Por Javier Stoessel.- En respuesta al requerimiento efectuado el 6/8/18, el Tribunal Superior de Justicia hizo saber el día 29/8/18 que, en sustitución del integrante representante de la legislatura provincial para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, designó a la Dra. Reneé Fernández, quedando así integrado con dos miembros del Tribunal y un letrado del foro. Conforme al texto constitucional -art. 129- el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe estar integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia, un Diputado letrado -si lo hubiere- y un letrado del foro, y agrega que “… Si no hubiere diputado letrado será reemplazado por otro miembro del Tribunal Superior …”. El Tribunal Superior de Justicia sólo está habilitado a designar otro integrante en el supuesto de que no exista diputado letrado, siendo de público conocimiento la existencia de Diputado Letrado. Sin embargo, al no resultar el mismo del agrado político del gobierno, el FPV en la legislatura se negó a su designación. Como resultado, tenemos hoy que al Poder Judicial lo controla el mismo Poder Judicial, en violación del texto constitucional. Una vez más las instituciones republicanas en Santa Cruz se ven avasalladas, habiendo el Tribunal Superior de Justicia confirmado la supresión del órgano de control de la actuación de los Jueces; integrándolo en contra del texto expreso de la constitución, con dos integrantes del Tribunal Superior de Justicia; privando a los ciudadanos de la garantía del art. 129 de la Constitución. El último pedido de Jury y el último pronunciamiento del Jurado de Enjuiciamiento fue precisamente al tratarse el pedido de investigación hacia el actuar de la Dra. Reneé Fernández, y el único Diputado Letrado -que entonces sí fue designado como integrante del Jurado de Enjuiciamiento- falló a favor de dar curso al pedido de investigación; situación que exime de todo análisis sobre las motivaciones del bloque mayoritario de la legislatura al negarse a la designación. Ya en el año 2.015 se interpuso un amparo en razón de que el Tribunal Superior de negaba a realizar el sorteo para la constitucional designación del integrante letrado -se encontraba entonces pendiente el pedido de Jury a la Juez de Instrucción de Río Turbio- , hoy, el FPV se niega en la Cámara de Diputados a designar su representante y el Tribunal lo sustituye por la Dra. Fernández, de modo abiertamente contrario al texto constitucional. La ausencia de mecanismos reales y legales de control del Poder Judicial no debiera ser indiferente ni pasar inadvertida. Fomenta el abuso del poder, genera espacios de arbitrariedad, garantiza la impunidad, produce esta Justicia de Santa Cruz que ha guardado silencio durante muchos años, y lo sigue haciendo, como si la corrupción sólo fuera posible con fondos y por funcionarios nacionales. Seguimos permitiendo que se viole la constitución. *Abogado y vocal en el Tribunal de Cuentas.