LA NACIÓN / Mariela Arias.-
EL CALAFATE.- La compra voraz de estancias de Lázaro Báez, la demorada construcción de dos gigantescas represas hidroeléctricas y la obra pública vial quedaron hoy vinculadas en la quinta audiencia del alegato de la causa Vialidad. El fiscal Sergio Mola mostró cómo al mismo tiempo que cobraba para construir una ruta, Báez compró estancias atravesadas por la obra y que serían inundadas por las futura represas. Quince años después, la ruta 9 es una trampa mortal para los conductores y las cuestionadas represas hidroeléctricas financiadas por bancos chinos, apenas tienen un 30% de avance.
La ruta provincial 9 se inicia a 47 kilómetros de El Calafate, en el cruce con la ruta nacional 40. En 2007, Austral Construcciones ganó la licitación para realizar obras generales y enripiado de 191 kilómetros entre dos rutas nacionales, N° 40 y N° 3, es decir, en el camino que une la cordillera con el mar. A Báez le pagaron para que mejorara una ruta que pasaba por sus estancias, donde se le expropiaría tierra, y que también sería el camino a las futuras represas hidroeléctricas. Cobró por la obra, la demoró durante años con la excusa que las represas afectarían el trazado de la ruta y nunca lo terminó.
El fiscal mostró un tuit de la vicepresidenta, que el 28 de enero del 2020 quien visitó las represas y recordó cómo ella exigió que la ruta fuera construida por el Estado Nacional como medida de compensación ambiental. “Nos llama la atención que la imputada no recordarse que durante su gestión al mando del Poder Ejecutivo el erario publico le abonó al grupo de Báez 525 millones de pesos para que concretara las ansiadas obras básicas de este camino y pese a esa suculenta inversión pública, todavía luce destruido e intransitable”, dijo el fiscal.
“Lázaro Báez siempre contó con información privilegiada”, afirmó Mola y enumeró las estancias adquiridas a partir del 2006 por el empresario.
Sólo en la cuenca del río Santa Cruz a través de Austral Construcciones y Austral Agro SA, Báez y sus hijos adquirieron 13 estancias por más de 200 millones de pesos, según los valores determinados por el Tribunal de Tasación en 2016. Mientras tanto, cobraba por la ruta que atravesaba sus propios campos y participaba en la compulsa para la construcción de las represas.
Así lo expusieron los fiscales hoy, durante su alegato en el juicio oral y público que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner juzgada por asociación ilícita y fraude al Estado, por presuntas irregularidades en el reparto de la obra pública durante sus dos gestiones presidenciales.
Las obras sobre la ruta provincial 9 tenían un presupuesto original de 199 millones, pero en marzo del 2007 le fueron otorgadas a Austral Construcciones por 238 millones, en tanto que se le pagó un anticipo financiero de 71 millones de pesos, antes del inicio de obra, que equivalía el 30% del monto contractual, según detalló el fiscal Mola hoy. Con diferentes excusas, se fue demorando la concreción, relató.
En 2011, a cuatro años de la fecha de inicio de obra, y cuando faltaban cuatro días para que se vencieran los plazos de prórroga, la empresa solicitó una modificación de obra que implicó un aumento de 93 millones de pesos, que equivalían a un incremento del monto contractual de 39%. El incremento era de US$ 21 millones al valor de ese momento. “Tenía una doble finalidad: acrecentar el cruce de fondos y otorgarles mayor plazo de ejecución de obra. Se otorgó una prórroga de 27 meses, más de dos años, para la finalización de los trabajos”, detalló el fiscal Mola.
Según mostró el fiscal, la empresa adujo que no se había “terminado de definir el trazado” de la ruta “dado que era coincidente con el valle de inundación del proyecto hidroeléctrico Cóndor Cliff-La Barrancosa”. La compañía sostuvo que era “un hecho ajeno a la obra”, pero al que estaba supeditada. Destacó que estaban pendientes “los cierres de los estudios hidrológicos y ambientales de la obra hidroeléctrica más importante de la región”.
La empresa explicó que con la presentación del diseño debían hacer ajustes de la obra, que tenía 192 kilómetros. De ese total, 13 kilómetros se iban a ver afectados por la inundación de las represas. “El camino coincidía en un sector ínfimo con el valle de inundación de Cóndor Cliff y La Barrancosa, si la traza afectaba a 13 kilómetros, ¿por qué no se avanzó con los restantes 170 que no estaban afectados por la obra; es decir, con el 93% de la obra?”, se preguntó el fiscal.
“A dos meses del inicio de esta obra Austral Construcciones se había embolsado el 30% del valor del contrato. Y luego de producido desembolso, la obra quedó paralizada por cuatro años. Lo que importaba era cobrar el anticipo financiero, señor jueces”, afirmó Mola.
Y recordó el testimonio del inspector de obra que se negó a certificar un acopio de materiales de áridos y piedras por 280.000 metros cúbicos, que nunca vio porque debieron haber existido acopios equivalentes a un cerro. El inspector se negó a certificar el acopio que no veía y fue sacado de la obra.
Para los fiscales, Báez uso un doble estándar: supo donde comprar estancias en el área donde construirían las represas pero usó de excusa no saber por dónde pasarían las aguas, detalló el fiscal.
Y mencionó las adquisiciones del empresario: Estancia Río Bote — el mes pasado fue rematada en la quiebra de Austral Construcciones por 39 millones de pesos-, Cruz Aike, El Campamento, La Julia, Ana, La Entrerriana, Anita, El Relincho, El Rincón, El Italiano, Los Médanos, La Santafesina, La Porteña. El fiscal recordó que la compra de estancias y la proximidad con las represas fue materia de una denuncia en el Congreso. Báez compitió con una UTE para intentar construir las represas, pero perdió.