actualidad.El Tribunal Superior resolvió iniciarle un sumario al fiscal Chan por sus vínculos con Báez
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RÍO GALLEGOS.- El Tribunal Superior de Justicia resolvió iniciarle un sumario al fiscal José Antonio Chan por estar involucrado en dos denuncias impulsadas por el gremio de trabajadores judiciales que revelan los vínculos entre la empresa Seguridad Patagónica SA inscripta a su nombre, y Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez. Un mismo domicilio, escribano, contador y abogado en común, además de un contrato mutuo con una certificación de obra millonaria a través de Vialidad Nacional, son las pruebas que comprometen a Chan.
En la primera denuncia contra el fiscal en abril de 2016 el gremio solicitaba al Tribunal que se lo investigue por estar mencionado en las escuchas de la causa por lavado que involucra entre otros Lázaro Báez.
En las grabaciones dos ex agentes de la policía Federal refieren al fiscal de Instrucción de Santa Cruz como “un íntimo de Lázaro Báez”, señalando que junto a otras personas “traían la plata por tierra con ayuda de la justicia”, y que ese dinero era trasladado desde el sur para aportar a “la campaña política del Frente para la Victoria”.
"El Tribunal demoró más de un año en resolver el sumario" sostienen desde el sindicato, y remarcan que recién ahora "activan el proceso administrativo y emiten la cédula donde dicen que se le inicia el sumario por la primera denuncia y se le corre traslado por la segunda que es lo que tiene que contestar dentro de cinco días", detallan.
Insisten en que el fiscal debe ser apartado del cargo.
Los datos que comprometen al fiscal
La nueva presentación judicial del gremio está basada en los datos que aportó a la causa por lavado la abogada Silvina Martínez, asesora de la diputada Margarita Stolbizer.
Allí se consigna que la empresa Seguridad Patagónica SA fundada por el fiscal en 2008, y Austral Construcciones "no solo comparten la misma sede social de libertad 141", sino un mismo contador, César Andres, el mismo escribano, Leandro Albornoz y el mismo abogado, Roberto Saldivia.
En la causa N° 5048/2016 consta que por Escritura N° 235 del 27 de marzo de 2009 Seguridad Patagónica SA le otorga un poder judicial, laboral y administrativo a Roberto Marcelo Saldivia.
José Antonio Chan fue hasta el 2007 delegado de la Policía Federal de Río Gallegos. En ese cargo terminó sus estudios y recién recibido, sin ninguna experiencia, fue nombrado Fiscal en la provincia de Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008.
Tuvo a su cargo la instrucción de la causa 7674/14 donde se denunció por “cartelización, sobreprecios y corrupción” a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó un requerimiento de instrucción, imprescindible para motorizar una causa penal, al considerar la inexistencia de todo tipo de delitos.
Cuando José Antonio Chan fue nombrado fiscal, la empresa pasó a ser controlada por dos personas que no tienen ningún tipo de antecedentes en el rubro ni evidencian en sus impuestos la pertenencia a esta empresa.
Así en el 2009 se registró el cambio de directorio y la renuncia de José Chan al cargo de presidente y la conformación del nuevo directorio, designándose como presidente a Silvina Mercedes González, una joven de 25 años sin capacidad tributaria.
La sospechosa operación con un millonario certificado de obra
La abogada Silvina Martínez también reveló al juez una operación por demás sospechosa. Por Escritura N° 855 del protocolo del escribano Leandro Albornoz del 11 de agosto de 2011 comparecen Martin Báez, representando a Austral Construcciones SA, y Silvina González representando a Seguridad Patagónica SA. a fin de instrumentar el contrato de cesión de un certificado de obra de ACSA a favor de Seguridad Patagónica SA por un monto de $948.488.
El certificado correspondía a la obra de la ruta 40 entre Rospentek y Güer Aike contratada a Báez por $118.995.444,11 cuyo costo total finalmente ascendió a $186.944.027,89.
Austral Construcciones cedió un certificado de obra que vale millones a fin de que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad privada $948.000, "convirtiéndose en el financista del empresario patagónico", dice la denuncia.
[caption id="attachment_23644" align="alignleft" width="300"] Allanamiento en estudio contable donde tiene domicilio Seguridad Patagónica SA[/caption]
La empresa del fiscal domiciliada en el estudio contable allanado por Marijuán
La sociedad comercial empresa Seguridad Patagónica S.A. fue inscripta el 19 de febrero de 2008, por José Antonio Chan, y Guillermo Polke, y el domicilio de la firma es calle Libertad 141, el estudio contable de Báez que fuera allanado y clausurado por el Fiscal Guillermo Maijuán en el marco de la investigación por lavado.
