Por Héctor Barabino.– En todo gobierno la tensión entre política y economía suele definir el éxito o el fracaso de una gestión. Son las dos alas que deben mantenerse en perfecto equilibrio para no alterar el rumbo hacia donde se quiere ir, y ninguna puede imponerse sobre la otra sin poner en riesgo la estabilidad del conjunto. Las lógicas disputas internas dentro de los equipos de gobierno, completan el cuadro de la dinámica de una gestión. La decisión del gobierno nacional de ceder a la provincia la administración del hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate y el hospital Peliche de Río Gallegos, genera tensión dentro de los socios mayoritarios de Cambiemos, el Pro y la UCR.  ¿A quién beneficia o le conviene esta decisión del gobierno de Macri de entregar la administración del SAMIC al kirchnerismo,  su principal adversario político?  En principio la sociedad es una convidada de piedra en estos cambios de manos y acuerdos o negociaciones entre gobiernos que nunca se llevaron bien. En estos treinta meses de gestión, Alicia Kirchner ha demostrado que, con plata o sin ella, no está en su ADN gestionar políticas públicas. La Salud, como la Educación, la Seguridad Social, o la economía de desarrollo, no fueron objetivos de gobierno durante 28 años de administración del FPV. Solo la puja por la permanencia en el poder, y la búsqueda de proyectos personales. Cuando no, de proyectos patrimoniales. ¿Por qué ahora el kirchnerismo va a hacer una excepción con el SAMIC, o el Peliche, «recuperados», según la jerga de los dueños del estado?  Para colmo durante el breve lapso en que administró el Peliche cometió una serie de irregularidades vinculadas a la triangulación de fondos con la UTN, y el vencimiento por desidia de 15 mil kilos de leche. El hospital de El Calafate cuenta con una estructura de funcionamiento con personal y equipamiento médico que presta un servicio que supera en calidad y eficiencia a la mayoría de los hospitales públicos y centros de salud en manos de la provincia. Para sostener este estándar hoy cuenta con un presupuesto de 680 millones de pesos, de los cuales el 65% los costea Nación, y el resto la provincia. Este esquema de financiamiento seguramente se mantendrá, de lo contrario es imposible el traspaso. Quedará en manos de la ministro Rocío García, no promediar para abajo la calificación del SAMIC. Eduardo Costa recibe los impactos  La estructura SAMIC-Peliche, junto a YCRT, y el proyecto de represas sobre el Río Santa Cruz, conforman los enclaves que vinculan al gobierno nacional con la provincia, las «vidrieras» donde Cambiemos puede mostrar su capacidad para gestionar políticas públicas. A los vaivenes de las represas hoy amenazadas por las mismas razones presupuestarias y de metas fiscales por las cuales nación se desprende del SAMIC, se suma la siempre en vilo YCRT, que aún no puede superar las secuelas de 12 años de oportunidad perdida por el despilfarro y la corrupción, y ahora, los coletazos de un ajuste que llegó tarde. YCRT también espera el veredicto de nación sobre su continuidad, privatización, o traspaso a la provincia.  En este panorama de incertidumbre, el senador Eduardo Costa, es el que recibe los impactos negativos de las decisiones nacionales de un gobierno al que apostó con convicción, y en el que hasta ahora puso más de lo que recibió a cambio. Cambiemos ni siquiera pondera que cuenta en Santa Cruz con el único candidato que ya le ganó al kirchnerismo en su tierra y cuenta con posibilidades de arrebatarle el poder en 2019. Paradojas del arte de lo posible, Costa debe estar pensando que con los Kirchner en la presidencia le iba mejor.  Blandía un discurso crítico, y cosechaba votos. Hoy asiste en silencio al riesgo de que sus chances electorales se diluyan entre los errores de Cambiemos. Con poco margen de maniobra y tiempo, debe decidir entre romper el silencio y sepultar la alianza con sus socios de Cambiemos, o hundirse en el ostracismo a la espera de un destino que ni si quiera dependerá de él.