13880362_296392024048853_3407917017309157277_nSi bien durante el fin de semana el gobierno a través de la prensa oficial difundió profusamente que «Se completó el pago de salarios de octubre», lo cierto es que a diez meses de asumir la gobernación,  Alicia Kirchner nunca pudo cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones salariales. Por el contrario, cada mes afronta más dificultades para abonar los sueldos, pagándolos fuera de término, de manera desdoblada, y en medio de persistentes paros de los gremios estatales con la excepción de los sindicatos kirchneristas. A la fecha aún resta cancelar los aumentos acordados en paritarias a policías y docentes, los que si bien Economía comprometió «cancelarlos por suplementaria», después del día 20, el gobierno siempre aclara que lo hará «de acuerdo a los ingresos que perciba la provincia», para esa fecha. Peor le va a los municipios a quienes la provincia asiste con fondos para salarios, con la excepción de Río Gallegos, y El Calafate, el resto de las comunas no puede cumplir con el sueldo de sus empleados hasta después de la primera quincena. Diciembre y aguinaldo, una meta amenazante Según declaró el vicegobernador Pablo Gonzalez días atrás «entre diciembre y enero, para hacer frente al pago de sueldos y aguinaldos, la provincia requerirá contar con recursos por unos 3.400 millones”. La provincia además de los ingresos coparticipables y la recaudación impositiva apunta a a avanzar con un endeudamiento previsto en 10 diez mil millones de pesos. Por ahora la toma de empréstitos se encuentra trabada judicialmente a la espera de una resolución del Tribunal Superior, sobre la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el FPV por mayoría simple durante la escandalosa sesión del 23 de junio. No obstante en la última sesión el oficialismo insistió, y de la mano de La Cámpora logró imponer las manos para que la provincia se endeude en el exterior. Entre los compromisos de pago que debe afrontar la administración de Alicia Kirchner, figura en primer orden el pago en enero de 2017 de la primera cuota del convenio/préstamo de Nación, por 4500 millones de pesos. Se trata de fondos que durante todo el 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández envió a la gestión de Daniel Peralta para afrontar compromisos financieros, los que el estado ya consumió y que el kirchnerismo, también de modo inconstitucional, convirtió en un convenio de pago. La ley que emergió de aquella sesión en mayo, también está cuestionada judicialmente.