SANTA CRUZ.- El Fiscal de Estado, Fernando Tanarro, apeló el fallo de primera instancia que favoreció a los jubilados demandados por el gobierno de Alicia Kirchner, por supuestos daños a edificios públicos. En primera instancia el juez determinó que el estado no aportó pruebas suficientes ni acreditó los daños denunciados. Tanarro insistió con la acusación y citó testigos. Pide multar a los jubilados con 330 mil pesos.

Un nuevo capítulo se agregó a la demanda que en marzo del año pasado inició el gobierno contra un grupo de jubilados que reclamaban por el pago en tiempo y forma de sus haberes. La administración de Alicia Kirchner los acusa de supuestos «daños a edificios públicos», y les reclama un resarcimiento de 329.000 pesos a cada uno.

Alicia Kirchner rehusó retirar la demanda.

La denuncia es por daños contra los edificios de Casa de Gobierno, Caja de Previsión Social, Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Social. Detalla rotura de «puertas, persianas, vidrios», y «pegatinas» en los edificios. «Solicitamos que los responsables de los actos vandálicos respondan con su patrimonio particular y restituyan los gastos que demandará al gobierno la reparación de estos daños», dice la denuncia que firman el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, y el abogado Emilio José Monzón.

El juez a cargo de la causa es el Titular del Juzgado de Primera Instancia Número dos, dr Francisco Marincovic, quien rechazó la demanda por considerar que «el daño fue descripto con cierta vaguedad en el escrito de demanda, no identificando en cuanto a su cualidad y circunstancias de espacio y tiempo, sumado a una insuficiente acreditación de la autoría», entre otros fundamentos.

Además y a solicitud del gobierno, ordenó una pericia en el edificio de la Caja de Previsión la que no constató ningún bloqueo del acceso al edificio, no había vidrios rotos, ni carteles, ni quema de cubiertas como había señalado el fiscal Tanarro en su demanda.

Qué dijeron los testigos que presentó el gobierno

El miércoles el abogado de los jubilados fue notificado de la apelación de la Fiscalía de Estado, aduciendo «nuestra representada se ve agraviada en virtud que la visión errada del juzgador por el cual concluyó la inexistencia de daños, nexo causalidad y autoría ya que los mismos se encuentran debidamente acreditados en los presentes autos».

El dr Tanarro citó a un grupo de personas que dicen haber visto las acciones dañosas de los jubilados: «el testigo Gerez “…recordó que en una oportunidad hubo movimiento de gente fuera de Casa de Gobierno donde rompieron vidrios, persianas, y que en esa ocasión su labor consintió en hacer limpieza del predio como consecuencia de quema de neumáticos y basura…”, es uno de los testimonios.

Añadió que «la testigo Ruiz se refirió a incidentes generados por un “movimiento de jubilados” que reclamaban en el edificio de la Caja de Previsión Social…dice haber visto incidentes como roturas de vidrios y picaportes. Si bien logro identificar parte de los manifestantes, no se puede decir que esta testigo haya atribuido en forma directa la autoría de los daños a algunos de los integrantes del grupo …”, detalla.

Por otra parte «el testigo Lozano “…. hizo referencia a incidentes relacionados con quema de cubiertas, persianas rotas, pinturas y daños en puertas y ventanas de la Casa de Gobierno, consistió su intervención en reparación personal en tareas de reparación…”, escribió Tanarro en la apelación.

Este último testigo forma parte de «las personas que estaban a cargo de las tareas de poner en condiciones las instalaciones de cada repartición afectada y de la Casa de Gobierno luego de cada acto vandálico por parte de los demandados, es decir, del grupo que integran la agrupación de Jubilados Unidos en acción», según la demandante.

«Debo observar que la actora no ha realizado en el escrito de demanda una clara descripción de los daños ni probado de modo suficiente su existencia y cualidades (art. 308 C.P.C.C.) Es decir no ha precisado fecha de producción de cada uno de los mismos, no ha determinado concretamente cuales fueron los daños sufridos en cada uno de los edificios públicos y en los móviles oficiales, no ha individualizado qué funcionarios y empleados de las reparticiones públicas resultaron agredidos, no ha demostrado siquiera cuales fueron los gastos de las reparaciones, menos aun, y esto se relaciona con la autoría y causalidad, la participación que tuvieran los demandados en los hechos que, dice, generaron los daños …”, escribió en su fallo el juez Marincovic.

También señalan que los jubilados dañaron «vehículos oficiales», aunque no identifica las unidades. La denuncia habla de «extrema violencia», ejercida por los pasivos contra funcionarios y trabajadores, aunque aclara que «no intenta criminalizar la protesta social , ni mucho menos vulnerar el derecho constitucional de protestar».

Los jubilados denunciados son Ana Villarroel, Cristina Coronel, Beatriz Constantino, Lucila Hernández,  Laura Agüero, Néstor Ripa, María Virginia Peña, Margarita Guanuco, Enrique Bavera, y Agustín Pérez. 

El motivo del reclamo de los jubilados  era porque desde mediados de 2016 los jubilados provinciales comenzaron a cobrar sus haberes fuera de término, en algunos sectores con hasta un mes de retraso.

¿Quiénes deberán resolver la apelación?

La Cámara está presidida por el doctor Eduardo Gabriel, y la integran además, Carlos Enrique Arenillas, Diego Lerena Secretaria, Cecilia Fernanda Cambón y Sandra Elizabeth García.