RÍO GALLEGOS.- El fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Gonzalo Miranda, solicitó la elevación a juicio de la investigación seguida al ex gobernador Daniel Peralta por haber desobedecido la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de reponer a Eduardo Emilio Sosa en su cargo de Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz.
Es la historia de una desobediencia que si bien pone ahora al ex gobernador Peralta en el banquillo, tiene detrás una extensa lista de responsables institucionales y políticos de uno de los casos emblemáticos de manipulación y avasallamiento de la justicia en la Argentina.
A través de la sentencia nro.267 de fecha 20 de octubre de 2009 dictada en el marco de los autos ‘Recurso de hecho – Sosa, Eduardo Emilio c/Provincia de Santa Cruz’ la Corte Suprema de Justicia de la Nación le había ordenado a Peralta que repusiera en su cargo al dr Eduardo Sosa, quien en 1995 fue desplazado como Agente Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz por una ley impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner.
Peralta manifestó la imposibilidad de cumplir con aquella orden argumentando que para hacerlo debía destituir al Agente Fiscal Claudio Espinoza, quien ocupaba el cargo en el que debía ser repuesto el doctor Sosa, por lo tanto tenía derechos adquiridos y no podía ser removido sino era a través del juicio político.
El entonces gobernador calificó la orden del Máximo Tribunal de la Nación como “ilegítima y antijurídica”, argumentando que carecía de competencia y potestad para impulsar la restitución en el cargo de un funcionario que debe ser designado por el Poder Legislativo, al tiempo que recordó que para resolver el conflicto planteado se estableció una indemnización, en favor de Sosa, por la suma de 1.216.182 pesos, además de haber accedido el funcionario al beneficio de la jubilación ordinaria, que le fuera concedida como Vocal del Superior Tribunal de Justicia provincial.
El 14 de julio de 2010 la investigación fue archivada, por inexistencia de delito, por la entonces jueza federal subrogante, Ana Álvarez, pero la fiscal federal subrogante, Patricia Kloster, apeló el decisorio y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la resolución y dispuso continuar la pesquisa.
Tras ello, la jueza federal subrogante, Andrea Askenazi Vera, dictó el sobreseimiento de Peralta. La decisión fue recurrida por el fiscal Gonzalo Miranda y revocada por la Cámara Federal de la jurisdicción, que lo procesó en orden al delito de desobediencia. Contra esa resolución, la defensa de Peralta interpuso recurso de Casación, el cual fue rechazado por la Alzada. Luego la defensa interpuso diversos recursos, los cuales no prosperaron.
En base a las pruebas colectadas en la investigación, el fiscal Miranda requirió la elevación a juicio de la investigación, por considerar acreditado “que el imputado incumplió una sentencia del Más Alto Tribunal de la Nación que le fue personalmente notificada y que contenía una manda clara y directa de ‘reposición en el cargo’ de un funcionario del Ministerio Público provincial”.
Asimismo sostuvo que “el imputado detentaba el cargo de Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, y por consiguiente contaba con el apoyo técnico legal que le es propio a dicha investidura, no obstante lo cual en pleno conocimiento de su obrar disvalioso intentó mediante el Decreto 3025 una suerte de ‘transmisión de responsabilidad’, al tratar de eludir la clara orden judicial impartida y poner en cabeza del órgano legislativo una obligación que le era propia e indelegable”.
Aún no hay fecha para la realización del juicio, el mismo podría concretarse en agosto en el caso de surgir alguna prórroga por eventuales impugnaciones u ofrecimiento de nuevas pruebas.
Peralta no lo hizo solo
Si bien la elevación a juicio ordenada por el fiscal Miranda pone ahora al ex gobernador Peralta en el banquillo, la historia del "caso Sosa" tiene detrás una extensa lista de responsables institucionales y políticos de uno de los casos emblemáticos de manipulación y avasallamiento de la justicia en la Argentina.
De hecho cuando en 2016 se jubiló el fiscal Claudio Espinosa, la gobernadora Alicia Kirchner designó en su lugar al dr Ricardo Napolitani.
El día que Néstor Kirchner acusó a la Corte de querer "intervenir" la Provincia
El 14 de septiembre de 2010 una resolución de la Corte Suprema apercibiendo al gobernador Daniel Peralta por no reponer al ex procurador Sosa en su cargo, sacudió al kirchnerismo que salió a denunciar “un golpe judicial” con “intervención federal” a Santa Cruz.
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Foto: Pancho Muñoz[/caption]
Los diputados del FPV rechazaron la orden judicial, declararon persona no grata a la diputada Stolbizer, adornaron de pasacalles “antigolpistas” la ciudad, y Néstor Kirchner encabezó un multitudinario acto en el Boxing “en defensa de la institucionalidad”.
