Por Marcelo Cepernic
Me sorprende la cantidad de gente que se alegra por la prisión de Ricardo Jaime. Así como los que claman prisión para nuestra ex Presidente Cristina Fernández y tantos otros.
Puede parecer ingenuo lo mío, pero nuestra Constitución dice que las cárceles no son para castigo sino para reeducación del delincuente. Es cierto que no funcionan como manda la Carta Magna, pero esta idea de asociar la cárcel con el castigo, en mi opinión, es un defecto de nuestra formación ciudadana.
También es un error político grave porque líderes populares como Cristina, o Milagro Sala, u otros, se convierten en víctimas y mártires a los ojos de sus seguidores, que no logran conectar la gravedad de sus delitos con los beneficios personales obtenidos por de ellos.
Creo que sería muy saludable para la correcta conducta de los actuales o futuros dirigentes políticos que estas personas sean juzgadas y, una vez probado el delito, condenadas a devolver hasta el último peso de los dineros públicos que se robaron.
Entonces, con el mismo (y generalmente magro) patrimonio que tenían antes de ejercer la función pública, y devuelto para el bien común (salud,educación,obras,etc.) lo robado, deban caminar por las calles de sus pueblos sometidos al juicio crítico de la sociedad que entonces habrá podido ver y comprender la magnitud de los delitos cometidos.
Por Marcelo Cepernic
Me sorprende la cantidad de gente que se alegra por la prisión de Ricardo Jaime. Así como los que claman prisión para nuestra ex Presidente Cristina Fernández y tantos otros.
Puede parecer ingenuo lo mío, pero nuestra Constitución dice que las cárceles no son para castigo sino para reeducación del delincuente. Es cierto que no funcionan como manda la Carta Magna, pero esta idea de asociar la cárcel con el castigo, en mi opinión, es un defecto de nuestra formación ciudadana.
También es un error político grave porque líderes populares como Cristina, o Milagro Sala, u otros, se convierten en víctimas y mártires a los ojos de sus seguidores, que no logran conectar la gravedad de sus delitos con los beneficios personales obtenidos por de ellos.
Creo que sería muy saludable para la correcta conducta de los actuales o futuros dirigentes políticos que estas personas sean juzgadas y, una vez probado el delito, condenadas a devolver hasta el último peso de los dineros públicos que se robaron.
Entonces, con el mismo (y generalmente magro) patrimonio que tenían antes de ejercer la función pública, y devuelto para el bien común (salud,educación,obras,etc.) lo robado, deban caminar por las calles de sus pueblos sometidos al juicio crítico de la sociedad que entonces habrá podido ver y comprender la magnitud de los delitos cometidos.