SANTA CRUZ.- La vocal del Tribunal de Cuentas, dra. Yanina Gribaudo, realizó dos denuncias penales contra el IDUV por irregularidades en el período 2014-2018, que abarca en parte la gestión de Pablo Grasso en el organismo. Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones. En la otra presentación ante la justicia provincial, pide que se investigue irregularidades en obras en edificios públicos, y en actos administrativos concernientes a la contratación de personal y pagos indebidos o sin documentar. En este informe, las irregularidades detectadas en la obra del Centro de Salud N°1.

La vocal por del Tribunal de Cuentas, en el área de Administración Central y Cuentas Especiales, dra Yanina Gribaudo, presentó sendas denuncias en el fuero federal y el provincial, contra los responsables del IDUV entre 2014 y 2018 por diversos actos irregulares en obras a cargo del ente, y la contratación de personal monotributista como asimismo, la realización de pagos indebidos o sin documentar.

Una de las denuncias es en el fuero Federal, por la existencia de facturas apócrifas en las obras del Hospital Samic de El Calafate por un monto de $116 millones, sobre la cual Winfo Santa Cruz publicó en su edición del jueves.

La otra presentación de la dra Gribaudio fue ante el juzgado  de Instrucción N°1 a cargo de la dra Marcela Quintana, y tiene que ver con irregularidades en obras en hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos.

Cabe consignar que los hechos denunciados fueron constatados por el Tribunal de Cuentas, aunque los vocales del Ejecutivo no avalaron que el trámite pase a la órbita judicial, como propuso la vocal Gribaudo.

Los hechos denunciados

El Tribunal de Cuentas puso bajo la lupa la contratación de personal para áreas inexistentes en el organismo, como Protocolo y Prensa, el pago de viáticos, combustible y publicidad. Los hechos fueron constatados a través de auditorías de Entes Descentralizados y tratados en acuerdos del organismo de contralor.

Sin el acompañamiento de los vocales del oficialismo, la contadora Gribaudo decidió presentarse ante la justicia para denunciar los hechos, pedir que se investigue y se juzgue a los responsables.

Plazo fijo

Uno de estos actos irregulares surge de las observaciones  realizadas a la creación de un plazo fijo en cuenta corriente  del IDUV en el  Banco  Nación a la que la nación transfiere fondos para la ejecución de obras. 

«No se informa sobre el destino de los intereses y su correspondiente registración, dado que no respalda con ninguna documentación  lo indicado en su descargo, ni tampoco hace referencia  sobre el estado de las obras origen de  los  fondos  para  constitución  de plazos  fijos,  información  que  había  sido requerida mediante el primer informe», consigna la denuncia. 

Deuda a la AFIP

En febrero de 2018 la AFIP comunica al IDUV la falta de pago del impuesto a las ganancias de diciembre 2017 por una suma superior a medio millón de pesos. En abril el Iduv abona con intereses el monto reclamado, y en su respuesta al Tribunal de Cuentas, el responsable del área contable del IDUV aduce que el incumplimiento se debió al cúmulo de tareas que tiene a su cargo.

«Lo dicho  por el responsable  configura  para  el Estado  un perjuicio patrimonial  recurrente,  dado  que  la  sola  configuración  de mora  por  razones meramente  administrativas y que se encuentran  dentro  de las funciones  del área interviniente, ya se ha advertido en ejercicios anteriores», dice en su presentación judicial la dra Gribaudo.

Cheques anulados y posteriormente cobrados

Del relevamiento  efectuado con  el  Libro  Banco  correspondiente  a  la  cuenta  Fondo  de  Terceros,  «se visualizan cheques que han sido registrados como anulados y según el listado de movimiento de la cuenta se procedió a su cobro, y, asimismo, se observa que  hubo  cheques  emitidos  y  debitados,  pero  no  se  ha  procedido  a  su registración», dice el informe.

En este punto el responsable admitió en su descargo  que «la practica realizada es a los fines de  poder  abonar  comisiones  de  servicios  a  los  agentes  de  la institución»,  y que se debió  a la falta  de chequeras correspondientes a la cuenta «Fondos Permanentes».

