Captura de pantalla 2017-11-02 a la(s) 09.34.48 BUENOS AIRES.- La Sala I de la Cámara Federal decidió anular el requerimiento de elevación a juicio a José Granero, Gabriel Abboud, y Julio de Oure, en la causa que investiga la importación ilegal de efedrina.  Para el tribunal, el fiscal Juan Pedro Zoni «omitió detallar la participación específica de los funcionarios públicos en cada uno de los hechos ilícitos comprobados», y no estableció «una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos con respecto a cada imputado». Por ahora continuarán procesados. En julio de 2014 la jueza María Servini de Cubría por entonces a cargo de la causa que investiga la importación de cuarenta toneladas de efedrina, procesó al ex titular de la Sedronar José Ramón Granero,por considerarlo «prima facie partícipe necesario del delito», y le trabó un embargo por 28.785.732,17 pesos (unos 3,5 millones de dólares). En diciembre la jueza también procesó a los hermanos Miguel, y Máximo Rito Zacarías. En su resolución, la jueza apuntó que de los 47.625 kilos de efedrina que la Sedronar autorizó a importar a empresas farmacéuticas entre 2004 y 2008, 40.972,195 kilos fueron desviados al narcotráfico. El resto fue utilizado para la fabricación de medicamentos legales. Tras el apartamiento de la causa de la jueza Servini de Cubría a raíz de planteos realizados por la defensa de Abboud, la Cámara Federal  confirmó al juez Sergio Torres al frente de la investigación. Según publicó el periodista Nicolás Pizzi en el diario Infobae, el juez Torres podría elevar a juicio a Pérez Corradi, detenido hace casi dos años, y a los Zacarías, mientras se define la suerte de los ex funcionarios. La Cámara se expidió en ese sentido y le pidió celeridad. «Estimamos conducente que, una vez devueltas las actuaciones, se extremen los recaudos a fin de continuar sin demora con las siguientes etapas del proceso respecto de los hechos e imputados que estén en condiciones de hacerlo, toda vez que hay personas detenidas preventivamente en el marco de esta pesquisa», dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae. En 2014 Servini de Crubría amenazó públicamente con allanar la Rosada ante la falta de colaboración del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, la jueza buscaba información sobre llamadas telefónicas. Finalmente el entonces secretario general de la presidencia Oscar Parrilli recibió a los funcionarios judiciales y les entregó los datos. Luego se sumaron Máximo Rito (ex empleado de Ceremonial del PAMI) y Miguel Angel Zacarias, secretario privado de Granero y el supuesto»nexo» entre los importadores y la Sedronar, el organismo que debía controlar el ingreso de precursores químicos. El último procesado fue Pérez Corradi, que admitió su participación en el negocio. Fuente: Infobae