Hector Barabino
Por Hector Barabino

El «vacunagate» como nombraron en Perú al caso de cerca de 500 funcionarios que fueron inmunizados aprovechándose de su condición de privilegio, tuvo su correlato local en la decisión de directores de hospital de vacunar por su cuenta a intendentes, legisladores y grupo familiar que naturalmente comparten el funcionariato y conviven en un mismo espacio político.

En realidad fue una decisión de los responsables de los hospitales de Gobernador Gregores y de Piedra Buena, pero compartida con los receptores de las vacunas, tan funcionarios y tan responsables como el médico que ahora fue desplazado del cargo.

Porque tanto el intendente Federico Bodlovic, como su esposa Bernardita Manucci, jueza de Paz, no podían ignorar que estaban cometiendo una falta grave con su acción, que estaban eludiendo un plan estratégico de vacunación diseñado por el gobierno al cual pertenecen.

El jefe comunal es miembro del COE y es el encargado de dictar las normas sanitarias para evitar la propagación del virus, y de controlar que los ciudadanos las cumplan, y eventualmente, de sancionarlos.

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Y el padre del Intendente, el diputado José Bodlovic, es el vicepresidente primero de la legislatura, ocupa el tercer cargo en el orden institucional luego de la gobernadora y el vicegobernador.

¿Desconocía que mientras él y su esposa accedían a una vacuna por asalto, dejaban sin la correspondiente dosis a un trabajador esencial de la salud, o a un adulto mayor tan necesitado como él de inmunizarse contra el virus letal?

Un dato que no puede soslayarse es que el caso se destapó gracias a un audio registrado durante una asamblea en el hospital de Piedra Buena, en la que el director reconoce haber autorizado la vacunación del intendente, su esposa y el chofer oficial.

Las redes sociales traccionaron los dichos del funcionario a través de whatsApp y posteos, y las páginas digitales terminaron de producir la noticia que rápidamente llegó a medios nacionales.

¿Se habría conocido el affaire de las vacunas diez o quince años atrás sin los smartpfhone y los invalorables recursos multimedia que proveen y que hoy están al alcance de casi todo el mundo?

Seguramente no. De hecho, los medios locales de comunidades chicas y feudales suelen ignorar las notas duras por cercanía con el vecino intendente, o por privilegiar la conveniente pauta oficial.

En la capital, el diario papel más importante, La Opinión Austral, ignoró el hecho hasta que el gobierno dio luz verde para «informar» sobre «el escándalo de las vacunas».

La inédita reacción del gobierno involucrándose en el caso, iniciando sumarios de investigación y apartando a los directivos de los hospitales son medidas que estuvieron a la altura de la gravedad del asunto a investigar. ¿A los funcionarios que recibieron la vacuna a sabiendas de que estaban cometiendo una falta, quién los sanciona?

Hay dos intendentes involucrados, el de Gobernador Gregores, Héctor Vidal, y el de Piedra Buena, Federico Bodlovic. La esposa de este último, y Jueza de Paz, Bernardita Manucci y el padre del intendente y diputado provincial, José Bodlovc.

No puede quedar todo en que «es una cuestión moral o ética», porque «no hubo ilícito».

El gobierno tiene acceso la base de datos oficiales del Sistema Integrado para Información Sanitaria Argentina (SISA), donde constan los datos del plan de vacunación contra el Covid-19.

Ahora tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuenta con los resortes para hacerlo? Tal vez por la vía judicial no, aunque en Santa Cruz jueces y fiscales (con excepción de un par) dependen del Ejecutivo y militan judicialmente para el gobierno.

Pero bien podría a expensas de su arrolladora mayoría en la legislatura provincial, impulsar una acción pidiendo explicaciones al diputado Bodlovic.

¿Quién va a pedirle rendición de cuentas al diputado nacional Juan Vázquez ? Sus pares en el Congreso de la Nación, «por la comisión de un acto inmoral que afecta la investidura de este honorable Cuerpo?», podría suponerse en un esfuerzo de imagincación extrema.

De allí que la situación de la Jueza de Paz y esposa del intendente Bodlovic esté más complicada, ya que fue elegida por la gobernadora, Alicia Kirchner, y designada por el Tribunal Superior de Justicia.

En Chubut se investiga el robo de 30 dosis de Sputnik V, sustraídas del Hospital Regional. La fiscal ya realizó 15 allanamientos en su mayoría en viviendas de trabajadores del Hospital Regional: enfermeros, personal de limpieza y de seguridad.

Se presume que quienes se apropiaron de las dosis lo hicieron aprovechando su condición de empleados del hospital, y tenían acceso al lugar donde estaban depositadas las vacunas.

Ingresaron con sigilo, retiraron las dosis y se marcharon a sus domicilios. O no, quizás hasta se las inocularon ahí mismo, eso lo develará la investigación en marcha.

En el caso de los funcionarios de Gobernador Gregores y de Piedra Buena, está probado que la vacuna se la llevaron puesta.

¿Cuál es la diferencia?