actualidad.El gobierno judicializó el conflicto en canal 9
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RÍO GALLEGOS.- El gobierno judicializó el conflicto en canal 9 y pidió una medida autosatisfactiva que hoy tuvo su primera acción con un mandamiento de constatación a fines de verificar si existe o no un "bloqueo" del ingreso al canal y de los sectores operativos que impidan la emisión de la señal de la emisora estatal. La fiscalía de estado pide "el cese inmediato" de la medida de fuerza que considera "abusiva". Pretende además identificar al personal que realiza retención de servicios.
Fuentes del canal señalaron a Winfo Santa Cruz que el hecho de que sea el estado provincial quien lleve adelante las acciones judiciales contra el gremio viola la autarquía del Canal quien de acuerdo al artículo 7 de la ley 2136 que crea el ente, el directorio cuenta entre sus atribuciones "la iniciación de acciones judiciales, transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales".
Los trabajadores se encuentra realizando medidas de fuerza ante la falta de pago en tiempo y forma de sus salarios, y en reclamo de los aumentos pactados en 2014 en el marco del convenio colectivo que los encuadra.
Por este motivo desde hace unos días están realizando retención de tareas con la publicación de una placa informativa en la pantalla que al comienzo de cada hora detalla los motivos del reclamo. Cabe consignar que esta modalidad de reclamo es histórica en el ámbito de los trabajadores de televisión y está amparada por la legislación laboral.
Entre los fundamentos que originan la medida autosatisfactiva el gobierno plantea que la retención de tareas que llevan adelante los trabajadores "encubre un paro de actividades", que ocasiona "gravísimas pérdidas económicas" al canal.
Argumenta que la colocación de la placa en pantalla impide que los trabajadores que no están adheridos a la medida de fuerza "ni los directivos del canal puedan realizar la transmisión diaria".
Sin embargo los empleados que llevan adelante la medida niegan que estén bloqueando el ingreso al canal y que impidan la transmisión de programas. "Somos respetuosos de los compañeros que no hacen retención de tareas", señaló a FM Uno, el delegado Jorge Álvarez, quien desmintió cada una de las imputaciones del gobierno.
Según Álvarez, los trabajadores pretenden sentarse a dialogar con el gobierno y superar el conflicto, "pero las autoridades del canal llevaron el conflicto a la justicia, ni siquiera quieren discutir nuestros reclamos en el ámbito natural que es la secretaría de Trabajo", señaló el dirigente.
RÍO GALLEGOS.- El gobierno judicializó el conflicto en canal 9 y pidió una medida autosatisfactiva que hoy tuvo su primera acción con un mandamiento de constatación a fines de verificar si existe o no un "bloqueo" del ingreso al canal y de los sectores operativos que impidan la emisión de la señal de la emisora estatal. La fiscalía de estado pide "el cese inmediato" de la medida de fuerza que considera "abusiva". Pretende además identificar al personal que realiza retención de servicios.
Fuentes del canal señalaron a Winfo Santa Cruz que el hecho de que sea el estado provincial quien lleve adelante las acciones judiciales contra el gremio viola la autarquía del Canal quien de acuerdo al artículo 7 de la ley 2136 que crea el ente, el directorio cuenta entre sus atribuciones "la iniciación de acciones judiciales, transigir o celebrar arreglos judiciales o extrajudiciales".
Los trabajadores se encuentra realizando medidas de fuerza ante la falta de pago en tiempo y forma de sus salarios, y en reclamo de los aumentos pactados en 2014 en el marco del convenio colectivo que los encuadra.
Por este motivo desde hace unos días están realizando retención de tareas con la publicación de una placa informativa en la pantalla que al comienzo de cada hora detalla los motivos del reclamo. Cabe consignar que esta modalidad de reclamo es histórica en el ámbito de los trabajadores de televisión y está amparada por la legislación laboral.
Entre los fundamentos que originan la medida autosatisfactiva el gobierno plantea que la retención de tareas que llevan adelante los trabajadores "encubre un paro de actividades", que ocasiona "gravísimas pérdidas económicas" al canal.
Argumenta que la colocación de la placa en pantalla impide que los trabajadores que no están adheridos a la medida de fuerza "ni los directivos del canal puedan realizar la transmisión diaria".
Sin embargo los empleados que llevan adelante la medida niegan que estén bloqueando el ingreso al canal y que impidan la transmisión de programas. "Somos respetuosos de los compañeros que no hacen retención de tareas", señaló a FM Uno, el delegado Jorge Álvarez, quien desmintió cada una de las imputaciones del gobierno.
Según Álvarez, los trabajadores pretenden sentarse a dialogar con el gobierno y superar el conflicto, "pero las autoridades del canal llevaron el conflicto a la justicia, ni siquiera quieren discutir nuestros reclamos en el ámbito natural que es la secretaría de Trabajo", señaló el dirigente.
