SANTA CRUZ.- Corrían los últimos días de noviembre de 2015 cuando el gobierno saliente encabezado por Cristina Fernández enviaba al Congreso el proyecto de reestatización de YCRT, junto con un presupuesto de 5 mil millones de pesos para su financiamiento. Con la designación de Aníbal Fernández como interventor de la carbonífera, vuelve a ponerse en debate la posibilidad de aquel proyecto, y crecen las expectativas por el futuro de las denuncias por corrupción.

En la sesión del 26 de noviembre de 2015, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto impulsado por el kirchnerismo, de convertir a YCRT en una empresa mixta con mayoría estatal y financiada con 5.000 mil millones de pesos por el Estado Nacional. 

Con la intención de que el senado convierta en ley la iniciativa, el 9 de diciembre, horas antes de que Cristina Fernández dejara la presidencia, el oficialismo remitió el proyecto a la Cámara Alta del Congreso, pero la oposición de fuerzas aliadas al nuevo gobierno que encabezaría Mauricio Macri, más la deserción de legisladores peronistas dejaron en soledad al kirchnerismo que no logró el quórum, y el proyecto que «reestatizaba» YCRT, tuvo un final sin pena ni gloria.

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Uno de los que se opuso a la iniciativa, fue Miguel Angel Pichetto, el otro, el senador Fernando «Pino» Solanas, que en un cruce con el santacruceño, Pablo Gonzalez, advirtió sobre los riesgos ambientales de la explotación de carbón, y como si fuera poco le enrostró al senador González, «el nido de corrupción en que convirtieron el yacimiento», en alusión a las denuncias del desvío de fondos destinados a la Mina que meses después se convertirían en una causa que llevó a la detención del  ex interventor, Atanacio Pérez Osuna, y del ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Durante 2005 y 2015 los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner,  destinaron $26.000 millones al complejo minero. 

Un trabajo realizado por la SIGEN, sacó a la luz que entre 2011 y 2015, se detectó «una sub-ejecución del orden entre el 60% y el 90% en el cumplimiento de metas preestablecidas en cuanto al avance de galerías y producción de carbón», adonde supuestamente iban destinados esos miles de millones. 

La SIGEN detectó además la triangulación de fondos entre el Ministerio de Planificación Federal,  la UTN  Río Gallegos, y la empresa YCRT, para, entre otros proyectos, «recuperar» el ramal ferroportuario que une la mina con el puerto y su reconversión en un tren turístico.

Uno de los casos más resonantes por sus implicancias judiciales, fue el pago a la firma Fainser SA,  de un adelanto de $50 millones durante noviembre y diciembre de 2015 con Julio De Vido como ministro de Planificación destinados a la construcción de la Avenida de los Mineros, una obra que la firma ni siquiera inició.

Por esta denuncia en octubre de 2019 el Tribunal Oral Federal 7 condenó a cuatro años de prisión al ex intendente Atanacio Pérez Osuna, y al exintendente y actual diputado, Matías Mazú. 

https://winfo.com.ar/2019/10/sentenciaron-a-cuatro-anos-de-prision-a-perez-osuna-mazu-y-larregina/

También fueron condenados el exgerente, Migue Larregina, y el propietario de Fainser SA y extitular de la UIA Juan Carlos Lascurain. La prisión se haría efectiva una vez que la sentencia quede firme.

No obstante en diciembre, el único detenido, Atanacio Pérez Osuna, recuperó su libertad. 

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