PIEDRA BUENA.- La doctora María Noelia Ursino, jueza de primera instancia de Puerto Santa Cruz aceptó como querellantes a los concejales Adrián Suarez y Analía Farías y al fiscal de Estado, Pablo Tanarro, en la causa en la que se investiga cómo se realizó el suministro de vacunas contra Covid-19 en esta localidad a personas no escenciales entre las que se encontraba el intendente Federico Bodlovic, su esposa la jueza de paz, Bernardita Manucci, el chofer oficial, el diputado José Bodlovic, su esposa, el presidente del Concejo Deliberante, Cesar Alarcón, y una veintena de funcionarios municipales. Según registros oficiales, todos resicibieron la Sputnik V.

Ursino, tomó la medida en la causa caratulada «Triputti, Mario Daniel, sobre incumplimiento de deberes de funcionario público y otros», de este modo el expediente lleva el nombre del entonces director del hospital de Piedra Buena, quien era el responsable médico del operativo de vacunación contra el coronavirus el 4 de febrero pasado, fecha en la que se estima se dieron las vacunas a las personas que integran la denuncia.

Suarez, edil del Frente de Todos, fue el primero en radicar una denuncia para pedir que se investigue por Abuso de autoridad, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de la ley de Ética Pública a los funcionarios por considerar que habían actuado en desmedro de la salud de los ciudadanos y había radicado su denuncia ante la fiscal subrrogante de Puerto Santa Cruz, Aimé Oreste.

La fiscal se excusó, también lo hizo el juez subrrogante de Piedra Buena, Renato Manucci, hermano de la esposa del intendente quien en ese momento subrogaba el juzgado de Puerto Santa Cruz. Ahora la causa está siendo instruida por la dra Ursino titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil, Secretaría 1 de Puerto Santa Cruz.

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Tras la denuncia, los concejales se presentaron para ser querellantes en su rol de vecinos y de representantes de la comunidad de Piedra Buena, comunidad que tras conocerse la vacunación por fuera de correspondencia, se manifestó durante varios días pidiendo la renuncia del jefe comunal.

«Esta acción ha sido llevada a cabo en perjuicio de la sociedad y soslayando la imperiosa necesidad de proteger a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que resulta un sector estratégico para sostener adecuadamente el funcionamiento y la respuesta que debe brindar ese sistema sanitario al colectivo social», expresaron los concejales al pedir se tenidos en cuenta como querellantes.

Los concejales expresaron en su presentación que los vacunados «funcionarios públicos y familiares han sido vacunados en desmedro de los que cumplen servicios esenciales, riesgo por exposición y funciones estratégicas, riesgo de enfermedad grave o de los criterios de vulnearabilidad».

Un mes después de los hechos Bodlovic rompió silencio durante la sesión de apertura del Concejo Deliberante. Si embargo, horas después tildó de terroristas a quienes lo cuestionaron.