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Anoche, en la asamblea que decidió medidas de fuerza

Autor: BLOG DE LA ASOCIACION CIVIL POLICIAL  DE SANTA CRUZ Y CONSEJO DEL SALARIO POLICIAL  El incumplimiento de pago en tiempo y forma por parte del estado provocó la escalada de una situación de altísima conflictividad que tiene antecedentes remotos en la Institución Policial santacruceña, cuyos fundamentos comenzaron a ser públicamente expresados por todos los policías santacruceños hacia el año dos mil doce. Pues con anterioridad no tenían siquiera la posibilidad de denunciar al masivo y sistemático aparato represivo de sus derechos humanos; dado que automáticamente eran cesanteados y/o exonerados “so pretexto” de mantener indemne el prestigio de la institución policial. A partir de entonces el Estado Provincial santacruceño comienza a reconocer la legitimidad del reclamo realizado mediante petitorio presentado durante del mes de Julio del año 2012 por el grueso del personal policial. A los fines de dar solución integral al petitorio presentado por los autodenominados “trabajadores policiales” se suscribe el Acta Acuerdo ratificada por Decreto Provincial 1450/12.- Ante el incumplimiento integral de lo pactado el personal policial santacruceño, exponiendo nuevamente el virtual “estado de necesidad” que más allá del acuerdo suscripto no se había solucionado lo que provocaba que los funcionarios policiales se vean obligados por el vínculo contractual a arriesgar innecesariamente sus vidas por la falta de equipamiento en general agravada por la ausencia total de políticas y estrategias en materia de seguridad ciudadana; se suscribe un nuevo acuerdo donde el Ejecutivo Provincial vuelve a comprometerse en dar una solución integral que revierta el estado de necesidad e indigencia absoluta que más allá del presunto interés del actor gubernamental no se había alterado. Tras ello y con la creación del Consejo del Salario Policial y de las Condiciones laborales se articuló un canal de diálogo que solo ha permitido una mera catarsis. Poco se ha conseguido con ello para superar ese insoportable estado de necesidad producto de la abrumante indigencia institucional acrecentada -cotidianamente- por la anomia y anemia que el propio estado institucional introduce.- Obran distintas actas paritarias y demás pruebas en las cuales se pone en conocimiento del aludido estado al Ejecutivo Provincial que durante los años dos mil catorce y dos mil quince aún se mantenía y debía ser soportado por los trabajadores policiales. En las que incluso, los funcionarios policiales, denunciaron ante la propia figura de los distintos Ministros de Gobierno y altos Jefes de Policía la eventual producción de delitos contra la administración pública realizados por Oficiales Superiores y Oficiales Jefes, incluidos presuntos hechos relacionados con la narco-criminalidad. Destacando que en nuestra institución el policía que realiza este tipo de denuncias termina siendo cesanteado so pretexto del indemne mantenimiento del “prestigio policial”.- En dichas reuniones del Consejo del Salario Policial y una multiplicidad de entrevistas mantenidas con representantes del Ejecutivo Provincial, incluso algunas de ellas entabladas con el propio Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, al momento de presentar un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para la Provincia se pusieron en evidencia el cúmulo de miserias que impedían al personal policial proyectar su porvenir y al mismo tiempo en forma indirecta, de mantener dicho status quo, se frustraba toda chance de que la ciudadanía toda acceda al derecho a la seguridad.- Durante cuatro años de dialogo con el Ejecutivo Provincial los trabajadores jamás lograron obtener los medios necesarios para que su actividad se ajuste a los principios lógicos y axiológicos establecidos en el ordenamiento jurídico positivo. La opacidad de la institución policial se volvió a fortalecer y se continuó la política de esconder las basuras bajo la alfombra.- Ni siquiera la cantidad de desenlaces traumáticos, suicidios, altísimos niveles de personal estresado, psíquicamente afectado, acosado laboral y sexualmente, notoria injusticia en la sustanciación de causas administrativas, aplicación de mecanismos encubiertos de castigo, lograron conmover un masivo y sistemático aparato de represión de derechos humanos articulado contra el trabajador policial que coloca permanentemente al sistema en la siguiente paradoja: “…no se puede pretender que el policía se convierta en garante de los derechos humanos de la sociedad cuando recurrentemente -en su propia institución- se le pisotean sus derechos humanos. En esta inteligencia, durante el año dos mil dieciséis y ante el advenimiento del nuevo gobierno los trabajadores policiales en diversas reuniones, con los nuevos actores gubernamentales, pusieron en conocimiento de estos los caracteres de esta aberrante situación. Efectivamente se trata de una pesada herencia, pero ello no justifica que las nuevas autoridades se comporten como herederos irresponsables. Las nuevas autoridades escucharon efectivamente las demandas, e incluso las verificaron pues el propio Jefe de Policía -en declaraciones recientes- ha expresado que esta situación no es ficticia. El actor gubernamental no se encuentra en condiciones de refutar el actual e inminente peligro que configura este estado de necesidad. Pues, el Estado mismo lo ha generado en el sector más vulnerable de la institución policial. Diariamente continúa poniendo en peligro la integridad física y psíquica de miles de policías que en cumplimiento de aquel vínculo contractual -en virtud del cual se los conmina a proteger la vida, la libertad, la propiedad y demás derechos de la ciudadanía, mediante el empleo de la violencia autorizada o su potencial amenaza de uso llegado el caso- deben ejercer tales oficios con la más alta precariedad sumidos en una alarmante degradación en lo que respecta a sus recursos materiales y simbólicos.