[caption id="attachment_29477" align="alignleft" width="300"]El primer intento de desafuero fracasó por la defensa del FPV y sectores de izquierda El primer intento de desafuero fracasó por la defensa del FPV y sectores de izquierda[/caption]

BUENOS AIRES.- El fiscal federal Carlos Stornelli apeló hoy la decisión del juez federal Luis Rodríguez de no solicitar la detención del ex ministro y actual diputado nacional Julio De Vido, en el marco de una causa por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.

Stornelli solicitaba la detención para evitar que se conforme "una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias", según consta en el expediente.

La apelación será tratada el 3 de octubre en una audiencia ante la sala II de la Cámara Federal porteña, según informaron a Télam fuentes judiciales.

El fiscal, que ya había solicitado la detención de De Vido a principios de julio, insistió en que, por la "gravedad del hecho" investigado y su trascendencia pública, el ex ministro de Planificación Federal debería ser detenido en prisión preventiva.

Como el ex funcionario es en la actualidad diputado nacional, si algún juez hiciera lugar a la solicitud del fiscal, debería reclamar el desafuero a la cámara baja del Congreso antes de ordenar un eventual arresto.

El 27 de julio el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, evitó ser excluido de la Cámara de Diputados al recibir los votos no sólo del bloque por el Frente para la Victoria, sino también de la bancada Justicialista y los legisladores enrolados al Movimiento Evita y la izquierda, entre otros espacios.

Hace 10 días, el juez Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro De Vido y a otras 36 personas a las que les prohibió la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre, según consta en el cronograma que incluyó en su fallo de 30 páginas.

El mismo día que De Vido declarará el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, mientras que cinco días antes lo hará el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

En el expediente se investiga la presunta malversación de 26.000 millones de pesos que el desaparecido Ministerio de Planificación destinó a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los fondos estaban relacionados con los planes de modernización de la mina de Río Turbio y con la construcción de la Usina Térmica, ambos investigados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

La propia Sigen fue la que denunció que el presupuesto previsto tuvo hasta once modificaciones de costo, lo que generó un incremento de su valor en un 98 por ciento, y que también se agregó la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos.