Senadora GarcíaLa senadora por Santa Cruz, Virginia García, consideró que la ley de extinción de dominio es «un atropello a la Constitución Nacional». En sus argumentos consideró que «va en contra de las garantías constitucionales del debido proceso, va en contra de la presunción de inocencia, contradice también la prescriptibilidad de las acciones, el principio de legalidad y el principio de la irretroactividad de la ley«, fundamentó la legisladora. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados,  busca la repatriación y recuperación a favor del Estado de bienes obtenidos por medios ilícitos, y fue explicada en el Plenario de Comisiones del Senado, por el ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, junto a la secretaria de Seguridad Patricia Bullrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Desde 2010 y hasta el 10 de diciembre de 2015 Virginia García se desempeñó como Directora Regional de la AFIP, con sede en Río Gallegos, período durante el cual el empresario Lázaro Báez evadió aportes por 223 millones de pesos.  A García le hubiera tocado controlar a Báez, un posible candidato a la aplicación de la futura ley de extinción de dominio, si prospera. Argumentos Durante el plenario, la senadora Virginia García planteó las diferencias sustanciales con esta ley al afirmar, «pensamos que es una lástima que para tan noble objetivo, como lo es el de la persecución de los delitos de criminalidad organizada, se haya elegido una herramienta que es un verdadero atropello a la Constitución Nacional», señaló. Consideró que lo que intenta la ley es «hacerse de bienes sin sentencia firme, de este modo todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario», y nuevamente cuestionó a los funcionarios y senadores, «debemos saber qué pasaría si finalmente no hay condena». Así consta en la denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico que realizó la AFIP, a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, “por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas que forman parte del grupo económico encabezado por Lázaro Báez. El ilícito denunciado está contemplado en el Art. 9° de la Ley Penal Tributaria y Previsional comprende a los responsables y/o las personas que resulten autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos cometidos en beneficio de las firmas mencionadas”. El periodista Hugo Alconada Mon escribió en La Nación,  “la protección también se plasmó en Río Gallegos, donde Echegaray designó a la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, al frente de la regional que debía revisar los números del supuesto testaferro de los Kirchner. “En los casos de las inspecciones a Báez, Lázaro, y Báez, Martín, los casos se habían iniciado en 2013 en la Dirección Regional Río Gallegos. En los casi tres años transcurridos desde el inicio de las inspecciones el avance verificado fue virtualmente nulo”, alertó la nueva gestión de la AFIP. No sólo eso, el actual titular del organismo, Alberto Abad, cerró esa regional. Entre sus argumentos en contra de la ley de extinción de dominio, Virginia García planteó «como Senadores debemos estar acorde con las demandas sociales, éstas demandas fueron cambiando a lo largo del tiempo, la Ministra de Seguridad se acordará de que antes el pedido era ‘que se vayan todos’. Hoy las demandas sociales tienen que ver con el tarifazo, porque la gente llega a su casa y le llega la boleta de la luz, el gas, el agua, sufre el aumento del transporte público, recibe los telegramas de despido, y no hay que olvidar que todas estas cuestiones están bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional», fundamentó.