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El ministro Garavano en el CAJ. Foto: Adrián Barabino

LA NACIÓN/Mariela Arias.- RÍO GALLEGOS.- En medio de una fuerte tensión social que atraviesa la provincia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano , advirtió sobre una fuerte crisis de institucionalidad en el Poder Judicial santacruceño, negó que el gobierno nacional impulse una intervención federal y recogió reclamos gremiales y de jubilados. La visita del ministro trascendió el protocolo inicial y se fue con una carpeta de denuncias, pedidos y hasta con un pantallazo político de la provincia; por pocas horas su figura concentró el reclamo de muchos sectores que se encuentran bajo protesta en la única provincia donde gobierna el kirchnerismo. En las últimas horas, el kirchnerismo e incluso el gobierno a través del fiscal de Estado, Fernando Tanarro, acusaron a referentes de la oposición de promover el descontento social e impulsar la intervención federal. En este contexto, el ministro de Justicia descartó la medida de parte del gobierno nacional. «La misma situación de intervención federal se planteó para la provincia de Tucumán y su Poder Judicial, pero creemos que es el último recurso para la solución de los problemas», dijo Garavano, quien entre sus actividades inauguró un Centro de Acceso a la Justicia junto al diputado nacional Eduardo Costa. Habló con jueces y fiscales, visitó la carpa de trabajadores judiciales en huelga, recibió un petitorio de los jubilados que hace 19 días ocupan la Caja de Previsión y recorrió una cárcel federal. Además, el ministro mantuvo una reunión con la gobernadora Alicia Kirchner . «Encontramos una fuerte crisis de institucionalidad en el Poder Judicial y lo comentamos con la gobernadora», comentó Garavano en diálogo con LA NACION, y reconoció que Alicia Kirchner lo redujo a un tema gremial y salarial. «Hemos ofrecido nuestro programa Justicia 2020 y estamos para colaborar, pero creemos que el gobierno provincial debe generar marcos institucionales de diálogo para resolver sus conflictos», señaló. El ministro de Justicia también calificó la situación carcelaria de la provincia de «gravísima» y dijo que la gobernadora le pidió ayuda del programa de seguridad pública. «Pidió que construyamos una cárcel, nosotros por ahora le ofrecimos ampliar el cupo en la Unidad Penitenciaria federal, U15, y avanzar en el plan de detenciones domiciliarias a través de las tobilleras, que pasaron de 30 a 1300 en todo el país», afirmó el ministro. Detalló además que en Santa Cruz no hay cárceles y que los presos terminan en las comisarías, custodiados por policías comunes. Garavano recorrió a pie algunas calles de Río Gallegos, donde fue abordado también por Padres Autoconvocados, que le entregaron un petitorio por el inicio de clases en Santa Cruz, y recibió un pedido de referentes de Jubilados Unidos, que desde hace 19 días mantienen una protesta frente a la Caja de Previsión Social en reclamo del pago de los haberes jubilatorios de marzo.La referente de los jubilados, Elsa Ilnao, dijo que al ministro le dieron a conocer «muchas necesidades de los jubilados y los problemas que afrontan sin cobrar sus salarios». Los docentes, los judiciales, los trabajadores de la salud se encuentran de paro por la falta del pago de los salarios de marzo y están previstas nuevas protestas callejeras para estos días. La semana pasada un juez provincial ordenó a la gobernadora Alicia Kirchner que envíe al Poder Judicial las partidas para el pago de sueldos a los empleados judiciales y le advirtió que en caso de no cumplir se aplicará una sanción diaria de 25.000 pesos por día.