«De  lo  aseverado  por  el  responsable  no  se  acompaña  respaldo documental  alguno,  no se remite  el correspondiente extracto  bancario  de la Cta.  «Fondo  de  Terceros»  periodo  2018,  como  así  tampoco  se  remite  la compensación  de  los  fondos  debitados  de  dicha  cuenta  para  el  pago  de comisiones», y que además se trata de fondos  que  no  pertenecen   al  organismo.

Personal afectado a áreas inexistentes dentro del IDUV

La denuncia basada en las observaciones del Tribunal de Cuentas, también cuestiona la afectación de personal del IDUV a la Municipalidad y al Concejo Deliberante de Rio Gallegos, y la afectación al organismo de una persona de Canal 9, y el pago de anticipos  de  viáticos a dicho personal. 

De  acuerdo  con  lo  informado  por  el  área  los  agentes  afectados cumplen funciones en «Prensa y Protocolo», dependencia de la cual no se tiene conocimiento  de  su  creación.

Contrato de monotributistas como precarización laboral

Siguiendo  las observaciones  del área personal, el TC observó la contratación monotributistas en las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia y Río Gallegos, por tiempo determinado, cuyo objeto es el reparto de boletas para el pago de las viviendas.

El  monotribustista  es  un  trabajador  independiente,  pero  en  los casos analizados, se utiliza la  figura  de  monotribustista  «para  “encubrir”  una  relación laboral  totalmente  precarizada,  asumiendo  además  riesgos  al  efectuar  las mismas para este tipo de trabajos dado que no se realizan aportes al sistema previsional, al de salud y de riegos del trabajo», dice la dra Gribaudo en su denuncia.

Pago de comisiones y viáticos

Aquí se cuestiona que al momento de la inspección del TC no se habían rendido comisiones de servicios del ejercicio 2018, y «se observó  la  falta  de  constancia documental que muestre el resultado de las comisiones de servicios».

Prensa, otro área inexistente que cuenta con personal y contrata pauta

Al igual que sucede con el área de Protocolo que no está conformado a pesar de figurar con personal, el IDUV cuenta con un sector de prensa «que no  se encuentra formalmente creado en la orgánica del instituto. Sin embargo, existe una oficina en la que prestan servicios  agentes,  en su mayoría  afectados  de otros organismos,  cuya función es la de canalizar  al área  administración los trámites relacionados a la publicidad del IDUV«.

Según lo expresado por los agentes que prestan servicios en ese sector, su tarea era la de promocionar las diferentes actividades desarrolladas por el organismo, elaborando el material a distribuir. También era la encargada de mediar con la Subsecretaria  de Información Pública y Telecomunicaciones en cuanto  a la contratación  de los medios  en  donde  se distribuiría  la  pauta publicitaria, «se  observó   que   las   ordenes   de publicidad  de  las  contrataciones  mencionadas  en  los  informes  carecen  de parámetros en los que conste el detalle de la pauta, especificando precio por tamaño y ubicación de la misma«.

Con respecto a los proveedores,  falta la inscripción  en el Registro Único  de Proveedores  de la provincia  y la constancia  de registro  público  de agencias de publicidad y productoras publicitarias según corresponda, vigente en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

«Las  ordenes  de  publicidad  no  se  encuentran  intervenidas  por  la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos en cuanto a los correspondientes sellados», especifica el informe.

En relación con la vigencia de los respectivos contratos, se estipula la renovación  automática  en los mismos  términos,  «sin aclarar  que la  opción puede ejecutarse por única vez, lo cual vulnera el Decreto N° 263/82, art. 56º in fine: …»el total de prórrogas no podrá exceder en ningún caso de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato».

Obras públicas observadas por el Tribunal de Cuentas

En  cuanto  a obras públicas que según surgen de la inspección del Tribunal en 2018 presentaban irregularidades en cuanto a ampliación del monto presupuestado y prórrogas injustificadas.

La Ampliación y Refacción Centro de Salud N° 1 en Rio Gallegos»  tuvo un presupuesto  inicial de $ 2.660.000,00, pero Finalmente se adjudicó por 3.081.663,35 por haber resultado insuficiente el presupuesto inicial a raíz de una modificación que amplió la superficie a ampliar en 40,5 mts cuadrados.

