LANACION//EL CALAFATE.- El exprocurador de Santa Cruz Eduardo Sosa fue removido en 1995 por una reforma judicial del kirchnerismo que no respetó su garantía de inamovilidad en el cargo. Intervino la Corte Suprema, que ordenó que lo repusieran, pero el gobierno de Santa Cruz nunca lo hizo. Hoy, Sosa afirma que lo que está pasando con los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes el Gobierno quiere sacar de la Cámara Federal, es parte de una repetición de su caso, «una historia circular».

El kirchnerismo tiene, según Sosa, «fobia hacia el control que pueda ejercer el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo» y su objetivo es «ejercer el poder sin límites».

«Lo veo como una repetición de un ADN específico del kirchnerismo, que es tratar de jibarizar al Poder Judicial. Tratar de hacerlo lo menos independiente», dijo Sosa, que vive en Río Gallegos y trabaja de abogado en el ámbito privado.

El cargo del cual fue apartado Sosa fue eliminado por una ley impulsada por el kirchnerismo en 1995, que disolvió la procuraduría y creo la jefatura de fiscales y de defensores. Sosa no fue nombrado en ninguno de los dos cargos. El exprocurador llegó con sus planteos hasta la Corte Suprema, que ordenó varias veces que fuera repuesto. La última orden debía cumplirse en el 2010, pero la provincia, respaldada por Néstor y Cristina Kirchner, la desobedeció. Sosa jamás recuperó su cargo.

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La actual vicepresidenta impulsó como diputada provincial la reforma judicial en la provincia junto a Carlos Zannini, hoy procurador del Tesoro, por entonces legislador como ella. En 2001, Zannini dejó la Legislatura para asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, con una clara misión: responder los pedidos de la Corte que pedían reponer a Sosa en su cargo.

-¿Relaciona la situación de los camaristas Bruglia y Bertuzzi con su caso en Santa Cruz?

-No puedo evitar relacionarlo con el proyecto de reforma judicial integral, con esta comisión para analizar el funcionamiento de la Corte y eventualmente ampliarla. Creo que todo es una evidente repetición de lo que hemos vivido nosotros en Santa Cruz, y lo que me tocó protagonizar a mí en particular, de una especie de historia circular.

¿Qué situaciones se repiten?

-Acá en Santa Cruz en 1995 se reformó la ley orgánica del Poder Judicial ampliando la Corte provincial de tres a cinco miembros. Como había solo dos miembros, al ampliarla con tres más lograron una mayoría. Por supuesto, se invocó lo mismo que se dice ahora: que era para el mejor funcionamiento de la Justicia, que se iba a dividir en salas, cosa que después quedó totalmente diluido. Paralelamente, al cargo del procurador, del que yo era titular, se lo dividió y me dejaron cesante. Hasta ahí fue un hecho gravísimo, en cuanto a que no se respetó la inamovilidad de un funcionario judicial. Pero continuó. Después esto fue al máximo tribunal del país, la Corte, que en reiteradas oportunidades dijo que yo debía ser repuesto en el cargo y eso no se cumplió. Es casi un calco de lo que está pasando en el presente. Tienen una especie de fobia hacia el control que pueda ejercer el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo. La mentira institucionalizada, porque a esta altura yo ya no puedo calificarlo de otra manera. Se mencionan supuestas mejoras en la Justicia, cuando la finalidad es ejercer un poder que no tenga límites.

-La Corte Suprema falló a su favor, ¿por qué el fallo nunca se cumplió?

-La Corte declaró el derecho muy bien, puso las cosas en su lugar, pese a que gobernaba en ese momento el kirchnerismo. Por supuesto, el kirchnerismo dijo que lo que había hecho era legal. La Corte no pudo hacer cumplir su decisión. Yo recuerdo que yo decía que a esto yo lo tomaba como una causa de obligación cívica, porque me parecía grave erosionar el poder de la Corte. La Corte tenía que asegurar su propio fallo. Quedó diluido. Ahora estamos en una encrucijada similar. Es decir, si se considera que es ilegal, el tema está no solo en declarar esa ilegalidad, sino en hacer cumplir los fallos; si no, vamos a estar viviendo una simulación de República.

-Se repiten los actores.

-Si, está claro. Son los mismos protagonistas que tienen un mismo menú y una misma fobia al control. En definitiva, así como pasó en la provincia, que fue una especie de experimento pueblerino, pero que después tuvo un carácter federal, cuando se opone a la Corte Suprema de Justicia. Pasó lo mismo con el fiscal [José María] Campagnolli, pasó lo mismo con el procurador [Esteban] Righi, que era una persona de la mas absoluta confianza del gobierno de ese entonces, pero para evitar investigaciones al entonces vicepresidente, resignó su cargo y se tuvo que ir. Y ahora los cañones apuntan al actual procurador provisorio, el doctor Eduardo Casal, a quien le hago llegar mi solidaridad, porque sé lo que es… Acá lo que está en juego es la división de poderes y el profesionalismo de los funcionarios judiciales. En cuanto el poder trata de poner en la trinchera a los funcionarios judiciales, es grave y lo estamos viendo en el deterioro institucional.

En su caso la Corte Suprema no pudo hacer cumplir su fallo, ¿cree que eso podría volver a pasar?

-No en vano el título que tiene la Corte es el de Corte Suprema de Justicia de la Nación, es «suprema», el fallo de la Corte es la última instancia, salvo que se acuda a instancias internacionales. Si este episodio se reitera y la Corte declara derechos, pero no logra que se cumplan, ya deja de ser «suprema».

-En el caso de Bruglia y Bertuzzi, la Corte decidió no dar una respuesta urgente y esperar, ¿tiene que ver con razones procesales, de prudencia o de especulación?

-Se trata de una Corte de máxima desde el punto de vista jurídico, pero es una Corte política, en el buen sentido. La Corte tiene entre sus obligaciones asegurar el bienestar general, probablemente, los tiempos se estén manejando en función de esos objetivos, que son nobles y que son respetables. El asunto es que preserve su propia jurisdicción y logre que sus fallos cuando los dicte, se cumplan. Yo pondría el eje en quiénes la están socavando. Acá hay un sector del gobierno tratando de socavar el principio de división de poderes, de inamovilidad, de evitar que los procesos en definitiva puedan avanzar.

-¿Cómo ve a la reforma judicial?

-La reforma judicial tiene muchas aristas, pero dada la historia de quienes están promoviendo esto, lo veo como una repetición de un ADN específico del kirchnerismo, que es tratar de jibarizar al Poder Judicial. Tratar de hacerlo menos independiente.

Mariela Arias – Corresponsal en Santa Cruz