actualidad.$4.500 millones: La otra deuda que el gobierno contrajo ilegalmente, ya gastó, y ahora no podrá pagar por orden judicial
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En mayo de este año diputados del FPV aprobaron por simple mayoría el Convenio de Asistencia Financiera, con fecha noviembre de 2015, por el cual Nación envió a Santa Cruz 4.500 millones de pesos "para hacer frente al pago de haberes y aguinaldos de la Administración Pública Provincial". Fondos en viados por Cristina Fernández a Daniel Peralta.
Diputados de la oposición encabezados por Roxana Reyes, presentaron un amparo ante el juez Francisco Marinkovic solicitando la nulidad de la ley Nro 3.474, "por resultar nulo el proceso de formación de la Ley", fundamentan los legisladores.
De acuerdo a la Constitución Provincial la toma de empréstitos que comprometan la coparticipación debe ser aprobado por mayoría especial de los dos tercios de los legisladores.
El juez Marinkovic hizo lugar ayer a la cautelar, y dispuso “suspender la vigencia de la Ley Nº 3.474 (cuya nulidad e inconstitucionalidad se solicita) y del cronograma de pagos que incluye el Convenio de Asistencia Financiera que dicha ley aprueba”, cuyo primer vencimiento opera en enero de 2017.
En su parte resolutiva, ayer el juez notificó a las partes de su decisión de ordenar “al Estado Provincial el informe previsto en el artículo 7 de la Ley 1.117, el que deberá ser presentado en el término de 2 (dos) días hábiles y bajo apercibimiento de ley”.
La decisión de dar curso a la medida cautelar la funda el juez en el hecho de que “la ejecución de actos relativos al convenio por cualquiera de las partes intervinientes podría generar daños de difícil reparación ulterior, por lo cual considero justificada una actuación preventiva que suspenda los actos de ejecución de la ley atacada durante la tramitación de la causa”, dispuso el dr Marinkovic.
Para la diputada Reyes, “la urgencia de obtener fondos o hacer caja no puede suponer violar los controles ", y faltarle el respeto al pueblo de Santa Cruz", cuestionó la legisladora radical en mayo cuando los diputados del FPV votaron el Convenio y el compromiso de pago.
“Necesitamos saber por qué estamos endeudandonos, cuando entraron esos fondos y dónde fueron aplicados. Si vamos por los barrios preguntándole a los vecinos estoy segura que nadie sabe ni vio obras por esos 4500 millones de pesos que alegremente Bessi y los diputados de La Cámpora aprobaron.”
Reyes enfatizó que "no existe en la provincia ninguna registro del ingreso de esos fondos", y destacó que "nadie ve obras de envergadura ni en salud, ni en infraestructura que justifiquen este endeudamiento".
“En Santa Cruz quebró el modelo: somos una provincia rica en recurso y con un ingreso per capita muy alto que no puede permitirse seguir endeudandose sin sincerar los números de Santa Cruz", enfatizó Reyes.
En mayo de este año diputados del FPV aprobaron por simple mayoría el Convenio de Asistencia Financiera, con fecha noviembre de 2015, por el cual Nación envió a Santa Cruz 4.500 millones de pesos "para hacer frente al pago de haberes y aguinaldos de la Administración Pública Provincial". Fondos en viados por Cristina Fernández a Daniel Peralta.
Diputados de la oposición encabezados por Roxana Reyes, presentaron un amparo ante el juez Francisco Marinkovic solicitando la nulidad de la ley Nro 3.474, "por resultar nulo el proceso de formación de la Ley", fundamentan los legisladores.
De acuerdo a la Constitución Provincial la toma de empréstitos que comprometan la coparticipación debe ser aprobado por mayoría especial de los dos tercios de los legisladores.
El juez Marinkovic hizo lugar ayer a la cautelar, y dispuso “suspender la vigencia de la Ley Nº 3.474 (cuya nulidad e inconstitucionalidad se solicita) y del cronograma de pagos que incluye el Convenio de Asistencia Financiera que dicha ley aprueba”, cuyo primer vencimiento opera en enero de 2017.
En su parte resolutiva, ayer el juez notificó a las partes de su decisión de ordenar “al Estado Provincial el informe previsto en el artículo 7 de la Ley 1.117, el que deberá ser presentado en el término de 2 (dos) días hábiles y bajo apercibimiento de ley”.
La decisión de dar curso a la medida cautelar la funda el juez en el hecho de que “la ejecución de actos relativos al convenio por cualquiera de las partes intervinientes podría generar daños de difícil reparación ulterior, por lo cual considero justificada una actuación preventiva que suspenda los actos de ejecución de la ley atacada durante la tramitación de la causa”, dispuso el dr Marinkovic.
Para la diputada Reyes, “la urgencia de obtener fondos o hacer caja no puede suponer violar los controles ", y faltarle el respeto al pueblo de Santa Cruz", cuestionó la legisladora radical en mayo cuando los diputados del FPV votaron el Convenio y el compromiso de pago.
“Necesitamos saber por qué estamos endeudandonos, cuando entraron esos fondos y dónde fueron aplicados. Si vamos por los barrios preguntándole a los vecinos estoy segura que nadie sabe ni vio obras por esos 4500 millones de pesos que alegremente Bessi y los diputados de La Cámpora aprobaron.”
Reyes enfatizó que "no existe en la provincia ninguna registro del ingreso de esos fondos", y destacó que "nadie ve obras de envergadura ni en salud, ni en infraestructura que justifiquen este endeudamiento".
“En Santa Cruz quebró el modelo: somos una provincia rica en recurso y con un ingreso per capita muy alto que no puede permitirse seguir endeudandose sin sincerar los números de Santa Cruz", enfatizó Reyes.