La obra fue adjudicada a la constructora Magdalón, Raúl Fernando y elplazo de obra fue de 10 meses, con inicio el 4 de abril de 2017 y fecha prevista de finalización, febrero 2018.

«La  ejecución  de  la  obra  tuvo  inconvenientes  desde  el  inicio  según consta en los actuados», se lee en el informe del TC.

De acuerdo a lo informado por la inspectora de la obra la  contratista ha  incumplido   permanentemente  el  pliego licitatorio   y  las observaciones  planteadas  por  esa inspección

Los inconvenientes observados en el informe.

«Ausencia durante cuatro meses del jefe de obra,  carpinterías no correspondientes a las especificaciones y  colocadas  en forma  indebida,  omisión  oportunamente  de las  correcciones  y  la  presentación  del  cálculo  estructural,  demora    en   el avance  de  la  obra,  la  planilla  de  cotización carece  de algunos ítems, otros son poco claros o sin desglose», detalla la inspección.

Además, informa  que la Dirección  de Obras (de acuerdo  con los dichos  de la contratista)  ha  autorizado  la ejecución  del hormigonado  sin cálculos. En  otras  notas  obrantes  en  el  expediente,  la  Inspectora  resalta  la demora  en los plazos  de obra,  el incumplimiento en la  entrega  de vales  de combustibles  y  del  equipo  informático  requeridos  en  el  pliego,  informando además respecto a la falta de elementos de seguridad del personal que presta servicios, del hormigonado no autorizado ni siquiera bajo su costo y su riesgo, y la omisión de la presentación de un plan de trabajos y curva de inversión.

A pesar  del incumplimiento, la empresa  informa  al Organismo  que ha determinado  suspender  el avance  de  la obra  a partir  del 6 de  julio  de 2017 aludiendo una diferencia entre el avance real de la obra y el determinado en el certificado  de  obra.   

Asimismo,  manifiesta  que  se  suspenden  los  trabajos exteriores por razones climáticas por un período de treinta días. Sin  perjuicio  de  los  incumplimientos  e  irregularidades  expuestas,  el organismo, mediante el dictado de la Resolución IDUV N°475 de fecha 28 de noviembre de 2017, ratifica el Acta de la primera redeterminación de precios a marzo  de  2017,  estableciendo  que  el nuevo  monto  asciende  a  la  suma  de pesos  tres  millones  doscientos   un  mil  seiscientos   veinte  con 57/100  ($ 3.201.620,57).  

«A  la  fecha  de la  inspección  y  luego  de  dieciocho  meses  de  iniciada (cuando  el  plazo de  obra  fue  actado  en  10  meses),  la  obra  no  había culminado. 

Grasso, presidente del IDUV junto a la ministro de Salud, Rocío García en una recorrida de obra por el CAP N°1

La  redeterminación de  precios  es  un  instituto  instaurado  con  la finalidad  de evitar la paralización  de la obra o la disminución  del ritmo en la ejecución de ésta, la cual debe ser solicitada por el contratista al momento en que se produzca la variación que establece la norma, y de ser aprobados  los 10 nuevos precios, estos solo serán aplicables  a la parte faltante de ejecutar de acuerdo con un plan de trabajo predeterminado.

Se observa, sin embargo, que IDUV  reliquida,  a  la  fecha  del  acta  de  redeterminación,  la  totalidad  de  los certificados  anteriores  siendo  que  estos  ya  habian  sido  abonados  y  que, además,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  la inspección,  la empresa  no  ha cumplido  con la entrega del plan de trabajos y curva de inversión con la cual determinar los trabajos pendientes de ejecución. La empresa contratista solicita al IDUV con fecha 17 de agosto de 2017, autorización  como adicional de obra el reemplazo  de 140 mts2 de estructura de techos correspondiente a la parte existente de la obra. Luego, con fecha 10 de abril de 2018, la empresa contratista solicita una readecuación del plazo de obra.

Con  fecha  14  de  agosto  de  2018  el  inspector  de  la  obra  eleva  una extensa  nota  a  la Dirección  de  Obras  en la  que  detalla  tareas  faltantes  de ejecución.

*Hasta aquí la segunda parte del informe, mañana la tercera y última entrega.