BUENOS AIRES.- El gobierno de Santa Cruz se presentó ante la Corte Superma de Justicia para reclamar por la eliminación de la distribución del fondo Soja. «Este cambio repentino e irrazonable, inhibiendo las transferencias de los aportes concertados, frustra obras presupuestadas y en marcha y se pierden cientos de puestos de trabajo”, argumentó la provincia administrada por Alicia Kirchner. Se estima que en lo que resta de este año dejarán de ingresar 135 millones de pesos a las arcas provinciales. La medida adoptada por el gobierno central a través del decreto 756/18,  deroga el Decreto 206 de 2009, el cual creó el fondo  que distribuía entre las provincias el 30% de lo que recibiera el Estado Nacional por concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados. A su vez los estados provinciales coparticipaban a los municipios un porcentaje de esos fondos destinados a infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales en los municipios. El Fondo Solidario fue creado durante el primer período presidencial de Cristina Fernández, luego del enfrentamiento con el campo por la Resolución 125 que buscaba aplicarle retenciones a las exportaciones.

Las remodelaciones en el Centro de Salud Nro 1 comenzaron en febrero de 2017 y aún no concluyen. El centro está cerrado y los médicos trabajan en otros dispensarios. Costó $3.081.663,35.

Con la eliminación de la distribución, Santa Cruz dejará de percibir en lo que resta de 2018, 135 millones de pesos, en tanto que en 2019 no ingresarán a las arcas provinciales un monto estimado de 380 millones de pesos. El fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, presentó el primer día hábil de esta semana ante la Corte Suprema, una medida cautelar para suspender los alcances del decreto, así como un pedido para que se analice la inconstitucionalidad de dicha norma. En 2017 las provincias acordaron con el Gobierno nacional un Pacto Fiscal a partir del cual las jurisdicciones aprobaron resignar recursos propios vía ingresos brutos,  a cambio de un esquema de compensaciones. “Debemos señalar que el Fondo Federal Solidario no puede ser derogado en forma unilateral por el Estado nacional por ser creación del Federalismo de concertación. Esto es así, ya que para el perfeccionamiento de la norma se estableció un sistema de adhesión por parte de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estas condiciones es claro que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra afectado de nulidad absoluta, es irregular y debe ser revocado por razones de ilegitimidad”, sostiene el amparo presentado por Santa Cruz, según publicó hoy el diario Página 12. “La provincia y los municipios pierden las herramientas que se les ha brindado para promover el bienestar de sus habitantes. Este cambio repentino e irrazonable, inhibiendo las transferencias de los aportes concertados, frustra obras presupuestadas y en marcha y se pierden cientos de puestos de trabajo”, señaló el fiscal de Estado de Santa Cruz.