a los trabajadores de la justicia provincial, lo que motivó las protestas del gremio que obligaron al Tribunal Superior a revertir la medida a través del acuerdo firmado el 14 de marzo de 2017. La “acción de inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad”, presentada por el gobierno fue argumentada por el ministro Fernando Basanta quien sostuvo que el régimen salarial del Poder Judicial de Santa Cruz es aplicable en tanto “exista presupuesto para sostener la pauta salarial que se determina” por lo que el funcionario entiende que sin dicho financiamiento ¨se vuelve una acción “inconstitucional y nula”. Basanta fue categórico al afirmar que el último acuerdo salarial aprobado por el Tribunal Superior, determina una “suba anual es del 37% y no hay posibilidad de cumplirla porque no hay plata”, enfatizó. El ministro de Gobierno sostuvo que no exite “una ley de enganche¨, que fije salarios fuera de la órbita provincial,¨lo que tienen es una ley marco en la que se define cómo será la paritaria y en ninguna parte se establece el enganche en los aumentos salariales”¨ detalló. El funcionario indicó que si bien hasta ahora los aumentos acordados a nivel nacional se pagaban, se debía a que  “el Tribunal pedía una ampliación presupuestaria y se otorgaba, pero se lo podía hacer porque Nación depositaba 400 millones extra y esto hace más de un año que no está ocurriendo”, explicó. El antecedente puso al ex gobernador Peralta al borde del juicio político La decisión del gobierno de Alicia Kirchner de intentar frenar un aumento determinado por uno de los poderes del estado tuvo un antecedente similar en mayo de 2012 cuando la entonces presidenta del Tribunal Superior, dra Clara Salazar, remitió un oficio al titular del Poder Ejecutivo, Daniel Peralta,  notificándolo de ¨no admitir pagos parciales¨, y exigiéndole ¨remitir los fondos comprometido, manifestándole asimismo que el incumplimiento de dicha remisión, afecta la Autarquía del Poder Judicial, alterando seriamente el servicio de Justicia que debe prestar el estado Provincial». retLa resolución fue firmada por la totalidad de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, incluida las vocales Paula Ludueña, y Alicia Mercau, quienes en consonancia con el Poder Ejecutivo, se oponen a la aplicación del sistema salarial que aplica aumentos ratificados por la Corte Suprema. Por estos días el ex gobernador Peralta recordó que aquel pedido del Tribunal Superior fue una advertencia que lo ponía al borde del juicio político: ¨Si yo lo hubiese hecho hubiera tenido 22 pedidos de juicio político¨, declaró Peralta al sitio Ahora Calafate en referencia a la falta de presupuesto que alega el Poder Judicial. Fuentes judiciales consultadas por Winfo Santa Cruz indican que el Ejecutivo  2986 que fija las remuneraciones de los empleados públicos de Santa Cruz. Este último instrumento que rige desde octubre de 2007  dice en su artículo tercero: El Poder Judicial fijará las remuneraciones de los magistrados y del personal que expresamente excluya los alcances del sistema de negociación que establezca en el ámbito de competencia, en los términos del artículo 28 de la ley 2986¨. La presentación de la fiscalía de Estado firmada por el dr Fernando Tanarro, expresa que “surge del acuerdo instrumentado en el Acta 31/09 que nos encontramos con un compromiso de aplicar aumentos porcentuales al sueldo básico, pero supeditándolos a la existencia presupuestaria necesaria para sostener la pauta salarial otorgada”. Destaca que las partes en conflicto habían pactado “un incremento salarial de un 10% conforme a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 7/16, a partir de enero de 2017 sobre el sueldo de la escala vigente para el personal del Poder Judicial”, y que este acuerdo se aparte de las leyes vigentes, porque la provincia no cuenta con los fondos para afrontar dicho aumento. El pedido del gobierno de dar marcha atrás con los incrementos pactados fuera del ámbito provincial, fundamenta que “los miembros del Tribunal Superior de Justicia, sin respuesta de la ampliación presupuestaria solicitada, decidieron proceder en forma contraria a las normas que regulan este aspecto fundamental”, por lo tanto “exige el cumplimiento del acuerdo instrumentado en el Acta 31/09 del 25 de noviembre de 2009, que prescribe los aumentos salariales supeditados a la existencia presupuestaria para sostenerlos”argumentando que ¨el régimen salarial reclamado por el gremio de los empleados judiciales no puede aplicarse, ya que no fue modificada la Ley de Presupuesto para incluir los créditos necesarios para soportar el gasto que generaría el aumento salarial establecido el 14 de marzo del 2017”, según lo “establecido en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto Nº 3.526”. romi