P1070068Por Héctor Barabino.- La Caja de Previsión tiene un déficit de alrededor de $2.500 millones anuales, que financia la provincia desde el primer día de 2012 luego de que la entonces presidenta Cristina Fernández decidió no remitir más a Santa Cruz la asistencia para cubrir el desequilibrio previsional. El financiamiento nacional tuvo origen en En 1999, cuando el gobernador Néstor Kirchner firmó el Compromiso Federal ratificado por las leyes 25.235 y 25.400 a través del cual  Nación se comprometía a financiar los déficit de los sistemas provinciales no transferidos a cambio de que las provincias, «armonicen» sus sistemas con el del ANSES en un plazo de 180 días. Santa cruz nunca cumplió con aquel pacto firmado en tiempos de Menem y prorrogado con De la Rúa, siempre con Domingo Cavallo como ministro de Economía y Néstor Kirchner como gobernador. En 2009 Cristina Fernández firmó el decreto 347/09 que en su cláusula tercera indica “Para el período 2009-2011, La Provincia manifiesta su decisión de impulsar un proceso de armonización de su normativa en materia de jubilaciones, pensiones y retiros. Para ese fin, asume el compromiso de dictar y promover en los ámbitos institucionales correspondientes, las normativas necesarias para tornar operativo el contenido integral del presente acuerdo, en un plazo máximo de tres años, a contar desde la firma del presente convenio. Fue el último acuerdo, incumplido. Los intentos frustrados y la reforma de 2010 De allí que en diciembre de 2011 la presidenta diera la orden a los diputados de La Cámpora de imponer una ley de emergencia que incluyera reformas en la ley previsional que armonizara con los parámetros de Nación, elevar la edad para acceder al beneficio, adecuar los porcentajes de aportes y contribuciones y eliminar la movilidad, entre otros ajustes. Aquella intención reformista fracasó gracias a la reacción de gremios estatales que puso en jaque a los diputados dirigidos por Máximo Kirchner, quienes en su debut tuvieron que salir por la ventana de la legislatura asediados por los manifestantes. De todos modos ya en diciembre de 2010 el gobierno había introducido cambios en la ley 1782 con nulo impacto para el déficit de la Caja, y un enorme perjuicio para los jubilados. A través de una ley votada por el FPV,  determinó que el haber jubilatorio  promediando el salario de los últimos cinco años del trabajador,  y creó el aporte solidario que pagarían los nuevos jubilados aportando entre un 7 y un  12 % de su haber.  El aporte solidario fue una de las más brutales reducciones salariales que impuso el kirchnerismo. Las causas  del desfinanciamiento Las causas que provocaron lo que el gobierno llama déficit y en rigor es producto de su irresponsable política de desfinanciamiento son múltiples, y lo tienen como autor exclusivo. Las “sumas fijas no remunerativas” que el gobierno llamaba aumentos salariales llegaron a constituir más de la mitad del sueldo. Ejemplo, el sueldo básico de un docente no alcanzaba los 100 pesos y el presentismo que tampoco aportaba a las cajas, constituía la mitad del salario. Durante una década se pagó contratos basura con sueldos en negro a miles de estatales a través de diferentes planes, quienes a partir de 2005 se fueron incorporando a planta. En el sector docente el estado provincial durante 15 años contribuyó solo el 5,5% en lugar del 15,5% por «un error de tipeo», mientras que el trabajador aportó religiosamente el 14%. Otra de las causas del descalabro fue la falta de cumplimiento de la llamada Ley de Reciprocidad, por la cual un trabajador que certifica 15 años de aportes al ANSES, con 16 aportados al sistema provincial alcanza una jubilación santacruceña, aunque la provincia luego no reciba el dinero aportado al organismo nacional por parte del trabajador. Pero quizás el agujero negro más dañino para el sistema de seguridad social hoy en crisis, fue el que instaló Néstor Kirchner en los noventa enviando a los intendentes ayuda para pagar sueldos,  sin que ninguna de las partes pagara los aportes y contribuciones a las cajas. Tal vez por eso durante dos décadas  la Caja de Previsión no confeccionó los balances anuales. En ese período, una de las máximas responsables fue quien presidió el organismo durante 10 años, Mónica Morandi, actual Contadora General de la provincia. La gobernadora Alicia Kirchner repitió hasta el cansancio que “la Caja no va a ser transferida a Nación” , una promesa que ahora deberá sostener. Aunque al kirchnerismo no le sienta tan mal que Nación le imponga la condición de armonizar la Caja de Jubilaciones a cambio de ayuda económica. En definitiva es lo que siempre quiso y nunca se animó a hacer. Doble triunfo para Alicia. Recibiría los fondos que necesita como el agua y se sacaría de encima el problema de la Caja, y como si fuera poco, los costos políticos correrían por cuenta de Macri.