zaffraniRÍO GALLEGOS.-  El abogado Bernardino Zaffrani presentó una denuncia penal en la justicia federal, para que se investigue el destino de $ 4.439 millones que en 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández giró a Santa Cruz como adelanto financiero, y luego fueron convertidos en un préstamo garantizado con fondos de la coparticipación federal. El préstamo fue aprobado inconstitucionalmente por el Frente para la Victoria. ¿La devolución?: a 14 años, tres mandatos y medio de gobierno. La provincia comenzó a pagar en enero de este año, cuotas de $70 millones cada una, pero no pudo seguir cumpliendo con los pagos. ¿Por qué la denuncia se realiza en los tribunales federales?: Porque «Atento la ilegal disposición de fondos provenientes del Tesoro Nacional, solicito trámite la causa en el Fuero Federal», dice la presentación que recayó en el juzgado Nro 10 a cargo de Julián Ercolini, y el fiscal será Carlos Rívolo. «Santa Cruz le debe a Nación más de $6 mil millones», reconoció hace poco la gobernadora Alicia Kirchner manifestando la imposibilidad de afrontar la deuda que la obligó a pedirle a Nación que le prorrogue por un año el pago del préstamo que ahora  Zaffrani pide que se esclarezca su operatoria. La gobernadora blanqueó sus cuentas. Afirmó que le debe al Estando nacional más de $ 6000 millones de gestiones anteriores; de ese monto, $ 4500 millones se remiten a fondos enviados por Cristina Kirchner en 2015. Sin embargo,  el ex gobernador Daniel Peralta aseguró en LU 23 Radio Nacional El Calafate que $ 1340 millones “ingresaron a la provincia el 9 de diciembre” y que el kirchnerismo conocía los números de la provincia. “Yo tenía el gobierno auditado por el segundo de  Axel Kicillof”, afirmó. La historia del «préstamo». Tres días después que el presidente Mauricio Macri ganara el balotaje a Daniel Scioli,   desde el gobierno nacional empezaron a darle forma a los números con Santa Cruz. Así el 25 de noviembre de 2.015 se suscribió un “Convenio de Asistencia Financiera” entre el estado nacional representado en ese entonces por el  jefe de gabinete de ministros,  Aníbal Fernández, y el ex ministro de Economía  Axel Kicillof por una parte, y por la otra la provincia de Santa Cruz representada por el ex titular del Poder Ejecutivo,  Daniel Román Peralta. Posteriormente, este convenio fue ratificado por Decreto 2.483 de fecha 4 de diciembre del 2015, decreto emitido por el mismo Gobernador, pocos días antes de finalizar su mandato, ya habían sido puestas en funciones por adelantado la tesorera general de la provincia Elena Ramps y la contadora general Mónica Morandi, quienes habían sido nombradas por adelantado a pedido de la gobernadora electa Alicia Kirchner. Una vez asumido el mando del Poder Ejecutivo, Alicia Kirchner, se remitió el convenio a la legislatura Provincial, solicitando su ratificación en el marco del art. 104 inc. 1º de la Constitución Provincial, esto es, como si fuese la aprobación de un mero convenio. En la legislatura provincial, tanto en comisiones como al momento de su tratamiento, los partidos de oposición cuestionaron el trámite otorgado en tanto que, tratándose de un empréstito según el texto claro del acuerdo, correspondía su tratamiento en los términos del art. 104 inc. 10º y 40 de la Constitución Provincial, normas conforme a las cuales corresponde su aprobación por mayoría de dos tercios, y no por mayoría simple (marco en el que fue presentado, para encuadrarlo en el art. 104 inc. 1 de la Constitución Provincial). Garantía asegurada con coparticipación federal, que hipoteca a 14 años la provincia De acuerdo al convenio celebrado con la Nación, “la Provincia cede “pro solvendo” irrevocablemente a favor del Estado Nacional, sus derechos sobre las sumas a percibir por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos», de acuerdo a las leyes vigentes. La devolución del préstamo es a 167 cuotas mensuales, unos catorce años, a partir del 1ro de enero de 2016, con una tasa de interés del 6% anual. Los argumentos del dr Zaffrani «Claramente, se trataba de un empréstito. Sin embargo, la legislatura provincial, le da trámite de simple convenio y lo aprueba por mayoría simple, en sesión de fecha 12 de mayo de 2.016″, recuerda el dr Zaffrani. Y remarca la violación del art 104 inc. 10 de la Constitución Provincial y el art. 40 del mismo cuerpo normativo, normas que claramente exigen que los empréstitos se aprueben con el voto de los dos tercios de los miembros presentes de la legislatura, habiendo éste sido votado por mayoría simple». La justicia provincial falló en dos oportunidades declarando inconstitucional la votación del empréstito En su presentación el dr Zaffrani destaca el amparo presentado por un grupo de diputados provinciales  «que se tramitó ante la Justicia Ordinaria, en el expediente caratulado “REYES ROXANA NAHIR CLAUDIA Y OTROS C/ESTADO PROVINCIAL S/AMPARO” EXPTE 17439/16, radicado en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil Comercial Laboral y de Minería, cargo del Dr. Francisco Marinkovic. «En dicho expediente, recayó sentencia favorable de primera y segunda instancia, haciendo lugar al amparo y declarando la nulidad e inconstitucionalidad de la ley de aprobación del convenio -Ley 3474«, señala Zaffrani. Abbona juraLa «extraña e insólita defensa» de la ex fiscal de estado Angelina Abbona Una de las partes sustanciales de la denuncia se basa en la actuación de la ex fiscal de estado de la provincia, según Zafrani, Abbona manifiesta y reconoce -a modo de extraña e insólita defensa- haber violado las leyes a su cargo, tanto por el estado provincial , como por el poder ejecutivo nacional, quienes reconocieron que los fondos comprendidos en el empréstito fueron remitidos desde Nación y consumidos en la provincia, sin previa autorización legal para ello, comprometiendo severamente los intereses de la de Santa Cruz, endeudándola por un monto $ 4.439.000.000″. El dr Zaffrani cita los argumentos de la dra Abbona cuando sostiene,  “volviendo al tema de la utilización de los fondos, lo que está es el pago de las sumas utilizadas, siendo como decimos improcedente lo resuelto en el sentido de que el Estado Provincial debe abstenerse de ejecutar el convenio. En definitiva, los fondos ya han sido utilizados y resulta inconducente y abstracto que el magistrado emita una orden judicial a los fines de evitar a la Provincia la realización de actos que impliquen ejecución …”, escribió la ex fiscal de estado. A este argumento es que el dr Bernardino Zaffrani ataca, «con ello, la Fiscal de Estado no hace sino reconocer que lo fondos ya fueron remitidos desde Nación -sin ley que lo autorice, según reza el mismo texto del Convenio en el art. 5º- y la provincia recibió los Fondos y los consumió, también sin ley que lo autorice, violando el Convenio, la Constitución Provincial, debiéndose en esta instancia, evaluar la configuración de un ilícito penal, que V.S. deberá determinar, sea en el marco del art. 248 y/o 249 del Código Penal, pero además, corresponde se evalúa la posible ocurrencia de una defraudación a los intereses del Fisco Nacional y Provincial, atento el manejo irregular de los fondos».