SANTA CRUZ.- La Diputada Roxana Reyes pidió al Ejecutivo Nacional que garantice señal telefónica en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, ya que ante una eventual emergencia los automovilistas no tienen la posibilidad de llamar a un servicio de auxilio. Afirmó que por el deterioro de la calzada se producen reiterados accidente. Se trata de la obra que Austral Construcciones inició en 2006 y nunca concluyó.

La diputada nacional, Roxana Reyes, presentó un proyecto en el Congreso solicitando al gobierno nacional la reparación de la Ruta 3 en el tramo Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, la cual presenta un avanzado estado de deterioro. Al mismo tiempo advierte sobre la falta de señal de telefonía en la zona, que suma más riesgos para las personas que viajan eventualmente por ese tramo de la ruta o que la utilizan cotidianamente por razones de trabajo.

“Lamentablemente esta ruta que es tan transitada porque es uno de los senderos petroleros más importantes de nuestro país, está llena de baches y grietas. Hace más de 17 años que espera una solución que nunca llega porque la obra se vio cooptada por la corrupción y los sobreprecios”, dice el Proyecto.

Según Reyes, en el tramo de 70 kilómetros que unen Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia, se producen «numerosos accidentes sobre todo de noche, por las irregularidades en la calzada y la falta de señalización vial», remarcó la legisladora.

“Hoy estamos pidiendo por la mantención mínima y necesaria de una ruta nacional, y solicitando que se generen mecanismos para garantizar la conectividad y comunicación en un camino donde los accidentes viales son moneda corriente”, sostuvo Reyes.

Reyes en el puesto de Ramón Santos

Emblema de la corrupción

La obra fue licitada en septiembre de 2006 y recayó en Austral Construcciones de Lázaro Báez. Desde su construcción nunca llegó a superar el 37% de avance, a pesar de que tuvo permanentes  actualizaciones de costos que la constructora fue cobrando puntualmente de parte del estado nacional. El monto original de la obra rondaba los $674 millones.

Es una de las obras por las cuales Báez está procesado en la causa Vialidad, junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. 

 La obra fue rescindida en 2016 por el gobierno de Cambiemos y  luego vuelta a licitar en una compulsa que ganó CPC SA de Cristóbal López, quién tampoco concluyó los trabajos por lo cual se le retiró la adjudicación. 

En octubre de 2020 la gestión de Alberto Fernández anunció que sería licitada nuevamente.