De lo que se trataba era de dar cumplimiento a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que un año antes había resuelto “reponer al dr Eduardo Sosa en el cargo de Procurador del que había sido desplazado en 1995 por el gobierno de Néstor Kirchner, quien por ley desdobló el cargo de Jefe de Fiscales y no incluyó a Sosa en ninguno de los nuevos puestos de la justicia, dejándolo virtualmente cesante.
La Corte recordaba a la provincia “el mandato que le impuso el 20 de octubre de 2009 y le reiteró el 10 de noviembre siguiente”. Cabe recordar que en el fallo que ordenara el reestablecimiento en su cargo de Sosa esa responsabilidad recaía sobre el gobernador provincial”. Resolución de la Corte 14/09/2010“
Peralta respondió que estaba imposibilitado de cumplir con la resolución de la Corte con el argumento de la inexistencia del cargo, y porque él no tenía la facultad de “sacar” o “poner” jueces, ya que eso es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados”.
Desde el Bóxing Club, Néstor denunciaba el golpe
La noche del viernes 08 de octubre el estadio del Boxing Club no daba abasto para escuchar a un Néstor Kirchner embistiendo contra la Corte Suprema. Luego de transmitir “el saludo y solidaridad absoluta de nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner y agradeció la presencia de los gobernadores del PJ, Kirchner abrió el fuego:
“Podemos tener acuerdos o diferencias con la actual Corte Suprema pero quien les habla es respetuoso de la independencia de la justicia” bramaba Kirchner para regocijo del auditorio que interrumpía con aplausos cada frase del ex presidente.
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Claudio Espinosa, kirchnerista activo.[/caption]
“Sabemos lo que es una justicia independiente, lo que es un poder independiente. Esperemos que se consolide la independencia pero no podemos aceptar que en la Argentina, después de lo que sufrió nuestra patria sean capaces de preparar un proyecto de intervención“, afirmó el ex presidente. Instó a “defender la institucionalidad de la provincia” y añadió: “Calculamos que se equivocaron, que lo van a remediar” manifestó respecto de la resolución de la Corte firmada entre otros por Eugenio Zaffaroni.
Kirchner cuestionó “la actitud incomprensible de algunos parlamentarios de tomar decisiones imposibles (en referencia a un proyecto de la diputada Margarita Stolbizer que acompañaba la orden de la Corte) de querer atropellar el derecho provincial” y puso de relieve que no venía a la provincia “a pelearse con nadie” sino “a defender la institucionalidad y el federalismo de la Patria”. (Audio) “Volvemos por nuestros fueros”
“El cargo no existe”
La legislatura provincial había rechazado la actuación de la Corte de reponer a Sosa con argumentos leídos por la diputada del Frente para la Victoria Ana Maria Urricelqui.
>En la misma sesión declararon “persona no grata” a la diputada Margarita Stolbizer quien había pedido a la presidenta Cristina Fernandez que se exprese respecto de lo resuelto por la Corte. El vicepresidente primero de la Legislatura, Rubén Contreras, calificó de “desestabilizador” el proyecto de Stolbizer.
Para Anibal, “una burrada” seguida de “golpe”.
A su estilo el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo “nadie en sus cabales puede pretender intervenir una provincia por una sentencia de imposible cumplimiento”. “Hablar de una burrada semejante no resiste ningún análisis. Es un golpe de Estado”, se quejó el superministro. “La movida opositora es querer pegarle a un mosquito con un misil”, ironizó Fernández.
El senador radical santacruceño Alfredo Martínez acusó a Kirchner de estar detrás de la negativa de Santa Cruz a acatar la resolución de la Corte. “Me extraña de Peralta, creo que ha sido inducido o conducido por ese espíritu que tiene Kirchner de redoblar siempre las apuestas”, enfatizó.
La diputada del PRO, Laura Alonso deslizó “el oficialismo quiere convertir a Santa Cruz en la República de Néstor” y rechazó que se pretenda equiparar el pedido de intervención federal a la provincia con un golpe de Estado, como lo denunció el Gobierno. Alonso consideró necesario que Aníbal Fernández “lea la Constitución porque las provincias son autónomas, pero deben respetar los principios que establece la Constitución nacional”.
Los protagonistas del Caso Sosa
Eduardo Sosa, jubilado.
Néstor Kirchner, falleció el 27 de Octubre de 2010
Jueza Ana Álvarez, hoy es secretaria civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Andrea Askenazi Vera, magistrada allegada al kirchnerismo quien reemplazó a la dra Alvarez en el juzgado Federal de Río Gallegos, hoy es Fiscal de Estado Adjunta del gobierno de Alicia Kirchner.
Jueza Carmen Argibay, una de las firmantes de la resolución que ordenó reponer a Sosa, falleció en mayo de 2014-
Eugenio Zaffaroni, se jubiló en diciembre de 2014
Daniel Peralta, dejó el cargo en diciembre de 2015 y hoy es candidato a senador por Proyecto Sur.
Cristina Fernández, dejó la presidencia en 2015 y hoy es candidata a senadora por Buenos Aires