SANTA CRUZ.- Vialidad Nacional convocó a una licitación para la obra de mejora y bacheo de la Ruta 3 en el tramo interprovincial entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, por un monto de 300 millones de pesos. El gobierno provincial mostró su disconformidad porque el compromiso de Nación había sido concluir la Autovía cuya obra inició en 2006 Austral Construcciones y se pagó en su totalidad por una suma cercana a los 2.900 millones de pesos.

Los 75 kilómetros que separan a Caleta Olivia de Comodoro Rivadavia serán reparados por Vialidad Nacional con trabajos de bacheo y colocación de carpeta asfáltica en los sectores deteriorados. La suma estipulada en la licitación es de $300.264.000. El gobierno provincial manifestó su disconformidad con la licitación publicada en el Boletín Oficial bajo el número 0012/2021, ya que el compromiso de las autoridades nacionales había sido el de concluir la obra de la Autovía que en 2006 inició Austral Construcciones empresa a la que se le pagó tres veces el valor presupuestado en mas de 600 millones de pesos.

Por los tres tramos que estuvo en manos del Grupo Austral durante 9 años, la empresa de Báez cobró $ 2.892 millones.

En declaraciones a La Opinión Austral, el presidente de la AGVP Mauricio Gómez Bull señaló que “no deja de ser una obra que no es la solución final al problema. La solución es la autovía”, y afirmó que “eso es lo que nosotros fuimos a gestionar en todo momento, que se pueda reactivar la obra Caleta – Comodoro, pero esto es un bacheo”.

Publicidad

Publicidad

Una ruta con mucho tránsito

El Tránsito Medio Diario Anual del tramo es de 4.978 vehículos, los cuales se componen con 78,40% de livianos, 2,5% de buses y 19,10% de pesados, según el informe presentado por la Dirección Nacional de Vialidad en la causa judicial que investigó la obra pública en Santa Cruz y que ahora se está instruyendo el juicio oral .

Una de las obras de la causa «Vialidad»

La obra integra el juicio oral, que entre sus acusados tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su ministro de Planificación, Julio De Vido, y a todos los principales funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, D.N.V y la Administración General de Vialidad Provincia, A.G.V.P. de Santa Cruz entre 2003 y 2015, a quienes se juzga por la presunción de haber integrado una asociación ilícita para favorecer al empresario santacruceño, Lázaro Báez, con al menos 51 obras públicas, que le costaron al estado $ 16 mil millones.

De las 51 obras adjudicadas en Santa Cruz, solo una fue ejecutada en el monto pactado, en tanto que en las demás se introdujeron sucesivas y numerosas ampliaciones de plazos y costos.

Los peritajes judiciales determinaron que en 47 de las 51 obras no presentaron la certificación que determine la capacidad de adjudicación de la obra. El monto inicial por las 51 obras era de 8 mil millones pero se ampliaron a 16 mil millones de pesos en pocos años. Y según el cálculo judicial ese valor actualizado alcanza los $ 46 mil millones. Todos salieron de las arcas públicas

En el listado de las obras que quedaron inconclusas y suelen convertirse en trampas mortales para peatones y automovilistas está la Autovía “Comodoro Rivadavia – Caleta Olivia”, que se componía de 2 tramos: “Comodoro Rivadavia Km. 1843 – Km. 1867”, cuyo contratista era Kank y Costilla S.A. y presentaba un avance del 27%, en tanto que el tramo “Km. 1867 – Caleta Olivia”, estuvo a cargo Austral Construcciones S.A., con un avance del 24%.

La obra se completaba con la “Circunvalación Caleta Olivia” que nunca terminó la empresa de Báez y solo cumplió un 43% de avance de obra.  Ante el abandono, se transformó en un área de tránsito clandestino, que derivó en innumerables accidentes de tránsito en la ciudad.

Por los tres tramos que estuvo en manos del Grupo Austral durante 9 años, la empresa de Báez cobró $ 2.892 millones. El proyecto original tuvo un costo de 674 millones de pesos pero la empresa cobró a partir de la ampliación de presupuesto de la obra tres veces más, según los datos registrados en el informe realizado por la Dirección Nacional de Vialidad en marzo de 2016 que originó el actual juicio oral.

La obra que conecta las dos provincias, estaba bajo el control de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Y según las recientes declaraciones del actual titular, Mauricio Gomez Bull, desde la provincia se encargó el arreglo de 120 baches en el tramo en cuestión.

No es ningún secreto que la obra pública fue la acción visceral del kirchnerismo en las ultimas tres décadas de la provincia, donde se fue armando un entramado de vínculos y empresas en las que siempre terminaban siendo las mismas las beneficiadas . En la causa Vialidad, para explicar mejor esos vínculos, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que instruyeron la causa, se valieron de una suerte de cuadro genealógico para visibilizar la operatoria donde los funcionarios se interconectaban para decidir obras, ampliar partidas presupuestarias, realizar licitaciones y determinar el principal destinatario de la obra pública en Santa Cruz.

Al dibujar el flujo del dinero, los fiscales, a través de las pruebas de vínculos y transacciones recolectadas en la causa Hotesur, plantearon como hipótesis que los fondos de la obra pública terminaron en las sociedades y hoteles de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. Y también recrearon de qué manera ubicaron en lugares claves a viejos conocidos.

El contrato fue rescindido con la llega del gobierno de Mauricio Macri. Las obras fueron licitadas otra vez, ganó CPC de Cristóbal López y ante los incumplimiento y la debacle de las empresas del grupo, la obra fue rescindida. Las obras siguen igual sin terminar. Y pese a ello, si consideramos solo dos personas por vehículos que se movilizan a diario en la ruta, estamos hablando que unas 10 mil personas se movilizan en este tramo de la Ruta Nacional 3 todos los días.

El Tránsito Medio Diario Anual del tramo es de 4.978 vehículos, los cuales se componen con 78,40% de livianos, 2,5% de buses y 19,10% de pesados, según el informe presentado en la causa por la Dirección Nacional de Vialidad. Los jueces de Cámara consideraron en su fallo que el estado de la ruta coloca a los usuarios en un “potencial riesgo” y afirman que el estado tiene «la obligación legal de mantenimiento, resguardo y seguridad no requiere de la consumación de un daño -a la vida o a los bienes- para que sea exigible”. El juicio oral está en curso.-