LA NACIÓN/Mariela Arias.-
EL CALAFATE.- El diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia designaron a un funcionario de YPF como uno de los administradores de sus propiedades. Se trata de Matías Bezi, gerente de Asuntos Externos Regional Sur de la petrolera estatal, referente local de La Cámpora y hombre del riñón político de Máximo. En tanto que los otros dos administradores elegidos, también trabajan en el Estado o en empresas estatales.
Tras cuatro años de intervenciones judiciales sobre sus empresas y hoteles dictadas en las causas judiciales Hotesur y Los Sauces, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero, la familia Kirchner recuperó la administración de sus propiedades que estuvieron bajo el control de tres intervenciones judiciales. Mientras se demora el llamado a juicio oral de las causas, ellos podrán retomar el control de sus cuatro hoteles, dos sociedades y más de 30 inmuebles entre Santa Cruz y Buenos Aires.
La decisión de levantar la intervención judicial y devolver a los Kirchner la administración de sus empresas fue tomada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes entendieron que con el mantenimiento de la intervención judicial se estaría avanzando sobre la presunción de inocencia de los Kirchner. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia, en tanto que los juicios orales sobre ambas causas siguen demorados.
El abogado Carlos Beraldi, representante de los hijos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, informó inicialmente ante la justicia que en su carácter de accionistas de Hotesur y Los Sauces SA así como de titulares del “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner” designaron a Matías Bezi y Mario Balado como administradores de todas las propiedades.
A pedido de Beraldi los tres interventores debían realizar la entrega de documentación y llaves en una escribanía en Buenos Aires, sin embargo eso no ocurrió y los interventores entregaron los informes totales y parciales ante el juzgado que entiende la causa.
En las últimas horas se sumó un nuevo administrador: la firma Hotesur realizó una Asamblea General Ordinaria de accionistas, luego de varios años de no realizar asamblea pese al pedido reiterado del exinterventor Daniel Altman, y designó como presidente y director titular de la misma a Sebastián José Sánchez y como directora suplente a Florencia Kirchner.
Ante estas nuevas designaciones, Beraldi solicitó que las administraciones de la firma Hotesur SA y del condominio sean entregadas a Sánchez, y que se autorice la presencia de Bezi, de una contadora y un abogado para que supervisen los aspectos contables y jurídicos de los papeles a recibir.
En los escritos presentados en la causa, Beraldi informó que se mantiene a Bezi para la administración de Los Sauces SA, hasta tanto que se pueda llevar a cabo, aquí en Santa Cruz, la correspondiente asamblea de accionistas para designar a los nuevos directores de Los Sauces S.A. en tanto no aclaró si Balado será o no administrador de la firma.
Quienes son los nuevos administradores de Máximo.
Matías Bezi, desde febrero pasado es gerente de Asuntos Externos Regional Sur de YPF, en cuya presidencia está el santacruceño Pablo González y a quien acompañó en marzo cuando en el yacimiento Los Perales se anunció una inversión de mas de 300 millones de dólares en la provincia.
Con militancia en La Cámpora provincial, en las últimas dos décadas Bezi ocupó cargos reservados solo para los integrantes del entorno de la familia Kirchner. Para asumir en YPF tuvo que renunciar a su cargo en el directorio del Banco Santa Cruz, en representación del Poder Ejecutivo, cargo que supo ser ocupado por Carlos Zannini y por el exhombre de confianza de los Kirchner, el contador Víctor Manzanares.
Antes de su paso por el Banco Santa Cruz, Bezi fue diputado provincial, cargo al que llegó como uno de los referentes principales de La Cámpora en el año 2011, agrupación que a poco de asumir, protagonizaron un portazo al Gobierno de Peralta que derivó en un día de disturbios y horas violentas de las cuales, las calles y la gente de Río Gallegos fue testigo. Previo a la diputación, ocupó cargos en Vialidad Provincial y en la Dirección Regional Río Gallegos de la AFIP, mientras la actual titular de la DGI, Virginia García fue designada allí. Un área creada en 2010, cuando las investigaciones de la AFIP empezaron a rodear a Lázaro Báez.
Previo a su rol en la AFIP Regional, su hoja laboral destaca su cargo de Asesor de la Presidencia de la Nación entre 2005 y 2010, de acuerdo a documentos oficiales consultados por este medio, antes trabajó en organismos de la administración publica provincial.
Las otros dos administradores de Máximo y Florencia Kirchner, también cobran un sueldo del estado o de empresas estatales. De acuerdo a los registros consultados por LA NACION, Mario Balado, de 33 años y oriundo de Rio Gallegos, figuraba hasta abril de 2021 como asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación en tanto que Sebastián José Sánchez, de 44 años, trabajó entre 2005 y 2011 en la secretaria general de la presidencia y desde entonces hasta la fecha en Aerolíneas Argentinas.
Los tres designados, reciben su salario del Estado Nacional, ya sea porque son empleados públicos o se desempeñan en empresas del Estado. Para la abogada especialista en temas de corrupción Silvina Martínez las designaciones podrían entrar en colisión con la Ley de Ética Pública la que insta a los funcionarios a que se abstengan de “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por este, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Martínez, denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces, agregó que el conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades resultan “aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal”. Se entiende por función pública, “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
Los papeles que faltan
Los interventores cesaron en sus funciones y presentaron sus informes finales antes del 10 de mayo, fecha límite que le impuso el Juzgado. En estos informes destacan las irregularidades que poseen las empresas de la familia Kirchner. En el caso de Los Sauces SA: carece de libros contables indispensables, falta el libro obligatorio de Registro de Accionistas, no se pudo saber de manera fidedigna quienes son los reales accionistas de la empresa, la falta total de comprobantes de las operaciones realizadas con anterioridad a la intervención judicial, el último balance societaria es del año 2015 y no tiene detalles de bienes de uso.
En el caso de Hotesur SA, informaron que el principal activo es el hotel Alto Calafate, un inmueble alquilado a una empresa cuyos dueños están vinculados a los accionistas de Hotesur. Se trata de la empresa Idea, cuyo titular es Osvaldo Sanfelice. Los interventores aclararon que el precio convenido del alquiler del inmueble no guardia relación con la importancia del activo ni con los precios de mercado, que hay faltas de pago del inquilino Sanfelice sin que los Kirchner reclamaran la deuda, que detectaron acefalía en la empresa y carencia del libro Registro de Accionistas.