actualidad.El gobierno denunció al juez que ordenó pagar a los jubilados
Compartir
RÍO GALLEGOS.- El gobierno denunció penalmente al juez de Familia Antonio Andrade, "Por incitación a la violencia", "Abuso de autoridad", y "Prevaricato", por haber ordenado a la Caja de Previsión pagar la totalidad de las jubilaciones en tiempo y forma.
El argumento principal de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado a cargo del dr Fernando Tanarro, y firmada por la fiscal Adjunta, dra Andrea Askenazi Vera es que la resolución del juez de Familia era de imposible cumplimiento ya que la CPS no podía pagar los haberes "en razón de la ocupación de dicho ente que es de público conocimiento", en relación al acampe de los jubilados en la vereda de la Caja de Previsión.
En rigor el cierre del organismo fue dispuesto por el presdiente Ariel Ivovich, "como consecuencia de la presencia de manifestantes que obstruyen el ingreso del personal", argumentó el funcionario quien anunció además la suspensión de los plazos administrativos advirtiendo sobre los perjuicios que ésto acarrearía a quienes tramitan el beneficio de la jubilación.
El gobierno acusa al dr Antonio Andrade de incitación a la violencia por haber autorizado notificar a Ivovich "donde se encontrase", generando de este modo "un estallido en busca de su persona", lo que para los denunciantes "podía haber terminado en una tragedia".
Cabe recordar que las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, fueron a notificar al presidente del organismo a la empresa "Ivovich Hermanos" porque la Caja de Previsión se encontraba cerrada. Allí las letradas y otras dos jubiladas fueron agredidas físicamente por los Ariel y Jorge Ivovich.
El otro delito que se le imputa al juez de Familia Antonio Andrade es el de Prevaricato, por interpretar la Fiscalía de Estado que el magistrado tomó una resolución, la de ordenar el pago a los jubilados, fundamentando "hechos o resoluciones falsas".
l gobierno denunció penalmente al juez de Familia Antonio Andrade, "Por incitación a la violencia", "Abuso de autoridad", y "Prevaricato", por haber ordenado a la Caja de Previsión pagar la totalidad de las jubilaciones en tiempo y forma.
El argumento principal de la denuncia presentada por la Fiscalía de Estado a cargo del dr Fernando Tanarro, y firmada por la fiscal Adjunta, dra Andrea Askenazi Vera es que la resolución del juez de Familia era de imposible cumplimiento ya que la CPS no podía pagar los haberes "en razón de la ocupación de dicho ente que es de público conocimiento", en relación al acampe de los jubilados en la vereda de la Caja de Previsión.
En rigor el cierre del organismo fue dispuesto por el presdiente Ariel Ivovich, "como consecuencia de la presencia de manifestantes que obstruyen el ingreso del personal", argumentó el funcionario quien anunció además la suspensión de los plazos administrativos advirtiendo sobre los perjuicios que ésto acarrearía a quienes tramitan el beneficio de la jubilación.
El gobierno acusa al dr Antonio Andrade de incitación a la violencia por haber autorizado notificar a Ivovich "donde se encontrase", generando de este modo "un estallido en busca de su persona", lo que para los denunciantes "podía haber terminado en una tragedia".
Cabe recordar que las abogadas Claudia Guerra y Martha Dávila, fueron a notificar al presidente del organismo a la empresa "Ivovich Hermanos" porque la Caja de Previsión se encontraba cerrada. Allí las letradas y otras dos jubiladas fueron agredidas físicamente por los Ariel y Jorge Ivovich.
El otro delito que se le imputa al juez de Familia Antonio Andrade es el de Prevaricato, por interpretar la Fiscalía de Estado que el magistrado tomó una resolución, la de ordenar el pago a los jubilados, fundamentando "hechos o resoluciones falsas".