detencion de PoloBUENOS AIRES.- En su primera resolución tras la suspensión del juez Eduardo Freiler, la Cámara Federal porteña confirmó al juez Claudio Bonadío al frente de la investigación en la causa «Los Sauces» al rechazar una recusación de la defensa del detenido contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.  El abogado Carlos Beraldi había invocado falta de imparcialidad del juez por considerar que sometió a Manzanares a una situación «humillante» al momento de su detención. «No advierto acto alguno por parte del magistrado que evidencie una violación» a la garantía de imparcialidad «que debe imperar en el proceso penal por parte de los juzgadores», consideró en su voto el camarista Leopoldo Bruglia. La resolución fue firmada por Bruglia y el otro integrante de la sala I, Jorge Ballestero, en el primer acuerdo que mantuvieron ayer sin la presencia de Eduardo Freiler, suspendido por el Consejo de la Magistratura. La decisión fue de la sala I del Tribunal de Apelaciones que descartó que el magistrado haya mostrado pérdida de imparcialidad o actuado de manera «arbitraria» al ordenar detener a Manzanares, como denunció su abogado defensor Carlos Beraldi, según la resolución a la que hoy accedió Télam. Manzanares ya cumplió un mes preso en la cárcel de Marcos Paz. Ambos camaristas rechazaron la recusación contra Bonadío y lo confirmaron al frente de la causa en la que están procesados la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia, entre otros acusados como Manzanares. Los camaristas descartaron además la existencia de «arbitrariedad» por parte del juez de instrucción al detener al contador de los Kirchner y recordaron que ellos mismos rechazaron excarcelar a Manzanares. «La tacha de arbitrariedad invocada como primer causal objetiva de imparcialidad se desvanece», argumentó el camarista Ballestero. Y sostuvo que en esa resolución anterior, en la que se dejó firme la prisión preventiva para el contador, se concluyó que la decisión de detenerlo provino de «la comprobación de un comportamiento que, en el contexto en el que se produjo, no puede dejar de ser interpretado como un accionar dirigido a obstruir los fines del proceso». Ballestero agregó que «más allá del acierto o desacierto que pudo tener el magistrado en el modo en que desarrolló los actos» vinculados a la detención del contador «no revisten tenor suficiente para erigirse como actos» que deriven en una falta de imparcialidad. Además la Cámara recordó que hay en trámite una denuncia penal contra Bonadío presentada por Manzanares a raíz de su detención. El abogado de Manzanares, Beraldi, recusó a Bonadío por la supuesta detención «arbitraria» del contador y además por declaraciones periodísticas del juez luego de esa decisión en las que según el letrado habría dado a entender «el desenlace de la causa y vinculándolo con la coimputada, doctora Cristina Fernández de Kirchner». Además denunció que «por acción u omisión permitió que las fuerzas de seguridad montaran una actividad humillante e innecesaria al exhibirlo ante la prensa como un peligroso narcotraficante o terrorista, demorando innecesariamente su traslado» desde Santa Cruz a los tribunales federales de Retiro. La detención del contador de los Kirchner Manzanares fue detenido el 17 de julio pasado en la ciudad santacruceña de Rio Gallegos por orden de Bonadío, quien ya lo había procesado sin prisión preventiva en el caso. El juez revocó el beneficio de mantenerlo en libertad por entender que habría cometido maniobras para obstaculizar la investigación, referidas al cobro directo de alquileres de propiedades de los Kirchner para evadir el control judicial. La sala I del Tribunal de Apelaciones debe además resolver si confirma o no los procesamientos dictados por Bonadío en esta investigación, vinculada a delitos con alquieres de propiedades de la sociedad de la familia Kirchner a empresarios favorecidos con la obra pública en el kirchnerismo, como el detenido Lázaro Báez y Cristóbal López. Ambos están procesados también en esta pesquisa, cuya hipótesis principal pasa por la supuesta falsedad de estos alquileres que en realidad habrían sido usados para encubrir el pago de sobornos por la obra pública. La ex presidenta y sus hijos están procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita montada para delinquir con la obra pública.