Javier Stoessel
Por Javier Stoessel

La protesta convocada para el 1° de febrero contra la Corte es para pedir por su destitución, en los términos «echemos a patadas a esta Corte miserable”, según manifestó Luis D´Elia uno de los convocantes. Solo por ello, un presidente de una Democracia y de una República jamás debería avalarla, y antes debería –por lo menos- llamar a la reflexión.

Sin embargo, la convocatoria cuenta con el aval no solo de referentes Kirchneristas (más que el apoyo, son sus organizadores), sino de funcionarios en ejercicio de mandatos legales y Constitucionales, como el Vice Ministro de Justicia –Martín Mena- y ahora del mismo Presidente de la Nación, aval que se pone en contradicción con su juramento de asunción de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional.

La Corte tiene aún muchas deudas y casos pendientes. Muchas veces se pronuncia tarde y sin estar a la altura de los momentos históricos que atraviesa el país y que requerían de ella un compromiso con el Derecho, la Constitución y los Derechos Humanos.

Pero no es a sus integrantes en particular a quienes se debe defender, sino a la institucionalidad misma.

Así como, y a pesar de la ineficiencia e hipocresía de este gobierno nacional, jamás podría avalarse un golpe de estado o que se convoque desde sectores políticos a “echarlos a patadas”, tampoco puede el mismo Presidente de la Nación manifestarse a favor de una marcha convocada en tales términos.

Y pareciera ser que es solo el nivel de repudio y rechazo social lo que hoy detiene este avance.

Y si las críticas contra la Corte obedecen a razones de tal gravedad como plantea el gobierno para justificar su arremetida, es desde el mismo poder político que deben aplicarse los resortes institucionales que correspondan -juicio político, por ejemplo-, en lugar de alentar convocatorias que, como por error, van planteando gradualmente métodos sediciosos.

El accionar del Presidente y su Viceministro de Justicia sólo tiende a dar la razón a quienes sostienen que el proyecto del gobierno implica sujetar el Poder Judicial al poder político como garantía de impunidad de los gobernantes, y ejercer presión sobre el modo en que se decidirán las causas aún pendientes en la Corte.

Entre las causas pendientes en la Corte Suprema y que más inquietan hoy al Kirchnerismo está la demanda del gobierno de Ciudad de Buenos Aires por la quita de fondos coparticipables (unos 65mil millones anuales); las quejas interpuestas por Milagros Sala por su libertad; los recursos de Cristina Kirchner en las causas penales en que se encuentra imputada (como el presentado en la causa de Vialidad Nacional); el recurso presentado por el Vicepresidente del PJ bonaerense contra la elección de Máximo Kirchner frente al partido; entre otros, generando preocupación en el Frente de Todos la postura que pudiera adoptar la CSJN luego del fallo emitido en torno a la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura y la orden de restitución de fondos coparticipables a Santa Fe.

La defensa del modelo de Estado democrático y republicano, aun cuando la configuración real del poder esté lejos de él e intente seguir alejándose, es lo que posibilitará la reconstrucción institucional sobre el pacto social establecido en la Constitución, en contra del camino propuesto por el partido hoy gobernante, que parece dirigirse a la autocracia.

Como ya se dijo, lo que está en peligro es la democracia.

*Abogado. Presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos.