*Por Javier Stoessel
El control del virus para el gobierno provincial, significa anular el control del gasto, restringir el funcionamiento de los poderes del Estado, controlar los medios de comunicación, y ahora, controlar lo que se dice en las redes sociales –ciber patrullaje- pero un poco más, también controlar quién tiene la libertad cívica de opinar y decir en redes sociales, y quién no.
Prohíbe a los policías y al personal de agencia vial, difundir inclusive información pública en sus perfiles personales.
Otra violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, esta vez por parte del Ministro de Seguridad de la Provincia, pretendiendo restringir la libre circulación de la INFORMACIÓN que naturalmente debiera estar al alcance de todos, en tanto base para el ejercicio democrático, de la libertad de expresión y de pensamiento.
Mediante Resolución 63/20 del Ministerio de Seguridad -publicada en el boletín oficial del 16/4/20-, por su artículo 3 se establece la prohibición “:.. para todo el personal perteneciente al SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA PROVINCIAL, la publicación de contenidos sobre información pública e institucional, como así también la creación de perfiles públicos que vulneren la imagen institucional o copia de la misma, asimismo la publicación en redes sociales sobre acciones propias del desempeño de su actividad profesional, acciones de las instituciones que conforman el sistema público de seguridad de la provincia y de todo acto que quiebre la imparcialidad en lo atinente a la participación en actividades políticas o que de ellas procedan, en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos en la presente”
Esta prohibición, que implica un control sobre lo que publican en sus perfiles personales, alcanza a todos quienes componen el SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROVINCIAL: Ministerio de Seguridad, Policía Provincial, Agencia de Seguridad Vial, Servicio Penitenciario Provincial, Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral.
Hace pocos días (el 10 de abril), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya previendo los abusos y violaciones de derechos fundamentales a que están acostumbrados nuestros gobiernos autoritarios y dictadores democráticos de turno, advirtió en el artículo 32 de la Resolución 1/20 (sobre el respeto a los derechos humanos en la pandemia), que los estados debían:
"... 32. Respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet. … “
Se refirió concretamente a la imposibilidad de incidir en el tráfico de la información pública, atacando la libertad civil en cuentas particulares de internet.
A contramano de lo que observamos en nuestra provincia, la recomendación de los organismos internacionales –sobre las medidas adoptadas por los estados durante la pandemia, recomendó:
“... 33. Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones.”
Las nuevas restricciones, parecen innecesarias, y contraproducentes. Paralelamente, el limitado funcionamiento del Poder Judicial y de la Legislatura Provincial, solo aumenta el terreno para el crecimiento de la arbitrariedad.
Debiéramos, como ciudadanos, prestar más atención a los avances del autoritarismo, con disposiciones que además llegan para quedarse.
* Abogado-Miembro de Patagonia por los DDHH. Ex vocal del Tribunal de Cuentas