SANTA CRUZ.- El proyecto presentado en el Senado por senadoras kirchneristas intenta anular el dictado de las prisiones preventivas en los casos de corrupción, endilgándole a la prensa la responsabilidad de incidir «en la percepción pública del principio de inocencia», al publicar casos de corrupción que investiga la justicia «para perseguir opositores». La autora es la representante de San Luis, María Catalfamo quien responde al gobernador Alberto Roríguez Saa, y la santacruceña, Ana Ianni.

El proyecto se basa en la teoría del lawfare impulsada por el kirchnerismo que plantea que los ex funcionarios procesados o detenidos por casos de corrupción, son «perseguidos políticos» por el el gobierno de turno a instancias de un Poder Judicial manipulado y del accionar de la prensa que con sus publicaciones de casos de corrupción «afecta el principio de inocencia» respecto de los implicados que tienen prisión preventiva.

Argumenta que en los últimos años hubo en Argentina «manipulaciones de un sector del Poder judicial» y de «algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos», afirma el proyecto.

Lo firman las senadoras del Frente de Todos, María Catalfamo quien responde al gobernador de San Luis, Adolfo Rodriguez Saa; Nancy González, Chubut; Ana Almirón, Corrientes; María Inés Pilatti Vergara, Chaco, y la santacruceña Ana Ianni, alineada con el intendente de El Calafate, Javier Belloni, quien aspira a alcanzar la gobernación y en la última elección se posicionó segundo a cuatro puntos de Alicia Kirchner.

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Las senadoras hacen referencia a las prisiones preventivas dictadas durante el gobierno de Mauricio Macri que privaron de la libertad «a varios ciudadanos argentinos, como referentes sociales, sindicales y políticos, mediante la utilización del Poder Judicial».

Sin embargo el proyecto, del que el gobierno de Alberto Fernández pretende despegarse aunque en la últimas horas abonó la teoría la «persecución política» de los implicados en causas por corrupción, no hace referencia a que en su mayoría se encontraban involucrados en causas judiciales mientras eran funcionarios públicos.

El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra exfuncionarios y dirigentes sociales.

El rechazo de FOPEA el foro que nuclea a más de 600 periodistas

El proyecto que firma María Catalfamo, quien es Comunicadora Social, fue rechazado desde el Foro de Periodismo Argentino, (FOPEA) organización que nuclea a mas de 600 periodistas en todo el país, porque «atenta contra dos derechos fundamentales de la ciudadanía: informar e informarse que son indispensables para el desarrollo de una sociedad democrática. Los derechos de libertad de pensamiento y de expresión están en la esencia republicana y son irrenunciables».