- La función policial santacruceña del mismo modo que ocurre con su jornada laboral se encuentra virtualmente indeterminada. El policía no solo debe asegurar en el territorio los derechos humanos de la sociedad mediante el empleo de la fuerza o la potencial amenaza de su uso articulando mecanismos de prevención; sino que también debe conjurar el crimen y las faltas para el restablecimiento del orden. A lo que se debe sumar el hecho de que también se encuentra obligada a investigar los eventuales hechos criminales. Por si ello fuera poco debe también actuar en todo el territorio provincial contrarrestando los efectos de la producción de siniestros. La espuria reglamentación también les exige que se hagan cargo del sistema penitenciario. En ciertas localidades se le impone la obligación de realizar funciones de tránsito y de seguridad vial. Las actividades policiales en nuestra provincia se extienden hasta el infinito, pues también debe abocarse a funciones de mantenimiento edilicio, labores administrativas, de limpieza, cadetería, etc. Se trata de un dispositivo policial todo en uno; un diseño multirrubro o todo terreno que impide la especialización y la profesionalización frustrando con ello la realización propia de la vocación. El estado de necesidad se genera debido a que las principales funciones, que diariamente llevan adelante los trabajadores policiales, constituyen actividades que cargan consigo el riesgo cierto de perder la vida. Prevención de delitos y faltas, conjuración de los mismos, investigación de la criminalidad común y compleja, custodia de detenidos procesados o condenados por los operadores del sistema judicial, gestión de los siniestros etc. Todas estas actividades de altísimo riesgo los trabajadores policiales deben afrontarlas cotidianamente sin medio alguno. En un estado de degradación absoluta de sus condiciones materiales y simbólicos como resultado de ausencia total de políticas y estrategias adecuadas al incremento de los niveles actuales de criminalidad y su proceso de complejización, el incremento de los siniestros y sus nuevas manifestaciones, el crecimiento de la población prisionalizada, y especialmente el advenimiento de un orden democrático que le exige al trabajador policial nuevas formas de gestionar la conflictividad social. El Estado Provincial santacruceño desde la recuperación del orden democrático de gobierno al no actualizar las bases normativas, doctrinarias, orgánicas y funcionales y no dotar de los medios necesarios a la institución policial para el logro de los fines que luego les exige “so pena” de sanción disciplinaria; ha convertido a la función policial en una actividad totalmente irracional. Debido al sencillo hecho de exigirle a alguien lo que humanamente resulta imposible de hacer si no se cuentan con los medios idóneos para ello. Los trabajadores policiales tienen plena conciencia de la naturaleza de las actividades que desarrollan y efectivamente han asumido que la misma implica peligro para su vida. Saben que dicho status genera deberes especiales y deben correr los riesgos específicos de sus profesiones. El Estado al no regular su actividad adecuadamente, no capacitarlos, equiparlos y asegurar la indemnización -ante la producción de eventuales daños en el ejercicio de sus funciones- no puede pretender, tras su inacción, que estos en cumplimiento de sus deberes -de soportar peligros- se vean obligados a sacrificar sus vidas. El propio Estado se encuentra obligado a articular los medios necesarios para evitar estos peligros de muerte segura. La situación, que los actores gubernamentales vienen produciendo, incrementan la base de riesgo respecto a esta cuestión policial y no permiten ninguna salida digna a su sector más vulnerable que debe enfrentarse a personas armadas sin armas ni protección alguna, o bomberos que deben gestionar siniestros sin los dispositivos de seguridad que se ajusten a los estándares mínimos exigidos o los penitenciarios que deben abocarse a la custodia de prisionalizados sin los medios idóneos para ello. Las cuotas de injusticia e irracionalidad se agravan aún más, pues los policías santacruceños saben a ciencia cierta los obstáculos que ellos o sus deudos deberán sortear para lograr indemnizaciones tras los daños sufridos en el ejercicio de esta profesión que genera el deber especial de asumir riesgo, pero -repetimos- no de sacrificarse. Sería ocioso pretender que para asegurar los derechos de los ciudadanos el propio Estado exija que sus policías se inmolen so pretexto del mantenimiento de un sistema de seguridad. Irracional e injusto sería que los costos para asegurar derechos humanos en tiempos de paz -en el seno de una sociedad- se exija el sacrificio de vidas humanas. Los status, como el del policía, el penitenciario, el bombero, los jueces o los médicos y todos aquellos cuyas profesiones exigen deberes especiales, o aquellas actividades consideradas riesgosas no exigen el sacrificio de la vida de sus ejecutores. Pues el valor vida es imponderable. La vida de los policías tiene idéntico valor que la de cualquiera y ni siquiera el Estado, o la voluntad de las mayorías, se encuentra en condiciones de generar todos los factores para conducir a un grupo de personas a una muerta segura.-