RÍO GALLEGOS.- El Tribunal Superior de Justicia resolvió iniciarle un sumario al fiscal José Antonio Chan por estar involucrado en dos denuncias impulsadas por el gremio de trabajadores judiciales que revelan los vínculos entre la empresa Seguridad Patagónica SA inscripta a su nombre, y Austral Construcciones del empresario Lázaro Báez. Un mismo domicilio, escribano, contador y abogado en común, además de un contrato mutuo con una certificación de obra millonaria a través de Vialidad Nacional, son las pruebas que comprometen a Chan.
En la primera denuncia contra el fiscal en abril de 2016 el gremio solicitaba al Tribunal que se lo investigue por estar mencionado en las escuchas de la causa por lavado que involucra entre otros Lázaro Báez.
En las grabaciones dos ex agentes de la policía Federal refieren al fiscal de Instrucción de Santa Cruz como “un íntimo de Lázaro Báez”, señalando que junto a otras personas “traían la plata por tierra con ayuda de la justicia”, y que ese dinero era trasladado desde el sur para aportar a “la campaña política del Frente para la Victoria”.
"El Tribunal demoró más de un año en resolver el sumario" sostienen desde el sindicato, y remarcan que recién ahora "activan el proceso administrativo y emiten la cédula donde dicen que se le inicia el sumario por la primera denuncia y se le corre traslado por la segunda que es lo que tiene que contestar dentro de cinco días", detallan.
Insisten en que el fiscal debe ser apartado del cargo.
Los datos que comprometen al fiscal
La nueva presentación judicial del gremio está basada en los datos que aportó a la causa por lavado la abogada Silvina Martínez, asesora de la diputada Margarita Stolbizer.
Allí se consigna que la empresa Seguridad Patagónica SA fundada por el fiscal en 2008, y Austral Construcciones "no solo comparten la misma sede social de libertad 141", sino un mismo contador, César Andres, el mismo escribano, Leandro Albornoz y el mismo abogado, Roberto Saldivia.
En la causa N° 5048/2016 consta que por Escritura N° 235 del 27 de marzo de 2009 Seguridad Patagónica SA le otorga un poder judicial, laboral y administrativo a Roberto Marcelo Saldivia.
José Antonio Chan fue hasta el 2007 delegado de la Policía Federal de Río Gallegos. En ese cargo terminó sus estudios y recién recibido, sin ninguna experiencia, fue nombrado Fiscal en la provincia de Santa Cruz el 8 de noviembre de 2008.
Tuvo a su cargo la instrucción de la causa 7674/14 donde se denunció por “cartelización, sobreprecios y corrupción” a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez entre otros. Esa causa terminó en archivo porque el fiscal Chan no efectuó un requerimiento de instrucción, imprescindible para motorizar una causa penal, al considerar la inexistencia de todo tipo de delitos.
Cuando José Antonio Chan fue nombrado fiscal, la empresa pasó a ser controlada por dos personas que no tienen ningún tipo de antecedentes en el rubro ni evidencian en sus impuestos la pertenencia a esta empresa.
Así en el 2009 se registró el cambio de directorio y la renuncia de José Chan al cargo de presidente y la conformación del nuevo directorio, designándose como presidente a Silvina Mercedes González, una joven de 25 años sin capacidad tributaria.
La sospechosa operación con un millonario certificado de obra
La abogada Silvina Martínez también reveló al juez una operación por demás sospechosa. Por Escritura N° 855 del protocolo del escribano Leandro Albornoz del 11 de agosto de 2011 comparecen Martin Báez, representando a Austral Construcciones SA, y Silvina González representando a Seguridad Patagónica SA. a fin de instrumentar el contrato de cesión de un certificado de obra de ACSA a favor de Seguridad Patagónica SA por un monto de $948.488.
El certificado correspondía a la obra de la ruta 40 entre Rospentek y Güer Aike contratada a Báez por $118.995.444,11 cuyo costo total finalmente ascendió a $186.944.027,89.
Austral Construcciones cedió un certificado de obra que vale millones a fin de que la delegación Santa Cruz de Vialidad Nacional pague a la empresa de seguridad privada $948.000, "convirtiéndose en el financista del empresario patagónico", dice la denuncia.
[caption id="attachment_23644" align="alignleft" width="300"]
Allanamiento en estudio contable donde tiene domicilio Seguridad Patagónica SA[/caption]
La empresa del fiscal domiciliada en el estudio contable allanado por Marijuán
La sociedad comercial empresa Seguridad Patagónica S.A. fue inscripta el 19 de febrero de 2008, por José Antonio Chan, y Guillermo Polke, y el domicilio de la firma es calle Libertad 141, el estudio contable de Báez que fuera allanado y clausurado por el Fiscal Guillermo Maijuán en el marco de la investigación por lavado.