RÍO GALLEGOS.- Los jubilados provinciales que fueron demandados por el gobierno por supuestos daños al edificio de la Caja de Previsión en el marco de las protestas por el pago de haberes fuera de término, comenzaron a ser notificados por el juzgado interviniente, con lo cual se inicia el trámite a través del cual el fiscal de Estado, Pablo Tanarro, busca penalizar a los jubilados con 330 mil pesos cada uno. La causa está a cargo del Juez Francisco Marinkovic. En marzo, en el marco de las protestas de jubilados por el pago fuera de término de sus haberes, el gobierno radicó una denuncia contra los manifestantes por daños y perjuicios “contra edificios públicos”, por cuya acción les reclama un monto de 329.400 pesos. La presentación la realizó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado de ese organismo, Emilio Monzón, contra Villarroel, Ana Virginia, y otros, todos miembros de la agrupación Jubilados Unidos en Acción. Al respecto Ana Villarroel, una de las 10 personas demandadas, manifestó que «el Gobierno avanza en su plan sistemático de exterminio de los que nos animamos a dar pelea por nuestros derechos», y consideró que las autoridades demuestran una vez más «el odio, el desprecio y la venganza hacia los jubilados», expresó Villarroel, miembro de Jubilados Unidos en Acción. El 29 de junio el juez de Primera Instancia Nro 2, Francisco Marinkovich, rechazó la ampliación de la denuncia que presentó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro,  por considerar que las pruebas presentadas carecen de “rigurosidad”, y luego de constatar la inexistencia de de dichos daños, ni bloqueo de la puerta de ingreso, ni quema de cubiertas como había denunciado el gobierno. Los elementos de prueba eran fotos en las que los demandados aparecían,  «Captura de pantallas de Facebook de personas que no están demandadas en esta causa, y una foto de una conferencia de prensa que hicimos cuando denunciamos que el Gobierno haría la denuncia en contra nuestro», contó Ana Villarroel a Winfo Santa Cruz. Otra de las jubiladas denunciadas es Cristina Coronel, quien hace 11 años espera que la justicia provincial resuelva la denuncia contra Daniel Varizat, que la atropelló a ella y a una veintena de manifestantes, comentó .»Recién me llegó la citación de la denuncia por daños y perjuicios, cuando se presentó el oficial del juzgado, por supuesto con ironía le dije, ´por fin la justicia toca mi puerta hace 11 años la estoy esperando´, refirió la enfermera que quedó con daños físicos crónicos tras el atropello de Varizat. La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de “puertas, persianas, vidrios”, y “pegatinas” en los edificios. “Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños”, dice la denuncia.