RÍO GALLEGOS.- La Caja de Servicios Sociales advirtió que por la suba del dólar ser verá afectada la provisión de insumos, y el nivel de las prestaciones. Argumenta la falta de «precios de referencia» para pactar con los proveedores. A pesar de haber sido uno de los pocos organismos superavitarios, la CSS arrastra una millonaria deuda con proveedores, y está denunciada por un desfalco de más de 400 millones de pesos durante sus sucesivas intervenciones. Stents, y marcapasos, son entre otros los insumos cuya provisión se verán afectados.
Marcelo Castro, actual interventor de la obra social
La obra social de los empleados públicos provinciales activos y pasivos que cuenta con más de sesenta mil afiliados titulares, emitió un comunicado en el que advierte que «como consecuencia de la inestabilidad cambiaria que afronta el país, desde la semana pasada se ve afectada la normal provisión de insumos, medicamentos y descartables por parte de los proveedores de esta obra social», lo que tendrá consecuencias negativas en la calidad de las prestaciones. El organismo, intervenido por el gobierno provincial desde 1991, denuncia que por la suba del precio del dólar, «Tampoco los proveedores responden al momento la solicitud de presupuestos al no haber en el mercado precios de referencia», argumenta. Los insumos que más se verán restringidos La CSS enumeró una serie de insumos cuya provisión se verá afectada debido a la suba del dólar, entre otros figuran: «marcapasos, stents, y prótesis importadas, sillas de ruedas a medida, y colchones antiescaras importados», detalla el organismo. No obstante desde la intervención, esperan que «prontamente los mercados y oferentes logren tener una perspectiva económica de estabilidad para poder así retomen la normalidad en la provisión de todos estos elementos que son indispensables para el resguardo de la salud de nuestros afiliados», finaliza el comunicado. Defraudación multimillonaria En octubre de 2016 el Tribunal de Cuentas de la Provincia estimó en más de 400 millones de pesos el faltante de dinero en el organismo, solo entre los años 2010 y 2011. Por este motivo fueron denunciados los ex interventores, Luis Muñoz y Fabio Vázquez, aunque la investigación también involucra a Diego Robles, quien además de dirigir la Caja fue ministro de Economía provincial. La resolución del organismo de contralor halló pruebas suficientes que configuran el delito de “administración fraudulenta”,  y dio traslado de las mismas a la jueza Quintana quien lleva adelante la causa a partir de la denuncia realizada en 2012 por el gremio de Judiciales ante el Juzgado de Instrucción Penal Nro 1 de Río Gallegos. Sin embargo, la causa nunca tuvo sentencia definitiva ni sanciones para los responsables de la multimillonaria estafa.