LA NACIÓN/Mariela Arias.- SANTA CRUZ.- Máximo y Florencia Kirchner mantienen un litigio por una de sus propiedades que hoy están bajo administración judicial. La vivienda sufrió fuertes deterioros en manos de un inquilino que la abandonó sin pagar. Según consta en el expediente, la casa fue usurpada, pese a encontrarse a solo cuatro cuadras de la jefatura de policía y la gobernación santacruceña. Hoy la familia Kirchner exige que se la devuelvan reparada y que los gastos los cubra la intervención judicial. La casa en cuestión forma parte del «Condominio de Máximo y Florencia Kirchner», figura legal que contiene 28 propiedades de Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires que se encuentran embargadas y bajo administración judicial en el marco de las causa Hotesur y Los Sauces, cuyo juicio oral aún no tiene fecha. Reforma judicial: el kirchnerismo incluyó una cláusula contra los medios La vivienda, ubicada en la calle 25 de mayo de Río Gallegos, tiene paredes de ladrillo visto y techo de chapa verde. Los ventanales ayer estaban cubiertos con cortinas blancas, según pudo constatar LA NACION. La familia Kirchner tiene otros dos inmuebles más en la misma calle, en diagonal a la que supo ser su residencia principal entre 2003 y 2007, hasta que en 2008 fuera vendida a una empresa de Lázaro Báez. Cuando se inició la intervención de las propiedades, esta vivienda estaba alquilada. El pasado 6 de agosto, el camarista Horacio Obligado requirió que la intervención judicial proceda con urgencia a acondicionar la vivienda, a efectos de restituirla. ¿Qué generó la disputa por la administración? El deteriorado estado en que se encuentra la vivienda y la negativa por parte del diputado Máximo Kirchner y su hermana de recibir la casa sin que la intervención judicial la repare antes. Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes judiciales y locales, en por lo menos tres oportunidades la intervención intentó encarar reparaciones en la vivienda. Lo mismo sucedió con otras propiedades alquiladas de la familia Kirchner. Sin embargo, a las personas enviadas para repararlas, en muchos casos, no se les permitió el ingreso. La intervención denunció con 31 fotos que constan en el expediente que un locatario abandonó sin pagar el alquiler la vivienda y la dejó en estado deplorable, «producto de las actitudes propias de la incivilidad del exlocatario, rayanas en lo delictual», según se detalla en los oficios. El Tribunal solicitó que se acondicione la vivienda para ser restituida a Máximo Kirchner, quien la había solicitado a la Justicia para que fuera a vivir su expareja -la actual diputada provincial Rocío García- y los dos hijos de ambos. El tribunal accedió, pero la casa estaba inhabitable. Mientras esto ocurría, la casa fue usurpada, según consta en una denuncia policial. El 26 de junio pasado, el encargado de repararla llegó a la vivienda para continuar con las tareas y descubrió que en el interior había elementos que antes no estaban: una cama de dos plazas, una cama de una plaza, un velador y un caloventor eléctrico. Los supuestos usurpadores no estaban, pero se encontró un ticket de recarga telefónica virtual que fue entregado en la Justicia, para identificarlos. La causa se radicó en el juzgado de instrucción Nº2 de Río Gallegos a cargo de Valeria López Leston, familiar de los Kirchner. Con daños realizados por el anterior inquilino, una usurpación investigada en la Justicia, más las dificultades impuestas por la actual pandemia, el reacondicionamiento de la casa se complicó aún más. Es que desde el 14 de julio Río Gallegos vive un fuerte rebrote de Covid-19 y hoy cuenta con 700 casos activos y muchas restricciones de circulación dispuestas por la gobernadora Alicia Kirchner. Ante la dificultad de restituirla ya reparada, la Justicia dispuso que la casa sea entregada como está. Sin embargo, el abogado Carlos Beraldi se negó a recibirla y culpó a la intervención por no haber cuidado el patrimonio familiar. «Cabe recordar que hace ya más de tres años, Máximo y Florencia Kirchner fueron despojados de todas las propiedades de las que resultan titulares y que para justificar esta decisión se afirmó que resultaba imprescindible preservar sus activos y administrar sus rentas, a efectos de garantizar su eventual decomiso. Lejos de cumplir con el objetivo declamado, el inmueble mencionado fue intrusado, no se cobraron alquileres por su uso y fue destrozado por su/s ocupante/s», detalló Beraldi en la respuesta al Tribunal. Beraldi culpó a la intervención de no haber arbitrado las medidas necesarias para evitar la situación. El 6 de agosto pasado, la Justicia ordenó nuevamente que la intervención repare la vivienda. Foto portada: captura google