Foto FacebookRÍO GALLEGOS.- A dos semanas que los empleados judiciales montaron una carpa de protesta en la puerta del Tribunal Superior de Justicia en reclamo del pago de sus salarios, el juez  Francisco Marinkovic, hizo lugar a un amparo del gremio judicial y le ordena a la gobernadora Alicia Kirchner que envíe al Poder Judicial las partidas correspondientes para el pago a sus empleados de los sueldos de marzo y advierte que en caso de no cumplir se aplicará una sanción diaria de 25 mil pesos por día. El fallo de Marinkovic que lleva fecha del 12 de abril da lugar a una acción de amparo promovida por el gremio bajo el patrocino de la dra Diana Huerga Cuervo presentado el 10 de abril pasado donde manifiestan que a esa fecha la totalidad de los empleados judiciales no han cobrado el salario de marzo, situación que es de público conocimiento por las medidas de fuerza que llevan adelante y porque el pasado 22 de marzo el TSJ dictó la suspensión de los plazos procesales. El fallo de Marinkovic determina también que se transfieran ademas de los salarios , las sumas correspondientes a los aportes de la Caja de Previsión Social, la Caja de Servicios Sociales  y el Seguro Obligatorio. En la explicación a sus afiliados desde el gremio judicial destacaron los siguientes puntos:
1- El Mandamus es una medida inédita. No se había presentado antes un proceso judicial de estas características. 2- Presta un precedente importante en la lucha que llevamos adelante los trabajadores en la salvaguarda de nuestros derechos. 3- El Juez entendió, y así lo explica en el punto IV, que no se ha exteriorizado una situación de emergencia o que «transparentado el movimiento de las cuentas públicas – establezca una modalidad distinta en el reparto de los fondos…», lo que quiere decir que carece de todo argumento legal la no remisión de los fondos. Y continúa explicando que la falta de información pública sobre las cuentas del Estado, atenta directamente contra el derecho de los ciudadanos de conocer los actos de gobierno y su causa, de modo de poder ejercer efectivamente su derecho a reclamar o peticionar a las autoridades. Esto es de gran importancia, porque refuerza nuestro reclamo para conocer los números y saber a donde va a parar nuestra plata. 4. Este fallo es un gran avance en el camino de reconocer, respetar y cumplir con derechos tutelados por la Constitución Nacional como el derecho al salario, en exigir el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, en aclarar que no hay marco legal que justifique el accionar del Ejecutivo al retener la partida presupuestaria correspondiente al Poder Judicial, y hacia la búsqueda de alternativas (como lo es la Ley de Acceso a la Información pública) que nos permitan conocer los movimientos de las cuentas, y transparentar los actos de gobierno que nos afectan directamente.
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